Tolón deberá negociar este año el Estatuto Docente y aprobar la reducción de ratios
El año 2026 se perfila como un ejercicio decisivo para el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes bajo la dirección de Milagros Tolón, que deberá afrontar algunos de los principales compromisos pendientes con la comunidad educativa. Entre ellos destacan la negociación del Estatuto Docente con los sindicatos, la aprobación de la ley para la reducción de ratios en las aulas y el desarrollo definitivo de la nueva Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).
El cambio al frente del departamento se produjo tras la salida de Pilar Alegría, que dejó el Ejecutivo para concurrir como candidata del PSOE a las elecciones autonómicas de Aragón previstas para febrero de 2026. Su relevo al frente del Ministerio responde a una remodelación impulsada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que decidió separar la Portavocía del Gobierno de la cartera educativa, una reclamación reiterada por la comunidad educativa para garantizar una dedicación exclusiva al área.
Negociación del Estatuto Docente
Uno de los principales retos que deberá encarar Tolón en 2026 será culminar la negociación del Estatuto Docente, una norma largamente demandada por el profesorado para dotar a la profesión de un marco estable que regule competencias, derechos, deberes y desarrollo profesional.
El Ministerio de Educación creó hace casi un año, junto a las organizaciones sindicales, cuatro grupos de trabajo que ya están constituidos y en funcionamiento. Estos grupos abordan, por un lado, el marco de competencias profesionales y la formación inicial del profesorado, incluidos los grados y másteres universitarios; por otro, los sistemas selectivos de acceso a la función docente, con especial atención a los modelos de ingreso, la tutorización de las prácticas y los temarios.
Un tercer grupo se centra en la formación permanente y en los procedimientos para el desarrollo profesional docente, mientras que el cuarto aborda las condiciones del desempeño, como la jornada laboral, las ratios, los apoyos para atender necesidades educativas específicas y la reducción de la carga burocrática. La nueva ministra deberá liderar ahora la fase decisiva de negociación política y sindical para transformar estos trabajos técnicos en un texto normativo.
Reducción de ratios y mejora de las condiciones docentes
Otro de los ejes clave de la agenda educativa será sacar adelante la ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en la educación no universitaria, que ya fue aprobada en primera vuelta por el Consejo de Ministros el pasado mes.
Esta norma plantea una reducción significativa del número de alumnos por aula, fijando un máximo de 22 estudiantes en Educación Primaria —frente a los 25 actuales— y de 25 en Educación Secundaria Obligatoria, donde ahora el límite se sitúa en 30. Además, establece un tope de horas lectivas para el profesorado en Primaria y ESO, con el objetivo de mejorar la calidad educativa y las condiciones laborales del personal docente.
La tramitación definitiva de esta ley será uno de los compromisos más observados por sindicatos y comunidades autónomas, al implicar un notable impacto organizativo y presupuestario.
Nueva PAU y otros frentes abiertos
En paralelo, Tolón deberá culminar el desarrollo de la nueva Prueba de Acceso a la Universidad, que entró en vigor el pasado verano y cuya implantación será progresiva hasta 2028. La nueva Selectividad establece estructuras comunes, características básicas compartidas y criterios de corrección homogéneos para todo el territorio, con el objetivo de garantizar mayor equidad entre estudiantes.
El Ministerio también tiene pendiente la actualización de los módulos de concierto de la educación concertada. Sobre esta cuestión, el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha señalado que la prioridad inmediata pasa por atender las necesidades de la educación pública, sin cerrar la puerta a futuras negociaciones en el marco del diálogo.
Perfil político y toma de posesión
Tolón (Toledo, 1968) es diputada en el Congreso por la provincia de Toledo y hasta su nombramiento ejercía como delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha. Fue alcaldesa de Toledo durante ocho años y vicepresidenta segunda de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Desde julio de 2025 forma parte de la Ejecutiva federal del PSOE como secretaria de Políticas Sociales, Mayores y Movimientos Sociales.
Diplomada en Formación del Profesorado por la Universidad de Castilla-La Mancha y licenciada en Geografía e Historia por la UNED, desarrolló gran parte de su carrera política en el ámbito municipal y regional, de la mano del actual presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, con quien mantiene hoy posiciones políticas diferenciadas.
La nueva ministra prometió su cargo ante el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela y asumió oficialmente la cartera en el acto de traspaso celebrado en la sede del Ministerio. En su primera intervención, subrayó la idea de continuidad institucional —“no partimos de cero”— y reivindicó la inversión educativa realizada en los últimos años, así como la reducción del abandono escolar temprano.
Con esta nueva etapa, el Gobierno abre un periodo decisivo para consolidar y culminar las reformas educativas pendientes, en un contexto marcado por la negociación con sindicatos y comunidades autónomas y por la necesidad de reforzar la equidad y la calidad del sistema educativo.