El Gobierno de Castilla-La Mancha y Cruz Roja han suscrito el convenio anual del plan contra la pobreza energética, dotado con medio millón de euros ampliables, por el que se otorgan ayudas puntuales de 150 euros a las familias que no pueden pagar el recibo de la luz, de las que el año pasado se concedieron 3.165 ayudas.
La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha firmado en Toledo el convenio de colaboración con el presidente de Cruz Roja de Castilla-La Mancha, Jesús Esteban Ortega, para el desarrollo este año del plan contra la pobreza energética, que lleva en vigor desde 2016 y desde entonces no se ha producido ningún corte de suministro eléctrico de ninguna familia por no poder afrontar el pago del recibo.
La consejera ha explicado que, de las 3.165 ayudas económicas que se otorgaron en el año 2021, 1.223 familias también fueron beneficiarias de ellas en 2020.
El año pasado, ha continuado, se beneficiaron de estas ayudas un total de 13.211 personas, casi mil más que en 2020, y la mitad eran menores de edad.
Se paralizaron además los cortes de luz en 355 hogares.
En total, desde que se puso en marcha el programa contra la pobreza energética en el año 2016 se han beneficiado 122.427 familias.
La consejera ha explicado que la dotación inicial del convenio es de medio millón de euros, ampliable según las necesidades y siempre dando prioridad a las familias con menores de edad.
Son ayudas puntuales de 150 euros para afrontar un problema puntual de corte del suministro por impago, pero a partir de ahí se pueden detectar otras carencias y redirigir a los solicitantes a los programas que les ayuden a salir de su situación de pobreza.
El presidente de Cruz Roja ha subrayado que el convenio, que lleva vigente desde hace 7 años, da tranquilidad a las familias, puesto que desde entonces a nadie se le ha cortado la luz por falta de pago; además, ha destacado la rapidez en la actuación para dar respuesta a estas situaciones.
Preguntada la consejera por los datos que sitúan a Castilla-La Mancha como una de las cuatro comunidades autónomas más afectadas por la pobreza energética, junto a Andalucía, Extremadura y Murcia, donde sufren este problema estructural más de un 30 por ciento de los hogares, García Torijano ha insistido en la importancia de continuar con las políticas sociales que lleven a que estos datos vayan bajando.
Y ha indicado que la consejería está trabajando en colaboración con el ministerio para fomentar la inclusión sociolaboral de las personas en exclusión.
Respecto a si el problema de la pobreza energética puede ampliarse por la subida de los precios del gas natural a raíz de la guerra de Ucrania, la consejera ha manifestado que ocurra o no, la respuesta a este problema se seguirá garantizando "adaptándonos según evolucione la situación".
REFUGIADOS DE UCRANIA
En otro orden, el presidente de Cruz Roja Castilla-La Mancha se ha ofrecido como entidad colaboradora del Gobierno para los procesos de acogida de refugiados ucranianos que se les demande a raíz de la guerra de Ucrania recién comenzada tras el ataque de Rusia.
Del mismo modo, a preguntas de los periodistas, la consejera de Bienestar Social ha señalado que el Gobierno de Castilla-La Mancha siempre responde en este tipo de asuntos y está a disposición del Gobierno para colaborar y ayudar en lo que se le solicite.
Jesús Esteban Ortega ha comentado que Cruz Roja Española ya tiene "desgraciadamente" mucha experiencia en este tipo de conflictos armados, por las consecuencias que tiene para la población civil.
En este caso, ha indicado que ya desde 2016 se ha recibido a solicitantes de protección internacional de nacionalidad ucraniana, de hecho, hay en España unas 115.000 personas de Ucrania y la Cruz Roja ha atendido a 11.213 personas que, desde el 2016, han solicitado protección internacional, algunas de las cuales están en Castilla-La Mancha.
"Estaremos como entidad colaboradora del Gobierno para hacer los procesos de acogida que nos demanden", ha asegurado el presidente de la Cruz Roja en la región, quien ha recordado que en 2015, debido a la guerra en Siria, empezaron a recibir a refugiados en las cinco provincias castellano-manchegas.
Ha explicado que el proceso de acogida se realiza en dos fases, en la primera se les facilita ropa, comida y vivienda, y a continuación llega el proceso de integración de los refugiados, en colegios, en el sistema sanitario, en el conocimiento del idioma, para facilitar que puedan vivir de forma independiente.
El presidente de Cruz Roja ha subrayado que las familias afganas, al igual que las sirias, dicen que no quieren vivir de las ayudas sino que lo que quieren es trabajar.
