El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha anulado en una sentencia el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del SESCAM en lo referente a la jubilación forzosa de los médicos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha a los 65 años, que afectaría a más de 500 facultativos hasta 2014.
El tribunal de la región da la razón así al Sindicato Médico (CESM) de la región que recurrió la medida adoptada por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha el 21 de diciembre de 2011 y que ha desestimado los argumentos dados por la Junta.
Además, en el fallo judicial, se concreta que contra esta resolución, que lleva fecha del 18 de julio, no cabe recurso ordinario alguno, por lo que es firme, y debe publicarse en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCLM) en el plazo de diez días.
El tribunal señala que en el citado plan la ordenación de los recursos humanos no se concretan las necesidades de personal reales en función de la asistencia sanitaria y de los objetivos que buscan los servicios de salud, más allá de prever una "fácil sustitución de los jubilados".
Además, la normativa del SESCAM, argumenta la sala, aplica una retroactividad a los profesionales que ya tenían concedida la prorroga de la jubilación en el momento de la publicación de dicho plan, "anulando un derecho ya concedido por la propia administración", lo que restringe derechos individuales reconocidos.
El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha considera esta sentencia un "gran éxito", que ha sido critico con esta medida por el "derroche de capital humano de calidad y experiencia profesional que suponen estas jubilaciones forzosas".
Sobre los efectos que tendrá esta sentencia, el secretario general del CESM en Castilla-La Mancha, Rodrigo Bernaldo de Quirós, indicó que se tendrá que analizar "caso por caso", ya que habrá facultativos que estén de acuerdo con irse a los 65 años y otros no, pues, lo que se anula es el Plan en su conjunto.
No obstante, las repercusiones de dicha anulación están siendo estudiadas por los servicios jurídicos del CESM y esperan una pronta ejecución de la sentencia que contemple la restitución de todos los derechos vulnerados, tanto "laborales como retributivos".
Por ello están dispuestos a reunirse con el SESCAM para aplicar la sentencia y hacer de ella una "correcta interpretación".
