El director general de Salud Pública y Consumo de Castilla-La Mancha, Manuel Tordera, ha mantenido una reunión con miembros de la Junta Directiva del Colegio de Ciencias Políticas y Sociología con objeto de analizar espacios de colaboración en materia de consumo de manera conjunta.
Al respecto, se ha valorado la posibilidad de llevar a cabo series de estudios que permitan conocer la evolución del comportamiento de las personas consumidoras en la región y a partir de éstos datos diseñar futuras políticas públicas en este ámbito, según ha informado la Junta en nota de prensa.
Dichos estudios se llevarían a cabo tanto con metodologías cuantitativas como cualitativas y comprenderían aspectos no investigados hasta la fecha y de actualidad, como son los relativos al consumo colaborativo, la compra y la contratación a través de dispositivos móviles; el consumo responsable de alimentos y la prevención del desperdicio alimentario o el rol de las redes sociales como prescriptores en la toma de decisiones de las personas consumidoras.
Este planteamiento contribuirá, asimismo, a conocer el impacto que la aprobación de la futura Ley sobre los Derechos de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha tenga con arreglo a las novedades que incorpora en su texto.
Por otra parte, también se ha considerado de interés el diseño de herramientas que permitan conocer la trazabilidad de los precios de aquellos productos de uso común y generalizado, de modo que se contribuya a dotar de "mayor transparencia" las distintas transacciones comerciales que se lleven a cabo a lo largo de la secuencia de distribución y comercialización de los mismos.
La publicación periódica de esta información facilitará a los consumidores castellano-manchegos conocer y comparar las opciones de compra a su disposición antes de la toma de decisiones correspondientes, especialmente si se tienen en cuenta las prestaciones que al respecto se pueden encontrar en los diferentes canales de venta.
Finalmente, todos los asistentes a la reunión han coincidido en señalar la trascendencia que pueden tener los asuntos tratados en el ámbito de la protección de los derechos e intereses de las personas consumidoras por lo que han manifestado, igualmente, la intención de impulsar la formalización de un convenio de colaboración que fije los objetivos descritos y contemple el desarrollo de estas actuaciones.
