El Cermi exige el derecho a una vivienda accesible de las personas con discapacidad

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado a ayudas al fomento de la rehabilitación de vivienda más de 22 millones en esta legislatura
El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, y la consejera de Bienestar Social, Barbara García, se han reunido con el Cermi en el Día Nacional de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad
photo_camera El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, y la consejera de Bienestar Social, Barbara García, se han reunido con el Cermi en el Día Nacional de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, y la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, se han reunido este lunes con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de Castilla-La Mancha, que ha exigido el derecho de las personas con discapacidad a una vivienda accesible, asequible e inclusiva.

Tanto las Cortes regionales como el Cermi han informado, en sendos comunicados, de la reunión celebrada este lunes en el parlamento autonómico con motivo del Día Nacional de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En la reunión se han tratado diversos asuntos relacionados con la labor legislativa en las Cortes regionales y la acción del Gobierno autonómico en esta materia, con especial atención a las necesidades y problemáticas de las personas con discapacidad en esta situación de pandemia por covid-19, según ha indicado las Cortes regionales en su comunicado.

Por su parte, Cermi ha informado de que, durante el acto, se ha reclamado que la discapacidad sea tenida “muy en cuenta” en la ordenación y aseguramiento del derecho a la vivienda, ya que “toda persona tiene derecho a vivir en su domicilio con el soporte que precisa y perteneciendo y participando de su comunidad”.

De esta manera, Cermi Castilla-La Mancha ha considerado necesario llevar a cabo dos medidas “de calado”, por un lado, la aprobación de una Ley General de Garantía del Derecho Social a la Vivienda, así como el aumento del parque público de vivienda, dedicando al menos el 2% del Producto Interior Bruto (PIB) a asegurar esta finalidad.

Además, ha hecho hincapié en la accesibilidad universal, que “debe ser la norma que guíe los principios y actuaciones de las políticas públicas y normativas vinculadas a la vivienda, ya que, de lo contrario, se excluirá a las personas con discapacidad”.

En este sentido, ha exigido que se adapte el parque construido para garantizar que “ninguna persona quede aislada en su vivienda, recluida por ausencia de condiciones de accesibilidad y diseño universales” y ha sugerido que se impulsen reformas para que el Registro de la Propiedad recoja datos sobre las condiciones de accesibilidad de los inmuebles, edificios y viviendas, con el objetivo de que los potenciales adquirentes y usuarios con discapacidad o en cuya unidad familiar haya una persona con discapacidad, puedan conocer de antemano esta información y facilitar su decisión de compra o arrendamiento.

También ha solicitado que las personas con discapacidad sean considerados como un grupo preferente en las políticas públicas de vivienda, para proporcionarles soluciones habitacionales dignas, adecuadas y libremente elegidas y que se haga efectivo el derecho de las personas con discapacidad a elegir dónde, cómo y con quién vivir, garantizando los apoyos que lo hagan posible. 

22 MILLONES A REHABILITACIÓN DE VIVIENDA

Por otra parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado más de 22 millones de euros a ayudas al fomento de la rehabilitación de vivienda en materia de accesibilidad en esta legislatura, que han llegado a más de 24.000 personas en la región.

Así lo ha puesto de manifiesto la directora general de Vivienda, Inés Sandoval, que este lunes ha mantenido también una reunión con el gerente del CERMI en Castilla-La Mancha, José Antonio Romero; y la presidenta de la Asociación Regional de Daño Cerebral Sobrevenido (ADACE CLM), Ana Cabellos, que le han presentado el ‘Manifiesto del Movimiento CERMI con motivo del 3 de mayo de 2021.

Sandoval ha explicado que estas ayudas “han permitido que muchas familias de Castilla-La Mancha tengan una mejora en su bienestar y en su calidad de vida", pues, a través de ellas, se han fomentado actuaciones de rehabilitación esenciales en el ámbito de la accesibilidad como la instalación de ascensores en edificios de viviendas, construcción de rampas o cambios de bañeras por duchas.

Asimismo, la directora general ha destacado “la importancia de la participación de las entidades del Tercer Sector de la región en las políticas sociales y de vivienda” y ha puesto en valor el compromiso del Gobierno regional “por garantizar, a través de sus políticas públicas de vivienda, el derecho a una vivienda digna y adecuada a las personas con discapacidad de la región”.

Además, ha remarcado que el objetivo del Gobierno de Emiliano García-Page es impulsar políticas en materia de accesibilidad para que ninguna persona quede aislada en su vivienda y para que puedan desarrollar su proyecto de vida sin cortapisa alguna, ya que la apuesta por la rehabilitación y la regeneración urbana es esencial para avanzar realmente en el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad, "sin accesibilidad en la vivienda tampoco es posible que exista igualdad de oportunidades, ha enfatizado.

En este sentido, Sandoval ha asegurado que “desde el Gobierno regional tenemos claro que la vivienda accesible debe ser también asequible; por ello, en nuestra región, las personas con discapacidad y las familias que tienen un miembro con discapacidad son grupos preferentes en las políticas de acceso a la vivienda, tanto en la concesión de ayudas como en la adjudicación de viviendas del parque público de vivienda de titularidad de la Junta”.

Para finalizar, la directora general ha recordado que Castilla-La Mancha ha trasladado al Ministerio de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana varias propuestas como que los fondos de recuperación sirvan para la rehabilitación de barrios y zonas más deterioradas donde las ayudas lleguen al cien por cien y se puedan destinar también a actuaciones de rehabilitación de accesibilidad y no sólo de eficiencia energética. 

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