El rector de la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM), Miguel Ángel Collado, ha asegurado este martes que la institución académica no quiere verse envuelta en ninguna pelea con el Gobierno regional y que lo único que hace es defender su autonomía universitaria.
Collado ha realizado estas declaraciones durante la inauguración de la jornada "Prevención de la corrupción en las administraciones públicas: el papel de las agencias anticorrupción", que organizan el Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la Universidad regional y la Junta de Castilla-La Mancha.
El rector ha recordado que la Universidad de Castilla La Mancha está suficientemente auditada por el Consejo Social y el Tribunal de Cuentas, no obstante ha propuesto que si el Gobierno regional quiere que la institución académica este aún más fiscalizada, que recupere el órgano de la Sindicatura de Cuentas.
El rector ha asegurado que le ha transmitido por escrito al gobierno regional está petición.
En cualquier caso, ha insistido en que la Universidad regional está sometida a diferentes controles sobre su gestión.
En cuanto a las críticas recibidas por parte del consejero de Educación, Angel Felpeto, sobre la tardanza en la elaboración del Plan Estratégico de la Universidad, ha asegurado que la universidad no tiene problemas para presentarlo.
Y ha emplazado al consejero a fijar una fecha para firmar el futuro contrato programa y así establecer los pasos a seguir entre la Universidad y el Gobierno regional.
Collado ha insistido en que las diferencias en torno al presupuesto del próximo año de la Universidad regional se puedan solventar en los próximos días a través de enmiendas a los presupuestos regionales, y ha asegurado que en su opinión "aún queda tiempo para alcanzar el acuerdo".
A preguntas de los periodistas, ha indicado que si la institución académica finalmente no recibe el dinero que viene reclamando al Gobierno Regional, se verán obligados a iniciar las acciones que habían anunciado y en las que ya trabajan algunos expertos.
No obstante ha indicado que esta decisión final dependerá de "cómo acaba el proyecto presupuestos".
Y ha indicado que su deseo "es que todo se arregle en las Cortes", para que haya un proyecto de presupuestos que "satisfaga las necesidades y preocupaciones de la UCLM".
JORNADA SOBRE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
Por otra parte, la Jornada 'Prevención de la corrupción en las administraciones públicas', que celebra en el Campus de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), ha servido de marco para la presentación de una Guía de prevención de la Corrupción en las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, un documento que en palabras del coordinador de la jornada, Adam Nieto, esperan que salga a la luz en 2018.
Esta Guía, que aún no es un documento oficial, en palabras de Nieto, es el resultado del trabajo de investigación del Instituto de Derecho Penal con la colaboración de un grupo de letrados de los Servicios Jurídicos del gobierno regional.
Por otro lado, el coordinador de estas jornadas, que ha reunido a profesores e investigadores con técnicos y responsables de varias agencias anticorrupción europeas, ha apuntado que el objetivo de esta es intercambiar experiencias y sensibilizar dentro de nuestra región para ver si se pone en marcha una agencia de estas características.
Tanto Adán Nieto, como el responsable de la primera Agencia anticorrupción de nuestro país que está en Cataluña desde 2008, Miguel Ángel Gimeno, apuntan que las tareas fundamentales es la prevención y la formación de los funcionarios públicos.
Por su parte Gimeno ha apuntado que las contrataciones y las subvenciones son las acciones que suelen presentar mayores problemas de corrupción en las administraciones.
La jornada, que sido ha organizada por el Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la institución académica, en colaboración con los Servicios Jurídicos de la Vicepresidencia de la Junta de Comunidades, ha llevado hasta el campus de Ciudad Real a responsables de las oficinas antifraude de la Comunidad Valenciana, de Cataluña o del Ayuntamiento de Madrid; así como otros expertos de la Autoridad Nacional Anticorrupción Italiana o del Consejo de Prevención de la Corrupción de Portugal.
