Viernes 20.07.2018

STE lleva a los tribunales 'ratios ilegales', y Junta dice se han restablecido con consenso

Los responsables del sindicato de Educación STE durante la rueda de prensa que han ofrecido este jueves en Toledo
Los responsables del sindicato de Educación STE durante la rueda de prensa que han ofrecido este jueves en Toledo

El sindicato STE recurrirá la resolución que establece la relación de alumnos por aula para el curso 2017-18, por considerar que incumple lo establecido por la Ley de Educación y que, de esta forma, el actual Gobierno regional está "manteniendo las ratios ilegales de la etapa Cospedal".

Así lo han dado a conocer este jueves en rueda de prensa los miembros del Secretariado Regional de STE Carmen Ruiz y José Miguel Alís, quienes han recordado que es la segunda vez que este sindicato lleva el Tribunal Administrativo de Toledo que las ratios establecidas en esta región "son ilegales", ante la política de "oídos sordos" que mantiene la Consejería de Educación, "a pesar de sus promesas".

Ambos sindicalistas han remarcado que lo que establece la ley educativa son 25 alumnos por aula en Educación Infantil, 25 en Primaria y 30 en Educación Secundaria Obligatoria, mientras en Castilla-La Mancha estas ratios sólo se cumplen en infantil, "y no siempre", en primero de Primaria y en primero y segundo de ESO, "pues en 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, se llega a los 28; en 3º y 4º de ESO se llega a los 36 y, en Bachillerato, en lugar de las 35 legales, se llega a las 40".

En este contexto han recordado que el Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, del anterior Gobierno del PP, establecía que cuando la tasa de reposición fuese inferior al 50 %, la ratio se podría ampliar en un 20 %.

Y que este aumento del 20 % en las ratios supuso el despido de cerca del 13 % de la plantilla del profesorado en los centros, más de 2.700 puestos de trabajo y de 5.312 teniendo en cuenta los despidos por el aumento del horario lectivo.

Al hilo de esto han criticado que, después de más de año y medio de legislatura, está supresión de plazas se haya revertido sólo en un 25 por ciento.

Y sobre la promesa del actual consejero de Educación, Ángel Felpeto, de que agotará en cada ejercicio presupuestario la tasa de reposición máxima "para convocar una oferta de empleo pública máxima", han confiado en que ésta sea "una convocatoria atractiva" y que, "si lo que van a convocar van a ser ocho plazas, es preferible que esperen a sacar otra con mayor oferta de plazas".

Durante la rueda de prensa Ruiz y Alís han dado también conocer una encuesta que han realizado entre los profesores, ante las quejas de éstos, para mostrar cómo afectan a la educación las "ratios abusivas".

Del profesorado encuestado, casi un 50 por ciento dice tener más de 100 alumnos a los que atender, lo que supone que tiene que prestar atención a 100 familias y evaluar individualmente a cada uno de estos cien alumnos.

Además, un 48,46 % del profesorado atiende 4 o más niveles, lo que se traduce que la preparación de sus clases se ha de multiplicar por el número de niveles que imparte, "multiplicación del trabajo a la que hay que sumar multiplicación del alumnado", han puntualizado.

Han recalcado que este número excesivo de alumnado perjudica la calidad de la educación, "que muchas veces se sostiene únicamente por la profesionalidad del profesorado, que no cuenta con los medios materiales ni el apoyo de la administración".

Y otro gran problema que según el STE "atenta" contra la atención de calidad que se puede dar al alumnado es la ratio de niños y niñas con necesidades educativas especiales por aula.

En este punto han resaltado que el 24,48 % del profesorado encuestado dice tener más de 2 alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales en su aula y el 24,48 por ciento entre uno y dos.

SE HAN RESTABLECIDO CON CONSENSO

De su lado, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, ha aclarado que se ha reducido el número de alumnos por aula de a acuerdo a "la proporción que se contempla en los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el acuerdo de los grupos parlamentarios PSOE y Podemos y en el diálogo mantenido en la Mesa Sectorial de Personal Docente no Universitario".

En este sentido, el consejero ha recordado que, en cumplimento de lo que ha llamado "las máximas garantías democráticas de participación y de lealtad institucional", el pasado 22 de diciembre se sometió a debate la Resolución que recoge el número de alumnos por grupo, esto es, la ratio, para el curso 2017-2018, según ha informado la Junta.

Además, ha señalado que en aquella reunión se trató este asunto, dirigido a "la consecución del objetivo progresivo de descenso de la ratio, al que se refiere la Ley 1/2016 de 22 de abril", palabras con las que el titular de Educación ha aludido a la Ley de Presupuestos.

En dicha Resolución, la ratio consensuada entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y los agentes sociales fue la siguiente: Primero, segundo y tercer curso de Educación Infantil, 25; Primer curso de Educación Primaria, 25; Segundo y tercer curso de Educación Primaria, 25; y Primero y segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, 30.

"Estas cifras son importantes por sí mismas y por lo que suponen, es decir, un incremento, solo en Educación Secundaria, de 94 unidades o grupos de alumnado, lo que equivale a 141 docentes más", ha indicado Felpeto, que también ha querido puntualizar que "son un paso más hacia el futuro acuerdo para la mejora de las condiciones de trabajo del profesorado".

Los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2017 recogen una bajada de la ratio de alumnado/docente que tiene, como objetivo, alcanzar, en el curso 2019-2020, el siguiente número máximo de alumnado por aula: Educación Infantil: 25; Educación Primaria, 25; Educación Secundaria, 30; y Bachillerato, 32.

Esta medida ha sido posible merced al acuerdo adoptado en el seno del Consejo de Gobierno, que, en su reunión correspondiente al pasado 27 de diciembre, prorrogó los presupuestos de 2016 para el año 2017 hasta la aprobación y entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2017.

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