La mayoría de las autonomías -aquellas que no gobierna el PP, como Castilla-La Mancha- y organizaciones escolares como los padres de Ceapa y CCOO están presentando recursos en los tribunales, o estudian hacerlo, contra el real decreto que regula las nuevas evaluaciones finales de ESO y Bachillerato.
Aducen, entre otros motivos, que un gobierno en funciones no está capacitado para aprobarlo.
CCOO, que lo recurrió en la Audiencia Nacional la semana pasada, resalta que estas "reválidas" son "un despropósito" que afectará a los jóvenes y dificultará la "equidad" en el acceso a la Universidad.
Ceapa, mayoritaria en la escuela pública, anunció este lunes que recurrirá el real decreto, al tiempo que rehusaba presentar propuestas para un pacto educativo mientras haya un gobierno en funciones.
Según la Lomce, estas pruebas deben aplicarse por vez primera al final de este curso en cuarto de ESO y segundo de Bachillerato; habrá que superarlas para obtener los títulos correspondientes y acceder a la Universidad.
Sin embargo, solo será necesario aprobarlas para titularse a partir del curso 2017-2018.
El Gobierno de Canarias ha aprobado solicitar al Tribunal Supremo (TS) que anule el decreto, del 29 de julio pasado, por "indefensión" de la comunidad autónoma debida a la "omisión clara, manifiesta y ostensible del trámite de consulta previa" por parte del Gobierno central.
El de Cantabria ha autorizado a la Dirección General del Servicio Jurídico a interponer un contencioso-administrativo porque esas pruebas suponen una "segregación" para el alumnado, "desconfianza" para centros y profesorado y un coste "elevado" para la autonomía.
También Castilla-La Mancha ha decidido presentar recurso. El consejero de Educación, Ángel Felpeto, ha anunciado que trabaja con la Universidad regional para que los alumnos de segundo de Bachillerato no salgan perjudicados.
La Consejería valenciana de Educación ha anunciado que lo recurrirá tras constatar que el ministro en funciones Íñigo Méndez de Vigo "no está dispuesto a establecer ningún diálogo".
Igualmente, la Junta de Extremadura estaba preparando un recurso por entender que las evaluaciones no mejoran la educación, "impuestas" por un gobierno en funciones.
Asturias tiene una posición "beligerante" sobre la cuestión, según el consejero de Educación, Genaro Alonso, que ha señalado que el Gobierno asturiano ha decidido recurrirlas porque "no son justas".
El Gobierno balear impugnaría el decreto que regula las evaluaciones de la Lomce, según anunció el pasado agosto el consejero de Educación y Universidad, Martí March.
Comparó estas pruebas con "la reválida franquista" y explicó que se había encargado a la Abogacía de la comunidad que iniciase acciones judiciales.
Aragón anunció el mes pasado que recurrirá en el TS; consideraba "inaceptable" que una regulación que genera tanta "controversia" sea aprobada por un gobierno en funciones.
El Gobierno catalán ha acordado presentar un requerimiento de incompetencia al Estado, paso previo a recurrir en el Tribunal Constitucional por vulneración de competencias en educación y lengua cooficial.
En Andalucía, la Junta ha advertido que presentará un contencioso-administrativo en el TS si el Gobierno "no rectifica", pues las "reválidas" son un "auténtico despropósito".
Fuentes de Educación de Navarra han comentado a Efe que el Gobierno Foral, a día de hoy, está pendiente de cómo evoluciona la aplicación de la Lomce en función del gobierno central que pudiera formarse.
Para el Ejecutivo navarro sería deseable que el ministro de Educación informara a las comunidades sobre cómo va a proceder respecto a la "reválida" de Bachillerato y decidir, entonces, si presenta recurso o no.
El Gobierno vasco, por su lado, no va a recurrir porque ya presentó, hace dos años, un recurso de inconstitucionalidad contra la propia Lomce.
Entre las comunidades que gobierna el PP, el consejero de Educación de Castilla y León, Fernando Rey, ha sido crítico con la evaluación de Bachillerato como sistema de acceso universitario, y tampoco es partidario de que haya una prueba al final de esa etapa.
El PSOE ha pedido la derogación del decreto y que Méndez de Vigo convoque a las comunidades y comparezca en las Cortes.
El ministro, que ha iniciado una ronda de reuniones en busca de un Pacto Nacional por la Educación, ha venido reiterando que esas evaluaciones son de aplicación obligatoria desde este curso, según la Lomce (aprobada en 2013), y que el proyecto del decreto ya se debatió con las comunidades en mayo pasado.
