Los delitos de lesiones y riñas tumultuarias han marcado en el primer semestre de este año el récord desde 2016, un aumento en la violencia callejera que preocupa a los policías y guardias civiles, quienes se sienten amenazados por las agresiones que sufren, por lo que reclaman planes de seguridad y medios que les protejan.
En 2021, un total de 14.664 personas fueron condenadas por los delitos de atentado contra la autoridad y de resistencia y desobediencia a los agentes, también la cifra más alta de los últimos siete años, según hizo constar el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Así las cosas, varios sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil reclaman en declaraciones a EFE, entre otras medidas, una reforma del Código Penal en la que los delitos de atentado contra los agentes se castiguen con las mismas penas que en los casos en los que el agredido es un miembro del Gobierno, un juez u otro funcionario incluido en esta categoría "especial".
Desde el sindicato Confederación Española de Policía (CEP), piden a la dirección del Cuerpo un "plan especial de seguridad" con un refuerzo policial que ataje algunas situaciones violentas que se encuentran los agentes en sus intervenciones y que tenga "tolerancia cero" con la tenencia de armas.
Sindicatos y asociaciones, como la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), también insisten en la escasez de medios humanos y materiales, y reiteran la necesidad de contar de forma generalizada con pistolas táser y chalecos antibalas, unos recursos que han sido anunciados por las direcciones de ambos cuerpos, pero que "no llegan" en las cantidades y tiempos reclamados, según denuncia el portavoz de AUGC, Pedro Carmona.
Los datos registrados en los informes de criminalidad del Ministerio del Interior correspondientes al primer trimestre y semestre de este año han marcado récords en la serie histórica, desde 2016, en el apartado de los delitos de lesiones y riñas tumultuarias, 5.364 hasta el mes de marzo y 12.359 hasta junio.
Ambas cifras superan en torno en un 50 por ciento a las contabilizadas en los mismos periodos del año pasado, y aumentan en un 19,8 y 35,2 por ciento respecto a los datos publicados en 2019, el año de referencia comparativa por ser el anterior al inicio de la pandemia.
FRENAR LAS AGRESIONES A LOS AGENTES
Ante el incremento también reflejado en las agresiones a los agentes, según las cifras de 2021, el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Carlos Morales, explica que desde su formación solicitan una reforma del Código Penal para "endurecer" las penas por los delitos contra la autoridad, que en el caso de los ataques a los funcionarios policiales suponen condenas de entre uno a cuatro años de prisión, sin tener en cuenta los posibles agravantes.
Por su parte, Jupol y Jucil, el sindicato y la asociación mayoritarios en la Policía Nacional y la Guardia Civil, consideran que a corto plazo el aumento de medios humanos y materiales en ambos cuerpos solventaría algunas situaciones violentas.
En concreto, el secretario general del Jupol, Aarón Rivero, tacha de "fundamental" la "aceleración" del proceso para dotar de pistolas táser a cada una de las patrullas del Cuerpo, ya que evitarían desenlaces como la muerte de un hombre de 54 años abatido por un policía la semana pasada en el distrito madrileño de Villaverde, un suceso en el que el agente disparó con su arma reglamentaria para evitar que el fallecido apuñalase mortalmente a otro varón con el que mantuvo una pelea.
Precisamente, el portavoz de Jucil, Agustín Leal, reclama la implementación, "como en otras policías europeas y locales en España", de cámaras individuales en la Benemérita para que que dejen prueba de sus actuaciones y generen una mayor "confianza" ciudadana en los agentes.
