El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión en el acceso a la sanidad pública, que impide establecer nuevos copagos y considera la "gestión directa" como el modelo prioritario para la prestación de servicios, estableciendo la "excepcionalidad" de las colaboraciones público-privadas.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha defendido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la norma que se envía ahora al Congreso para su tramitación mejora, amplía y "devuelve" derechos a la ciudadanía, aunque ayer Podemos expresó sus "serias dudas" de que vaya a servir realmente para evitar la privatización de la Sanidad.
"Quiero decir bien alto y bien claro que nace del cumplimiento del programa de Gobierno de progreso", ha expuesto Darias sobre este cambio normativo.
El proyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) prioriza la gestión directa de los servicios sanitarios y sociosanitarios, lo que según el Gobierno es una manera de "blindar" la sanidad pública en un contexto en el que varias autonomías tienen externalizados los servicios sanitarios.
De hecho, según ha explicado Darias en la rueda de prensa, la ley establece las excepciones que habilitan la gestión indirecta bajo una visión complementaria y de apoyo, nunca sustitutoria y siempre motivada objetivamente, "solo cuando no sea posible la gestión directa".
RESPETO "EXQUISITO" A LA COMPETENCIA AUTONÓMICA
Las administraciones públicas deberán cumplir una serie de requisitos y motivar las externalizaciones. Según ha dicho la ministra, será el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el que determine las pautas o los indicadores comunes para aprobar que los servicios públicos los presten empresas privadas.
A juicio de la ministra, esto "respeta exquisitamente el ámbito competencial de las comunidades autónomas" y se basa en el modelo de "cogobernanza". Este es uno de los aspectos del texto que no estaba incluido en el anteproyecto que se aprobó en noviembre.
Para Podemos, el socio minoritario del Gobierno, el PSOE "siempre se ha quedado a mitad de camino en defensa de la sanidad púbica", pero hoy Darias ha dejado claro que es una norma que ha contado con aportaciones de casi todos los ministerios.
"Quiero decir, bien alto y bien claro, que nace del cumplimiento del programa de Gobierno de progreso para garantizar la equidad, la cohesión y la universalidad de nuestro sistema nacional de salud, pero especialmente para ampliar derechos y devolvérselas a ciudadanía", ha afirmado.
ELIMINACIÓN DE COPAGOS
La nueva ley recupera la carta común de servicios única y cierra la puerta a implantar nuevos copagos por servicios públicos. Además, exime del copago sanitario para los productos ortoprotésicos a los colectivos más vulnerables, como ya se hizo en su día con los copagos farmacéuticos.
Estos colectivos vulnerables son las personas perceptoras del Ingreso Mínimo Vital (IMV), los pensionistas con rentas más bajas, los menores con discapacidad reconocida y las personas de rentas bajas por hijo a cargo. En total esos colectivos suman 6 millones de personas.
"Recuperamos la cartera única común de servicios que incluye por tanto todas las prestaciones públicas", ha defendido la ministra.
UNIVERSALIDAD DEL ACCESO A LA SALUD
La norma recoge la universalidad del derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria, y amplía el derecho a la atención a nuevos colectivos como personas de origen español que viven en el exterior durante sus desplazamientos al territorio nacional, así como a sus familiares.
Según la ministra, se garantiza así el reconocimiento al derecho a la asistencia sanitaria a las personas solicitantes de protección internacional, a las personas solicitantes y beneficiarias de protección temporal y también a las víctimas de trata de seres humanos o de explotación sexual, y a las personas no registradas ni autorizadas como residentes en España.
"Esto era algo que ya permitió el Real Decreto Ley del 2018 tras la llegada del presidente Sánchez a la Moncloa, pero había dudas de interpretación", ha expuesto la ministra.
PARTICIPACIÓN DE LOS PACIENTES EN EL CONSEJO INTERTERRITORIAL
Darias ha remarcado también que se establece la participación de los pacientes en órganos del Consejo Interterritorial, en concreto en el foro abierto de salud, que ya existía, pero de manera temporal y solo para el estudio de algunas cuestiones.
"Esto era algo que ya permitió el Real Decreto Ley del 2018 tras la llegada del presidente Sánchez a la Moncloa, pero había dudas de interpretación", ha expuesto la ministra.
Del proyecto de ley han dicho desde la Federación de Asociaciones Defensa Sanidad Pública que contiene mejoras sustanciales respecto al anteproyecto aunque "no se blinda la provisión pública".
"Sigue abriéndose el paso a modelos privados que se dice serán excepcionales, sin que se fijen criterios concretos para esa excepcionalidad ni sistemas efectivos de control", lamenta esta plataforma, que cree que esas "puertas entreabiertas" sirven como una “barra libre” para privatizar el sistema sanitario.
PLAN DE ACCIÓN BUCODENTAL
En otro orden, el Gobierno ha aprobado el Plan de Acción Bucodental, dotado con 44 millones de euros, que ampliará la atención sanitaria pública a unos 7 millones de personas y que permitirá homogeneizar las prestaciones en todo el territorio nacional, garantizando la equidad en el acceso.
Así lo ha dicho la ministra de Sanidad durante su comparecencia, en la que ha detallado que las patologías bucodentales "suponen en torno a un 45 % de las enfermedades en las últimas décadas" y además tienen impacto en muchas otras como es el caso de la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la obesidad o el parto prematuro.
"La cartera común de servicios en este aspecto era limitada", ha asegurado Darias, quien ha subrayado que "independientemente del lugar de residencia, se van a prestar servicios comunes que hasta ahora no cubría la sanidad pública".
Entre ellos, ha destacado la atención al colectivo infanto juvenil de entre 0 y 5 años y desde los 6 a los 14, además de mujeres embarazadas, personas con discapacidad y enfermos con cáncer del territorio cérvico facial.
A juicio de la ministra, se trata de un "plan muy potente" que permitirá intervenir de manera preventiva en cuestiones relacionadas con "barnices de flúor con alta concentración, seguidores de fosas y fisuras que impidan la aparición de caries, y también limpiezas de boca", entre otras.
Según las previsiones de Sanidad, el Consejo Interterritorial de Salud que se celebrará este miércoles, en Valencia entre el Ministerio y las comunidades abordará, entre otros asuntos, este plan.
