La Fiscalía General del Estado, que dirige Dolores Delgado, ha pedido más información sobre los procedimientos abiertos en relación a los fallecimientos registrados en las residencias de mayores durante la pandemia en la Comunidad de Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha, a cuyas fiscalías ha dado un plazo de 30 días para remitir los datos, según han informado a Europa Press en fuentes de esta institución.
En los escritos remitidos se pone de manifiesto que de la información recopilada de las fiscalías de las comunidades autónomas se extrae que entre 2020 y 2021 el Ministerio Fiscal incoó 1.040 procesales civiles y 517 diligencias de investigación en toda España.
Sin embargo, la Fiscalía subraya que de los últimos datos facilitados por el IMSERSO, que dan cuenta de la totalidad de fallecimientos, resultan "especialmente relevantes" los datos de la Comunidad de Madrid, en la que fallecieron 6.479 personas; y Cataluña, con 5.744 muertes. Igualmente destacable considera el fallecimiento de 75 ciudadanos en una sola residencia de mayores de la localidad de Tomelloso (Cidudad Real).
"Se ha podido constatar la necesidad de contar con información de mayor calidad acerca de los procedimientos penales incoados en las fiscalías territoriales y órganos judiciales de todo el Estado, que por su indudable importancia y trascendencia deben ser puestos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado", añade.
Asimismo, señala que es preciso adquirir un conocimiento detallado y analizar con exhaustividad la situación actual de los procedimientos penales incoados en relación con los fallecimientos acaecidos en las residencias de la tercera edad a causa de la enfermedad de COVID-19. "Ello supondrá proporcionar a las víctimas y sus familiares la atención y tutela que el Ministerio Fiscal les debe garantizar", agrega.
Por ello, en el escrito remitido a la Comunidad de Madrid, al que ha tenido acceso Europa Press, se solicita el número de diligencias de investigación incoadas desde el inicio en todas las fiscalías de estas regiones; el número de denuncias/querellas interpuestas ante los órganos judiciales correspondientes y copia de las mismas; número de decretos de archivo de las diligencias de investigación y copia de las mismas; número de autos de sobreseimiento de los procedimientos judiciales que se hubieren incoado y copia de los mismos; número de procedimientos penales actualmente en tramitación y estado en el que se encuentran.
CRÍTICAS DE AMNISTÍA INTERNACIONAL ESTA SEMANA
Precisamente, Amnistía Internacional presentó este lunes un estudio sobre la gestión de la pandemia en las residencias de mayores que, según aseguró el director de la entidad, Esteban Beltrán, documenta la "deficiente" actuación del Ministerio Fiscal en esta materia. Además, la organización denuncia que el cierre de las comisiones de investigación en las comunidades autónomas está provocando una "impunidad casi absoluta" sobre lo sucedido.
"El 89% de las investigaciones penales de Fiscalía han sido archivadas", denunció Beltrán, en declaraciones a los medios. A su juicio, este "escaso impulso" de las investigaciones sobre lo ocurrido en residencias de mayores está recayendo principalmente sobre familiares de las víctimas, que según ha indicado, se "sienten abandonados".
En su escrito, la Fiscalía recuerda que el 18 de marzo de 2020 se remitió un oficio a los Fiscales Superiores de todas las comunidades autónomas para que hicieran un seguimiento especial de las circunstancias que pudieran estar determinando especiales riesgos sanitarios y, en ocasiones, con resultados luctuosos.
Así, recuerda que para ello la Unidad de Apoyo a la Fiscalía General del Estado abrió una línea de especial seguimiento de las residencias y los fiscales fueron remitiendo diariamente información detallada.
"Por consiguiente, desde esas primeras fechas de la pandemia se fue elaborando, en la medida en que las circunstancias sanitarias lo permitieron, un compendio diario de datos de cada Comunidad Autónoma con información pormenorizada sobre la situación y circunstancias concurrentes en las residencias de la tercera edad, información que fue centralizada por la propia Fiscalía General del Estado", añade.
Así, defiende que desde el inicio mismo de la pandemia la Fiscalía procuró la protección y tutela de los colectivos más vulnerables. Asimismo, señala que la "ingente" información recopilada dio lugar a "múltiples documentos normativos y regulatorios"
CASTILLA-LA MANCHA SEGUIRA COLABORANDO
Al respecto, la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha mostrado la voluntad del Ejecutivo regional de seguir colaborando, como ha hecho hasta ahora y hasta en 12 ocasiones, con la Fiscalía General del Estado en los procedimientos que tiene abiertos en relación a los 75 fallecimientos registrados en la residencia de Tomelloso.
"Desde el Gobierno apoyamos que la Fiscalía realice su trabajo adecuadamente y hemos colaborado aportando toda la información requerida. Hay que tener transparencia y absoluta colaboración para tratar cada uno de los casos y esa es la línea que va a mantener el Gobierno regional", ha insistido.
La responsable regional de Bienestar Social ha realizado estas manifestaciones a preguntas de los medios durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Toledo para dar realiza un balance de la gestión del Sistema de Atención a la Dependencia durante 2021, donde ha defendido que las decisiones que el Ejecutivo regional adoptó en pandemia con respecto a este centro fueron "oportunas".
"Vamos a seguir actuando con responsabilidad y a disposición de la Fiscalía, aportando datos e información necesaria, trabajando para favorecer que los ciudadanos tengan todas las garantías en centros residenciales", ha dicho.
Por último, García Torijano ha asegurado no tener conocimiento de que se hayan registrado otras denuncias de familiares sobre la gestión en otras residencias, reiterando que la única que está en investigación es la de Tomelloso, donde el Gobierno regional tuvo que intervenir "para controlar la situación".
