La protección de los niños y las niñas está por encima de su condición de migrante irregular, de víctima de violencia machista o de su orientación sexual. Es irrenunciable y debe situarse en el centro de la agenda política y tratarse como una cuestión de Estado.
Lo advierten algunas de las principales organizaciones que trabajan con la infancia como Save the Children, Unicef o la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) ante las propuestas de Vox que afectan a los niños LGTBI, a los menores víctimas de violencia de género y a los que llegan a España en situación irregular.
En entrevistas con Efe, el director general de Save the Children, Andrés Conde; la responsable de Incidencia Política y Estudios de Unicef, Cristina Junquera; y la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), Uge Sangil, remarcan la necesidad de "no dar ni un paso atrás" en los avances conseguidos en los últimos años para mejorar la protección de los menores.
A principios de esta semana, Vox hacía públicas sus propuestas para iniciar las negociaciones sobre la investidura del popular Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, entre las que pedía expulsar a miles de inmigrantes en situación irregular y derogar las leyes de violencia de género y LGBTI.
Y, aunque en el acuerdo final con el PP, el partido de ultraderecha ha renunciado a la derogación de esas leyes y ha suavizado su exigencia sobre inmigración, desde las organizaciones de protección de la infancia advierten de que en mayo habrá nuevas elecciones y que esas propuestas forman parte de su programa.
Por ello, exigen "responsabilidad" a todos los políticos para que los menores estén en el centro de sus decisiones y se garantice su protección "sin ningún tipo de discriminación".
"Los niños y las niñas siempre sufren la peor parte en las situaciones de violencia, de conflicto o de inseguridad. Son los que menos responsabilidad tienen y los que más sufren", asevera Junquera.
Y añade: "Los menores no son un asunto doméstico ni de la familia. Son un bien social, son un bien de todos y por eso deben ser un asunto de Estado".
El reconocimiento de los menores como víctimas de violencia machista está recogido por la Ley de protección de la infancia, advierte Conde, quien asevera que en España existe una violencia de género estructural de la que los niños también son víctimas y una violencia dirigida a colectivos LGTBI que también les afecta.
Es necesario seguir poniendo el foco sobre los niños y las niñas en un país en el que "tenemos niveles de pobreza infantil y violencia hacia la infancia que no son asumibles", agrega Conde, quien, no obstante, valora las desgravaciones fiscales en relación con el número de hijos que propone Vox y el aumento de guarderías.
Además, el director general de Save the Children llama a la calma hasta ver "hacia dónde van" las políticas de Vox, porque, tal y como se ha demostrado en el pacto alcanzado en Andalucía, "se están produciendo modificaciones en los planteamientos".
"Tenemos que ver cuánto de lo que dice este partido se transforma en políticas reales y entonces sabremos su alcance", porque "el pasado demuestra que, en política, del dicho al hecho hay un trecho".
Unicef y Save the Children se muestran cautos y rehúsan hacer más alusiones directas a Vox, porque, recuerdan, son asociaciones aconfesionales y apolíticas cuyo único objetivo es la protección de la infancia, una materia en la que "no se puede dar ni un paso atrás".
En este sentido, Junquera enumera algunos de los avances en la protección de menores en los no se puede retroceder y que se han conseguido gracias a la Ley de violencia de género de 2004 y al Pacto de Estado de Violencia de Género, que "los han situado junto a sus madres, en el lugar que le corresponde, como víctimas", y eso, remarca, "es crucial".
Y es que gracias a esas normativas los hijos de una madre asesinada por su pareja o expareja obtienen el reconocimiento inmediato de víctima de violencia de género y, por consiguiente, la pensión de orfandad.
Tampoco están dispuestos a aceptar ningún retroceso en la asistencia jurídica gratuita para los menores víctimas de violencia de género.
Ni en la modificación del sistema de protección de la infancia en relación con los hijos menores que están sujetos a tutela o guardia y custodia por ser víctimas de violencia de género y que evita que tengan régimen de custodia compartida cuando su padre tiene una condena por maltrato.
Sobre la propuesta de Vox de expulsar a los inmigrantes irregulares, desde Unicef recuerdan que "se es niño antes que extranjero" y, por lo tanto, "hay que garantizar su protección".
Y es que, aclara el director general de Save the Children, los menores no acompañados están bajo la tutela de la Junta de Andalucía, que, según la legislación española e internacional, están sujetos a una protección especial y "su devolución es ilegal".
Recuerdan estos expertos que la Convención sobre los Derechos del Niño garantiza los derechos de todos ellos sin discriminación de ningún tipo y que el interés superior del menor está por encima de cualquier condición, decisión o interés político.
Por lo tanto, dice Uge Sangil, "pedimos más políticas reales, más políticas de igualdad, más políticas en derechos y dar la espalda a quien niega el derecho a ser, a amar, a vivir sin violencia como mujeres... ".
En definitiva, que se preserven los derechos humanos y "que se utilicen las herramientas que tienen para que no lleguen a abordarnos". Y "que no pierdan la memoria de la Historia", matiza.
Sangil va más allá. Cuestiona la constitucionalidad de las propuestas de Vox, manifiesta su "repulsa absoluta" a la situación que se está dando en Andalucía y acusa al partido que lidera Santiago Abascal de "incitar al odio y a la desigualdad" contra las personas LGTBI, los migrantes y las mujeres.
Y critica que el PP "se siente a negociar los derechos de las personas LGTBI para llegar al poder y conseguir el Gobierno andaluz", porque, advierte, "no se puede ser cómplice de quitar derechos".
Vox también plantea la exclusión de contenidos ideológicos de la enseñanza y estudiar la posibilidad de que los colegios públicos segreguen por sexo.
Conde le recuerda que el derecho a la educación incluye la educación en principios que rigen la convivencia y garantizan la cohesión social, que éstos están protegidos por la Unión Europea, "no tienen carácter ideológico" y que la segregación por sexo "es contraria a los principios de una sociedad diversa".
