Solo el 8 % de las personas que viven bajo el umbral de la pobreza se beneficia de las rentas mínimas de inserción (RMI) y hay grandes diferencias entre comunidades ya que, mientras en Navarra y el País Vasco las reciben más del 60 %, en el caso de Castilla-La Mancha y Canarias este porcentaje se sitúa en el 2 %.
Así lo ha denunciado este viernes la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que toma los datos del Informe de Rentas Mínimas de Inserción correspondiente al año 2019, que ha hecho público el Ministerio de Derechos Sociales.
Lamentan, asimismo, que el Ingreso Mínimo Vital no ha integrado de manera automática a los beneficiarios de las Rentas Mínimas, lo que ha provocado "un desconcierto en la gestión y el desasosiego de más de medio millón de familias que se encuentran a la espera de resolución".
Esta asociación ha denunciado el bajo porcentaje de personas que se benefician de la RMI que ofrecen las comunidades autónomas (un 8 % de media) y ha destacado las diferencias "extremas" que existen entre regiones.
Así, destacan País Vasco y Navarra, con porcentajes que suponen el 70 y el 63 % respectivamente de su población por debajo del umbral de la pobreza. A ellas le siguen Cantabria y Asturias, donde reciben estas rentas casi una de cada 5 personas bajo el umbral de la pobreza.
Del resto de comunidades, sólo cuatro garantizan porcentajes superiores al 10 % (Baleares, Aragón, Cataluña y Castilla y León), mientras que las rentas mínimas de las nueve restantes ni siquiera alcanzan esta cobertura, y en el caso de Castilla-La Mancha y Canarias, sus porcentajes solo llegan o están por debajo del 2 %.
La cuantía media por perceptor de las RMI en el conjunto de España supone el 17,1 % de la renta media por hogar, una cuantía "extremadamente baja", advierten, aunque reconocen que ha dado un repunte en el último año desde el 13,7 % de 2018 al 17,1 % de 2019.
Extremadura con un 23,1 %, es la comunidad cuyos perceptores de RMI perciben una cuantía mayor en relación con la renta de su comunidad y le siguen Cataluña y la Comunidad Valenciana con unas cuantías superiores al 20 %.
Sólo otras cinco regiones superan el 15 % (Andalucía, Asturias, Navarra, Castilla y León y País Vasco). Por el contrario, Murcia (10 %) y Baleares (7,2 %) tienen un porcentaje mínimo, cuantías que "de ninguna manera permiten a perceptores garantizar la supervivencia", denuncian.
