El nuevo decreto de Dependencia dará prioridad a trámites de niños de menos de 3 años

La consejera de Bienestar Social ha animado a los miembros de la comisión de expertos y representantes de entidades a “enriquecer el contenido del segundo decreto de Dependencia”, que viene a “agilizar la tramitación de este servicio público en la región”

Se constituye la comisión de trabajo del nuevo Decreto de Procedimiento de Reconocimiento de Dependencia en Castilla-La Mancha
photo_camera Se constituye la comisión de trabajo del nuevo Decreto de Procedimiento de Reconocimiento de Dependencia en Castilla-La Mancha

El nuevo decreto de Procedimiento de Reconocimiento de Dependencia en Castilla-La Mancha regulará la prioridad de tramitación de los procedimientos para los menores de tres años y las situaciones de urgencia.

Ésta será una de las novedades que se introducirán en el nuevo decreto, para cuya redacción se ha constituido este miércoles un grupo de trabajo, tal y como ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

La primera reunión de la comisión de trabajo del nuevo Decreto de Procedimiento ha estado presidida por la directora general de Atención a la Dependencia, Ana Saavedra; el gerente del CERMI Castilla-La Mancha, José Antonio Romero; la presidenta de la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia en la región, Aurelia Jerez; la jefa del servicio de Dependencia, Ana Rosa Muñoz, y los técnicos María José Sánchez, Pedro Manchón y María Angeles González.

El nuevo decreto será el segundo que establezca el marco normativo de la Dependencia en la región y tiene por objeto regular el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Castilla-La Mancha.

En su articulado, fijará el procedimiento para valorar la situación de dependencia y obtener el grado de valoración de la persona dependiente, además del programa individual de atención (PIA) para asignar un servicio o prestación a esa persona, una vez obtenido el grado.

Como novedades, el nuevo decreto va a partir de una única solicitud por parte de la persona solicitante que impulsará de oficio los dos procedimientos, el de valoración y el de asignación de prestación, además de eliminar la obligación de aportar documentación innecesaria o que pueda recabar la Administración por sus propios medios.

El nuevo texto también regulará la prioridad de tramitación de los procedimientos para los menores de tres años y las situaciones de urgencia y regulará el trámite de consulta con la persona dependiente para la asignación del recurso o prestación más adecuada, de forma personalizada y consensuada.

En su articulado, el nuevo Decreto de Procedimiento potenciará la figura del trabajador social como profesional de referencia del entorno de la persona dependiente en el proceso de asignación de servicio o prestación más adecuada para la atención de la persona que desea incorporarse al sistema de atención a la dependencia.

En este encuentro, la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha animado a los técnicos y representantes de entidades del sector de la dependencia a "enriquecer el contenido del nuevo decreto de procedimiento".

Los miembros de la comisión de trabajo han coincidido en la necesidad de eliminar "órganos innecesarios", como la Comisión Regional de Valoración o el trámite de requisitos que dificultaban el acceso a las prestaciones, tales como el certificado de idoneidad.

La constitución de la comisión de trabajo se produce casi un año después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) dictara una sentencia que declaraba nula de pleno derecho la Orden de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales del Gobierno del PP en la región, que en 2013 modificó las prestaciones de la Dependencia.

Tras el vacío legal creado por esta sentencia, el actual Gobierno de Emiliano impulsó el Decreto 3/2016, por el que se establece el Catálogo de servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y se determina la intensidad de los servicios y el régimen de compatibilidades aplicable.

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