El Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia advierte de que España está en "alerta naranja" ante los brotes de COVID, ya que la mitad de las comunidades no disponen de un plan de contingencia para las residencias y no todos los centros cuentan con reservas de equipos de protección para un mes.
Son algunas de las conclusiones del estudio "¿Estamos preparados para la COVID?", presentado este miércoles por la presidenta del CEAPs, Cinta Pascual, tras asistir al Consejo General del Imserso, que muestra también que la mayoría de las comunidades reconocen que la pandemia es un problema de salud pública.
De hecho, 8 de ellas han derivado la gestión de los protocolos de atención en las residencias a los departamentos de Sanidad "al menos durante la pandemia".
El informe otorga tres niveles: rojo, naranja y verde a las actuaciones de las administraciones regionales: solo Cataluña está en verde.
Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana están en naranja y Galicia, Asturias, Navarra, Aragón, Madrid, Extremadura, Andalucía y Canarias rojo. Murcia, La Rioja y Baleares no han facilitado datos.
Mientras que la mayoría de las residencias (72,7 %) disponen de un plan de contingencia individual frente a la COVID, las comunidades no han establecido criterios o pautas comunes.
Solo ocho de ellas (Andalucía, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y Navarra) cuentan con un plan de contingencia para el sector social.
La disparidad de criterios se manifiesta también en la dotación de los centros de equipos de protección y de test.
Si bien hay comunidades como Cantabria, Cataluña o Castilla-La Mancha que los facilitan indistintamente a residentes y profesionales, otras como País Vasco o Comunidad Valenciana solo a los segundos, y Madrid, Galicia, Aragón o Andalucía, a ninguno de ellos.
En el caso de las PCR, todas comparten la idea de que los reingresos o nuevas altas en residencias así como la contratación de nuevos profesionales no puede realizarse sin haber realizado un test con anterioridad, en un plazo máximo de 3 días.
Pero lo que sí varía es quién se hace cargo de estos PCR ya que hay regiones en las que nadie los financia o facilita dejando en un limbo a las personas mayores que quieren o necesitan vivir en un centro especializado.
"Hay comunidades que hacen la prueba rápidamente, hay otras que tardan tres días, otras siete", ha señalado Pascual, quien ha precisado que si no se tiene claro qué personas tienen el virus y cuáles no es imposible llevar a cabo el necesario aislamiento.
Pascual ha dicho que no se puede cambiar que las residencias sean espacios donde convive mucha gente, pero hay comunidades como Cataluña, en la que se han creado pequeñas unidades de convivencia de 10 a 15 personas, que en caso de contagio facilitan el aislamiento.
El desconocimiento que existe sobre si han llegado o no los fondos no reembolsables a las comunidades para que puedan hacer frente a la pandemia es otra de las conclusiones del informe.
La presidenta de CEAPs, que integra a las patronales mayoritarias de atención a los mayores y personas con capacidades diversas, ha pedido a las comunidades que hagan los deberes.
Durante la reunión del Consejo, Pascual ha reclamado las cifras de fallecidos en las residencias, que aun no se han facilitado, lo que ha considerado "una debilidad de nuestro país".
