El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha anulado el expediente disciplinario y las sanciones cautelares impuestas en 2016 por la Junta de Comunidades a un veterinario para "complacer" a una empresa cárnica, tal y como afirma la sentencia, que certifica que la Administración vulneró los derechos fundamentales del funcionario, al que el Gobierno regional deberá resarcir de los daños y perjuicios que se le causaron.
"La sentencia repone la dignidad y los derechos del este trabajador público y de otro veterinario, delegado sindical de CCOO, que optó por recurrir por la vía contencioso-administrativa en vez de por el cauce especial de protección de derechos fundamentales, pero cuya situación, y así lo relata la sentencia, es exactamente la misma: a ambos se les abrió expediente sancionador en ausencia de cualquier indicio o apariencia de infracción y sin el más leve atisbo de motivación legal; y se les apartó de sus puestos de trabajo sin ni siquiera concederles trámite de audiencia, simplemente porque así lo pidió la mencionada empresa cárnica", ha explicado el sindicato en un comunicado.
Es por ello que CCOO ha instado el cese del director general de Salud Pública, Manuel Tordera, cuya actuación, según subraya el TSJCM, "entra de lleno en el terreno de la manifiesta arbitrariedad y demuestra y una complacencia y claudicación frente a los deseos de un administrado (la empresa cárnica) que a esta Sala le resulta de muy difícil explicación y que es frontalmente incompatible con el interés general que la Administración debe defender".
Según el sindicato, la Administración vulneró así derechos fundamentales de los funcionarios públicos sancionados, conculcando los artículos 24 y 25 de la Constitución (además del 103 y del 105) "en tanto en cuanto se adoptó una medida desproporcionada en ausencia de cualquier indicio o apariencia de infracción y anticipando una sanción por algo que de ningún modo es sancionable".
En concreto, los veterinarios fueron apartados de su trabajo en el matadero de Incarlopsa en Tarancón (Cuenca) porque sus reiteradas denuncias de incumplimientos en materia de Bienestar Animal, por lo demás plenamente constatados como resalta la propia sentencia, provocaron las quejas de la empresa.
CCOO considera que la "contundencia de la sentencia y la gravedad de los principios constitucionales vulnerados obliga al consejero de Sanidad y cesar de inmediato a Tordera y a los demás altos cargos implicados en el asunto" y "más aún cuando Tordera fue advertido por el propio sindicato de la injusticia y trascendencia de sus actos en la reunión" celebrada el 15 de julio de 2016", como ha explicado el responsable del Sector Autonómico de la FSC-CCOO, Ramón González.
Los hechos se remontan al año 2013, cuando estos veterinarios oficiales de matadero, funcionarios de la escala superior de Sanitarios Locales, comenzaron a levantar actas de infracción contra Incarlopsa por el incompleto proceso de aturdimiento de los animales antes de ser sacrificados. Estas primeras denuncias motivaron la realización de una auditoria, que efectivamente "puso de manifiesto graves deficiencias estructurales obligando a la adopción de medidas correctoras" en el matadero, según el sindicato.
Sin embargo, los veterinarios expedientados siguieron levantando actas porque, de hecho, como recoge la sentencia citando tanto testimonios de otros veterinarios como el informe emitido al efecto por la jefa de servicio en 2016, "el cumplimiento de las medidas correctoras acordadas en 2014 había sido deficiente".
"Después de meses de estar apartados de su puesto de trabajo como medida cautelar y de que los veterinarios sancionados acudieran a los tribunales para defenderse, la Junta comenzó a recular y a dar los pasos necesarios para ir cerrando el expediente porque la nueva planta del matadero ya está abierta, ya han cesado los problemas de bienestar animal y, por tanto, ya no hay inconveniente en que los molestos funcionarios vuelvan a sus puestos", ha indicado el sindicato.
