El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha acusado a España de incumplir sus obligaciones para asegurar un tratamiento de residuos "sin poner en peligro la salud humana ni dañar el medio ambiente" en un total de 61 vertederos incontrolados e ilegales en varias regiones del país.
En su sentencia, el TUE considera que estos vertederos han funcionado "durante un largo periodo" de manera "incontrolada e ilegal", así como que los residuos vertidos "no han sido tratados de la manera adecuada para reducir los efectos negativos en el medio ambiente" y en particular "sin crear riesgos para el agua, el aire, el suelo, la fauna y la flora".
El caso se remonta a 2007, cuando la Comisión Europea abrió un expediente contra España tras detectar "vertederos ilegales". Bruselas dio un nuevo paso en este procedimiento de infracción en 2014, cuando volvió a instar a las autoridades españolas a actuar para atajar el "significativo número de vertederos incontrolados" que seguían en funcionamiento.
Finalmente, el Ejecutivo comunitario denunció a España en 2015 ante la justicia europea por su "deficiente gestión" de residuos en Andalucía, Islas Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia y argumentó que no había tomado medidas para "cerrar, sellar y restaurar ecológicamente 61 vertederos ilegales".
España se defendió alegando que ha impulsado el "complejo" proceso para cumplir con las normas europeas y resaltó el "inmenso esfuerzo adicional" realizado en un periodo de "graves dificultades económicas y presupuestarias". Aún así, las autoridades nacionales expusieron la habilitación de líneas de financiación específicas para el acondicionamiento de los vertederos.
En la sentencia de este miércoles, el tribunal con sede en Luxemburgo ha determinado que España incumple sus obligaciones para asegurar que los residuos son tratados como establecen las reglas comunitarias.
Además, el TUE afirma que España no ha demostrado que los incumplimientos cesaran antes de expirar el ultimátum de Bruselas de 2014 y recuerda que un Estado miembro "no puede alegar una situación de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones y plazos" que establece la legislación europea.
En el el caso de Castilla-La Mancha, la sentencia del TUE cita expresamente a a los vertederos de Arbancón, de Galve de Sorbe, de Hiendelaencina y de Tamajón, situados todos ellos en la provincia de Guadalajara
EL GOBIERNO LIMITA A 38 LOS VERTEDEROS
Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca y Medio Ambiente (MAPAMA) afirma que el número de vertederos ilegales en España se limita a 38.
En este sentido, fuentes del Ministerio han recalcado a Europa Press que "continúa impulsando y coordinando" las actuaciones autonómicas para que los vertederos cumplan lo antes posible las condiciones de la normativa comunitaria.
Así, apuntan que la sentencia, que en el momento de su interposición afectaba a las 61 instalaciones de vertido distribuidas en las siguientes Comunidades Autónomas (como responsables de la gestión de residuos): Andalucía (1), Baleares (1), Canarias (24), Castilla-La Mancha (5), Castilla y León (27) y Murcia (3), "reconoce el esfuerzo de España en la materia".
Asimismo, apuntan que el procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea comenzó con un total de 288 vertederos incluidos inicialmente en el procedimiento, los cuales "se han ido regularizando progresivamente", de manera que en la fase de demanda, los vertederos afectados se habían reducido a 61, aunque asegura que, "tras los esfuerzos realizados por las autoridades competentes", el número de vertederos afectados es de 38.
Igualmente, recalca que la sentencia refleja que buena parte de los vertederos afectados habían sido objeto de atención por parte de las autoridades competentes, dando como resultado la clausura de una buena parte de ellos, "estando casi la totalidad del resto con las obras de clausura en curso y disponiendo un buen número de instalaciones de proyecto de clausura redactado pendiente de ejecución en ese momento".
En todo caso, recuerda que la competencia corresponde a las comunidades autónomas, junto con las entidades locales. "La labor del MAPAMA ha sido la de coordinación de la tramitación del expediente y las remisiones periódicas de información a la Comisión Europea con las actualizaciones correspondientes de la progresiva adecuación de los vertederos a la normativa comunitaria", asegura.
Finalmente, señala que también ha articulado en diversas ocasiones ayudas económicas para impulsar la adaptación de estas instalaciones.
