Castilla-La Mancha ha obtenido una calificación de 6,79 en el informe del Observatorio Estatal de la Dependencia que evalúa la aplicación de la ley de Dependencia, la tercera mayor puntuación de las comunidades autónomas, que supone una mejora de más de un punto con respecto al anterior.
En este informe, que ha dado a conocer este viernes la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, Castilla-La Mancha ha sido la tercera comunidad autónoma que ha obtenido una nota mayor, empatada con Andalucía, y solo superada por Castilla y León, que se mantiene en primer lugar con 6,8 sobre diez, y por La Rioja, que ha obtenido una calificación de 7,86.
El dictamen del Observatorio, que está elaborado con datos de diciembre de 2016 y evalúa la aplicación a la ley de la Dependencia en cada comunidad autónoma, otorga a Castilla-La Mancha una puntuación más de un punto superior a la del informe de diciembre de 2015, en el que obtuvo una puntuación de 5,7.
Esta puntuación ya supuso un incremento con respecto al dictamen anterior, con datos de junio de 2015, en el que el Observatorio de la Dependencia dio a Castilla-La Mancha 4,6 puntos.
La nota de junio de 2015 fue la más baja de toda la serie histórica de dictámenes (elaborados con datos de los meses de junio y diciembre) del Observatorio de la Dependencia, que se han hecho públicos hoy coincidiendo con los diez años de funcionamiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
El de junio de 2015 fue también el único informe en el que el Castilla-La Mancha tuvo un suspenso en el Observatorio de la Dependencia, mientras que la nota más alta la obtuvo en el dictamen de junio de 2009, con 8 puntos.
En esta ocasión, suspenden nueve comunidades autónomas.
En este sentido, en el informe se indica que en XVII dictamen del Observatorio, en el décimo aniversario de la ley, se aplican los indicadores revisados en una reunión celebrada el pasado 2 de febrero, en la escala de valoración que se había venido utilizando.
Se ha constatado la utilidad de la escala que se ha aplicando para plasmar lo que ha sido el proceso de puesta en marcha de la ley en cada territorio, por lo que sus resultados, al margen de algunos determinados matices y aspecto difíciles de particularizar en alguna de las comunidades autónomas, "han reflejado adecuadamente de manera global la realidad en el conjunto de las mismas desde 2008".
Según el informe del observatorio, en diciembre de 2016 se registraba en Castilla-La Mancha un incremento anual del 12,35 por ciento en el número de personas atendidas, por encima de la media del de las comunidades autónomas que se situó en el 8,72 por ciento.
En diciembre, Castilla-La Mancha también era una de las comunidades con un mayor gasto público por población potencialmente dependiente, concretamente la cuarta (detrás de Cantabria, País Vasco y La Rioja) con 758,03 euros por población potencialmente dependiente, más de 200 euros por encima de la media de las comunidades autónomas situada en 554,97 euros.
Además, en 2016 se habían generado en Castilla-La Mancha 33,5 empleos directos vinculados al SAAD por cada millón de euros de gasto público, una cifra algo superior a la del conjunto de España que fue de 34,8 empleos por cada millón de euros.
Sin embargo, el porcentaje de personas que no son atendidas y tienen derecho a serlo (el denominado "limbo de la dependencia") era en Castilla-La Mancha a diciembre de 2016 del 35,96 por ciento, siete puntos por encima de la media de las comunidades autónomas, que era del 28,69 por ciento.
De acuerdo con el dictamen, en diciembre de 2016 había en Castilla-La Mancha un 9,35 por ciento de beneficiarios en el sistema sobre el total de la población potencialmente dependiente, por encima de la media de las comunidades autónomas que se sitúo en 8,47 por ciento.
A su vez, el porcentaje de solicitudes sobre la población potencialmente dependiente era del 19,18 por ciento, también superior a la media de las autonomías, del 15,88 por ciento, mientras que el porcentaje de personas que no había obtenido grado sobre el total de personas dictaminadas era del 20,04 por ciento, ligeramente inferior a la media que era del 20,09 por ciento.
