miércoles 21/10/20

Ribera espera "no haya una guerra del agua" aunque se ponga "orden" a demandas de agricultores

El Gobierno no prevé ampliar de nuevo la prohibición de cortar luz y gas y la prórroga del bono social
La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, en un momento de la entrevista con Europa Press
La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, en un momento de la entrevista con Europa Press

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, confía en que "no haya una guerra del agua" con los agricultores que consideran el recurso un bien "precioso", aunque su departamento ponga "un poco de orden" a la gestión de las demandas crecientes en un contexto de recurso limitado, bien porque han cambiado "de mentalidad", bien porque "entienden lo importante que es ser bien percibidos por sus clientes finales".

En una entrevista concedida a Europa Press, Ribera ha lamentado que ha costado "demasiado tiempo" aceptar que la Directiva Marco del Agua era "muy buena" referencia para gestionar de forma responsable el agua, al que ha definido como un recurso "emblemático y emocional muy importante en el territorio" y, al vez "crecientemente escaso y precioso" sobre el que se necesita poner "un poco de orden", algo que promete que su Ministerio procurará hacer con "la máxima atención y cuidado".

Así, respecto al trasvase Tajo-Segura, advierte de que en esa necesaria gestión responsable es "ilusorio" pensar que existe "un derecho o facilidad" para desplazar grandes volúmenes de agua de la España húmeda a la seca porque "la realidad es intercambiable".

"Uno no tiene derecho a tener una montaña o vistas al mar si vive en el centro y algo parecido ocurre con el agua. Con la diferencia de que la gestión responsable del recurso hídrico debe ofrecer la seguridad, la certeza de poder garantizar agua de boca para todos los ciudadanos y, después la garantía de la protección ambiental de un recurso ambiental y natural como es el agua, ordenar los usos en función de la demanda y la priorización que hace la ley o cada plan", ha aseverado la ministra, que insiste en que mientras la demanda puede ser "infinitas" el recurso no lo es.

Así, añade que este "principio de realidad" es la base de algunos cambios en la gestión del agua en el tercer ciclo de planificación (2021-2027) respecto al enfoque tradicional "un poco perverso".

En ese sentido, ha explicado que en la nueva gestión se tendrán en cuenta todos los volúmenes y procedencias para después establecer "precios razonables" para el agua "en su conjunto" que garanticen las "señales adecuadas" porque en su opinión no es "razonable" que en la actualidad sea más barata el agua de un acuífero o del trasvase que la desalada o depurada.

Ribera advierte de que esto genera una señal que pone en riesgo los acuífero o bien con la que parece que se puede pedir un trasvase de "todo lo que pueda lo necesite o no porque sale más barato".

Por eso, insiste en que todas las aguas se deben manejar como un recurso único para cada espacio con el principio de recuperación de costes, algo que para Ribera es "un cambio de enfoque importante".

Por ello, confía en que no habrá una "guerra del agua" porque ve los agricultores son "los primeros" que entienden "lo importante y precioso" que es el agua.

RIESGO PARA SUS PRODUCTOS

Asimismo y en tono de advertencia, ha manifestado que los agricultores se arriesgan a no ser bien percibidos por sus clientes finales, por lo que les insta a no encontrarse con lo ocurrido en el entorno de Doñana respecto al acceso ilegal de aguas subterráneas que puede poner en cuestión al producto que ofrecen al mercado como son las fresas y los frutos rojos pensando que son fresas o frutos rojos ilegales.

"Si nos organizan una campaña fuera en sus mercados finales dudando de la corrección del producto desde el punto de vista social o ambiental, salimos perdiendo todos", alerta.

En todo caso, confía en que se podrán cubrir todas las necesidades de agua pero tras realizar un cambio de mentalidad "importante", después de años en los que se iban acumulando incrementos sobre el papel de hectáreas de regadío que quedaban a expensas de la disponibilidad del agua, lo que generaba "una especie de expectativa de derecho al agua" que provocaba una "enorme tensión".

No obstante, ha subrayado que en la actualidad frente a la "máxima preocupación" por las nuevas infraestructuras de hace años ahora hay una tendencia creciente a buscar soluciones a la contaminación por antibióticos o microplásticos o bien por los niveles de nitratos.

MAR MENOR

Precisamente, respecto a las obligaciones de depuración de nitratos se ha referido a la contaminación del Mar Menor, un asunto sobre el que también ve un cambio de percepción tanto en la administración como en la población.

Sobre los murcianos celebra que sin ser necesariamente productores agrarios antes veían con mayor o menor indiferencia qué y como se contaminaba pero ahora se sienten "más involucrados y más demandantes con respecto a la capacidad de vigilancia de la administración hidráulica y de la agricultura, para asegurar que el Mar Menor del que están "orgullosos" no se vea amenazado por una sobresaturación de sustancias que afectan al equilibrio.

"Eso está cambiando, hay que gestionarlo, no son problemas que se puedan resolver en marcos muy cortos pero podemos hacerlo mucho más rápido de lo que hubiéramos pensado hace años gracias fundamentalmente a que la percepción social ha cambiado drásticamente", ha celebrado.

PROHIBICIÓN DE CORTES DE LUZ Y GAS

En otro orden de asuntos, el Gobierno no prevé ampliar más allá del mes de septiembre la prohibición de cortes en servicios esenciales como la electricidad, el gas y el agua, así como la prórroga de renovación automática del bono social eléctrico, medidas que fueron adoptadas en el estado de alarma dentro del 'escudo social' ante la crisis por el Covid-19.

Durante la entrevista con Europa Pres, la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se ha mostrado partidaria de "poner orden" a este respecto, "en lugar de funcionar sobre la base de medidas extraordinarias prolongadas".

El pasado mes de julio, el Ejecutivo aprobó una extensión de la vigencia automática del bono social y de la prohibición de cortes de suministros básicos hasta finales de septiembre.

En abril, se extendió los colectivos que podían recibir el bono social de la electricidad, aunque se trataba de una ampliación excepcional y sólo temporal para atender la situación extraordinaria que algunos consumidores podían sufrir por la crisis por la pandemia. Así, se permitía ser benefactores a personas que cumplieran determinados umbrales de baja renta familiar y que acreditaran que eran autónomos que han cesado su actividad o que habían visto reducida su facturación en un 75% durante la emergencia sanitaria.

A este respecto, Ribera ha indicado que si puntualmente en los próximos meses vuelve a darse una situación extraordinaria, "pues habrá que buscar una solución extraordinaria".

No obstante, ha considerado que es necesario "regular razonablemente que todo el mundo sepa a qué está jugando" con estas medidas, ya que si se prolongan en el tiempo, se trasladaría a terceros "una situación que tampoco podrían soportar mucho tiempo".

En este sentido, la vicepresidenta cuarta del Gobierno ha señalado que ya se había avanzado en "medidas de acompañamiento" con la aprobación de la Estrategia contra la Pobreza Energética, con la que se hizo "prácticamente automática" la extensión del bono social energético, y que van a seguir funcionando "sí o sí".

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