El Gobierno analizará con Madrid y con otras comunidades que lo planteen la posible aplicación del toque de queda para frenar la ola de contagios de coronavirus, que requeriría decretar el estado de alarma en todo el país o en parte del territorio, así como un suficiente consenso político, todavía incierto.
Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el ministro de Sanidad, Salvador Illa, han asegurado este martes que el Ejecutivo está dispuesto a analizar las medidas que sean necesarias para frenar la segunda ola de contagios de coronavirus, después de que el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, anunciara que Madrid estudia pedir que se declare el toque de queda en todo el país para lograr que no haya ningún tipo de movilidad en determinadas horas del día.
La figura del toque de queda, por ejemplo decretada en la actualidad en París y ocho áreas metropolitanas, no está especificada en la legislación española y reabre el debate jurídico sobre cómo aplicarlo y sobre la limitación de derechos fundamentales.
Sánchez ha insistido en que la Comunidad de Madrid, como el resto de las regiones, tiene el "apoyo total" del Gobierno, pero ha insistido en que deben concretar qué acciones quieren tomar, ya que la situación es muy distinta según los territorios.
Ruiz Escudero ha indicado que la propuesta surgió en una reunión que mantuvo este lunes con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y los representantes de distintos colegios profesionales, pero, según ha dicho, la Comunidad no tiene cobertura legal para decretar una medida así, que corresponde al Gobierno, el cual debería aplicarlo en toda España.
Fuentes de la Consejería han precisado que la propuesta es que se aplique entre la medianoche y las seis de la mañana para perjudicar lo menos posible a bares y restaurantes y evitar botellones y fiestas en viviendas.
El anuncio del consejero coincide con el fin el próximo sábado del estado de alarma decretado en Madrid por el Gobierno, que no va a pedir su prórroga (transcurridos 15 días, precisaría de apoyo en el Congreso de los Diputados), y con la reunión hoy del Grupo Covid-19 entre la administración central y la madrileña, que debe afrontar qué medidas tomar para reducir la incidencia acumulada.
Y en esta línea, Illa ha señalado que, si se diera el caso, para aplicar un toque de queda "habría que conocer qué grupos estarían dispuestos a apoyarlo en el Congreso para tener la perspectiva de que pueda tener un horizonte de más de 15 días".
Pero los grupos políticos del Congreso han evitado posicionarse sobre esta medida, aunque muchos han pedido más restricciones para frenar la ola de contagios.
La portavoz del PP, Cuca Gamarra, se ha limitado a decir que la clave está "en la falta de un marco normativo" para afrontar la pandemia, una responsabilidad que es del Gobierno y que a día de hoy, en plena segunda ola, "aún no ha desarrollado".
Ciudadanos, socio de gobierno del PP en Madrid, ha recalcado que las medidas que se adopten tienen que ser por criterios técnicos y no políticos: "¿Hace falta un toque de queda por la noche o sería más eficaz una paralización de la actividad comercial y de servicios? Que lo digan los científicos", ha subrayado el portavoz adjunto del grupo naranja, Edmundo Bal.
Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox, ha recordado que ya advirtieron hace una semana que el Gobierno madrileño estaba ya apuntando ese camino y puede "acabar haciendo justo lo que estaba criticando al Gobierno central".
Tampoco se ha posicionado el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, pero sí se ha mostrado preocupado por la situación: "Hay que tomar medidas restrictivas donde haga falta y parece que en la Comunidad de Madrid hace falta".
Desde EH Bildu, Mertxe Aizpurua no ha aclarado si estarían a favor, pero ha afirmado que en Navarra, por ejemplo, no ha hecho falta decretar el estado de alarma para tomar medidas drásticas, como es el confinamiento perimetral de toda la comunidad foral.
Al líder del grupo de ERC en el Parlament de Cataluña, Sergi Sabrià, no le gustaría que el toque de queda se decida fuera de Cataluña y que esta comunidad "tenga que pagar los platos rotos de quienes no han actuado correctamente".
La figura del toque de queda no existe de forma específica en la legislación española y los expertos se dividen entre quienes la vinculan al estado de alarma y quienes creen que entra dentro de las competencias de las comunidades autónomas.
En cualquier caso, el consejero madrileño de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, ha pedido que no se confundan los conceptos y se entienda que el toque de queda que se plantea "está muy relacionado con poner fin a la actividad económica a una hora determinada", no se trata de suspender un derecho fundamental que solo cabe bajo un estado de excepción.
Por su parte, el Govern de la Generalitat catalana "no tiene ninguna información directa" del Ministerio de Sanidad sobre este asunto, que podría tratarse en la próxima reunión del Consejo Interterritorial de Salud y sobre la que ha añadido: "No descartamos ninguna medida en caso de que sea necesaria".
Castilla y León es partidaria de introducir el toque de queda ante la expansión de la pandemia, aunque cree que debe ser una medida "conjunta y para toda España", mientras que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha abogado por determinar "qué se entiende por toque de queda" para no añadir confusión: si es limitar actividades concretas durante un tiempo o impedir la movilidad absoluta.
MÁS DE 31 MILLONES DE DOSIS DE VACUNA
En otro orden, el Consejo de Ministros ha autorizado la compra anticipada de vacunas, lo que facilitará que el país reciba 31.555.469 millones de dosis, de las que 3,1 millones llegarán en diciembre si el fármaco de AstraZeneca supera todos los filtros de seguridad.
Lo ha anunciado el ministro durante su comparecencia, en la que ha indicado que esos 31,5 millones de vacunas, que serán de doble dosis y llegarán entre los próximos meses de diciembre y junio, servirán para inmunizar a unos 15 millones de ciudadanos.
De esta forma, Sanidad concretará para España los términos del acuerdo formal de compra, suscrito el pasado 27 agosto, entre la Comisión Europea, en representación de los Estados miembros, y la empresa farmacéutica.
El acuerdo establecía la adquisición para Europa de 300 millones de dosis con un coste total de 870 millones de euros, con un pago adelantado por la Comisión Europea de 336 millones.
España, en concreto, adquirirá 31.555.469 dosis de vacunas, de las que, si no hay retrasos, se recibirán 3.155.547 el próximo mes de diciembre, ha asegurado el ministro.
El precio total de cada dosis sería de 2,90 euros, de los que 1,12 serán pagados por la Comisión Europea y 1,78 a cargo de los Estados miembros, un importe este último que puede incrementarse un 20 %, ha dicho Illa.
En el caso de que la vacuna de AstraZeneca no supere los ensayos clínicos -en estos momentos está ya en la fase III de los ensayos-, la cantidad que corresponde a los Estados miembros no será abonada.
El Ministerio de Sanidad concreta en un comunicado que, al requerir la vacuna dos dosis por inmunización, el número de inmunizaciones será la mitad de las dosis, y el coste total por inmunización, de 5,80 euros, de los que 3,56 euros le corresponderán a cada país.
El precio tope estimado para España es de 76 millones de euros, que se abonarán en el momento de la entrega de las dosis correspondientes, explica el departamento que dirige Illa.
Sanidad recuerda que la firma de los acuerdos avanzados de compra tiene como objetivo que la Unión Europea adopte las medidas necesarias para garantizar "una vacuna segura y eficaz" a los Estados. También que la negociación con las empresas farmacéuticas se haga "en las mejores condiciones posibles".
El Ministerio especifica que para el cálculo de las dosis asignadas a cada uno de los países se ha tenido en cuenta criterios de población.
