Castilla-La Mancha, una de las cuatro comunidades que facilita instrucciones previas

A los pacientes que desean decidir qué cuidados sanitarios y espirituales recibirán al final de su vida
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photo_camera Castilla-La Mancha, una de las cuatro comunidades que facilita instrucciones previas, según la OCU

Castilla-La Mancha es una de las cuatro comunidades autónomas que facilita en plazo la posibilidad de formalizar las instrucciones previas a los pacientes que desean decidir qué cuidados sanitarios y espirituales recibirán al final de su vida, según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

En una nota de prensa, la OCU ha indicado este martes que el estudio ha determinado que solo en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña y Murcia se pudo formalizar en el plazo de un mes el documento de instrucciones previas, que expresa de forma anticipada la voluntad de una persona sobre los tratamientos médicos que descartaría o que desearía recibir si sufriera un accidente o una enfermedad terminal y no fuera capaz de comunicarse.

Y ha exigido al resto de comunidades autónomas que agilicen el procedimiento y respeten los plazos establecidos por la ley, porque según ha recalcado "hablamos de un derecho sanitario básico de los usuarios que facilita la toma de decisiones difíciles a los facultativos y familiares cuando la persona no puede comunicar su voluntad por sí misma".

La OCU ha recordado que se trata de un procedimiento gestionado por las autonomías que recoge el derecho del paciente a decidir sobre los cuidados sanitarios y espirituales al final de su vida, el destino de sus restos mortales o si quiere donarlos, de manera que pueda ser consultado por los médicos y los familiares si el titular no pudiera expresarlo.

Pero al realizar el estudio, la organización de consumidores "ha observado todo tipo de dificultades, tanto en la forma como, sobre todo, en los plazos", ha advertido.

Entre las dificultades que ha detectado en el caso de la mayor parte de las comunidades autónomas, figuran una información confusa en las web de las Consejerías, el acceso a una cita previa para poder formalizar el documento, la solicitud de testigos o de representantes para formalizarlo cuando este requisito no está contemplado en la ley, o el retraso para sincronizar la petición con el Registro Nacional de Instrucciones Previas.

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