La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha salido al paso de las declaraciones de la consejera de Bienestar Social, que este miércoles informaba sobre el nuevo Decreto de prestaciones del sistema para la Autonomía Personal y Atención a Personas en situación de Dependencia en la región.
Según señala la Plataforma en un comunicado, "no podemos por más que salir a desmentir parte de los datos ofrecidos en relación a la situación de la dependencia de la región", aunque valora de manera positiva que se haya atendido a 2.091 dependientes más que en la anterior legislatura, recuerda que "tenemos todavía a 26.517 personas con derecho reconocido que aún no reciben servicio, lo que conocemos como limbo de la dependencia".
La Plataforma manifiesta además su discrepancia "total" sobre las prestaciones de cuidados en el entorno familiar. Explica que los dependientes que tenían esta prestación al inicio de esta legislatura eran 17.008, y en estos momentos son 15.565. "La reducción ha sido de 1.443, y no de 753 como dijo la consejera, casi el doble". Además, denuncia que "no se ha concedido ni una sola prestación de este tipo en el transcurso de estos seis meses de legislatura", algo reconocido con datos por la propia consejera.
Desde la Plataforma acusan al Gobierno regional "de estar llevando a cabo con este sistema de prestación la misma táctica destructiva que el anterior Gobierno del Partido Popular" y recuerdan que fue el colectivo quien llevo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha la anterior Orden de Dependencia que fue declarada nula de pleno derecho.
"Esta ilegalidad cometida por el anterior gobierno les obliga a reparar a miles de dependientes afectados, y de momento, no se han puesto a ello", advierte la Plataforma en su comunicado.
Con respecto al nuevo Decreto de la Dependencia aprobada por el Consejo de Gobierno, la Plataforma considera "insuficientes" las incompatibilidades eliminadas, ya que éstas se reducen a la ayuda a domicilio y a la atención residencial por descanso o formación del cuidador. "No entendemos que un niño gran dependiente que reciba una prestación de cuidados en el entorno familiar no pueda optar a una prestación vinculada al servicio (por ejemplo) para recibir terapias".
También se muestran en desacuerdo con el hecho de que no se haya eliminado la excepcionalidad de esta prestación económica, "ya que creemos que debe ser considerada como una prestación más dentro de la cartera de servicios". En este sentido, recuerdan a la consejera del ramo su compromiso a considerar como excepcional el caso de los menores y las personas en situación de dependencia que viven en zonas rurales pero lo cierto "es que no aparece recogido en la Orden aprobada ayer. "Lo escrito es lo que queda, y las palabras al final, se las lleva el viento", ha concluido la Plataforma en su comunicado.
