El Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla-La Mancha ha rechazado la posibilidad de que los farmacéuticos puedan hacer test de detección de la COVID-19 a la población en la red de oficinas de farmacia de la región, como han planteado los Colegios de Farmacéuticos de Castilla-la Mancha.
En un comunicado de prensa, el Consejo de Colegios de Enfermería ha calificado la propuesta de "disparate" y ha advertido que ese planteamiento "invade de lleno las competencias profesionales que la Ley de Profesión de Ordenaciones Sanitarias reserva para los profesionales de Enfermería".
Los profesionales de enfermería son "los únicos capacitados para realizar técnicas de punción, así como los actos sanitarios posteriores que puedan derivarse del resultado del test, la realización de una segunda prueba de detección, que aconsejen el seguimiento del paciente en el centro de salud o en su domicilio", ha añadido.
Asimismo, ha apuntado que las personas que se tienen que someter a cualquier prueba, ya sea de carácter diagnóstico o terapéutico, precisan de atenciones de una enfermera, que ésta desarrolla dentro del ámbito de sus competencias y, dentro de las funciones que por ley le corresponden una de ellas, la asistencial.
Según el Consejo de Colegios de Enfermería, las enfermeras y enfermeros hacen su trabajo identificando una serie de problemas que son de su área de competencia y emiten un juicio profesional sobre la respuesta de la persona, frente a posibles problemas de salud reales o potenciales que puedan aparecer y que deben figurar recogidos en la historia clínica a la que los profesionales farmacéuticos no tienen acceso.
De llevarse a cabo la propuesta planteada por los profesionales farmacéuticos "se estaría poniendo en riesgo la salud de la población y la seguridad de los pacientes porque los farmacéuticos no tienen las competencias profesionales para la prescripción y administración de cualquier técnica invasiva, ni para prestar ningún otro tipo de asistencia sanitaria", ha añadido.
Y han apuntado que tampoco tienen preparación ni los medios técnicos necesarios "para actuar si el paciente sufre una reacción adversa o complicación como consecuencia de la punción", lo que podría llegar a producir "una situación de gravedad que podría tener consecuencias perjudiciales para el paciente".
