Las nuevas pulseras antimaltrato serán tobilleras antivandálicas y con más batería
El Gobierno ha autorizado la contratación de un nuevo servicio integral de dispositivos telemáticos para el control de agresores en casos de violencia de género y violencia sexual, un sistema que sustituirá a las actuales pulseras y que introducirá importantes mejoras técnicas y de seguridad. El acuerdo fue aprobado en el Consejo de Ministros y presentado por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tras la reunión del Ejecutivo.
El nuevo contrato, impulsado por el Ministerio de Igualdad, tendrá una duración inicial de 36 meses y un presupuesto base de 71,3 millones de euros, aunque podría alcanzar los 111,1 millones si se ejecutan las dos prórrogas anuales previstas, hasta un máximo de cinco años.
Tobilleras más fiables y menos manipulables
Los nuevos dispositivos dejarán de ser mayoritariamente brazaletes para pasar a colocarse en el tobillo, una decisión que, según los técnicos, reduce la manipulación y aumenta la fiabilidad del control. Contarán con baterías recargables de mayor duración, material antivandálico, mayor resistencia al agua y sensores de movimiento y temperatura corporal.
Entre las principales novedades figura la incorporación de geoposicionamiento autónomo, que permitirá localizar al agresor incluso si deja intencionadamente el teléfono móvil en su domicilio. Además, llevarán una tarjeta eSIM no extraíble, pantallas de cristal reforzado y sistemas avanzados para evitar el falseamiento de datos enviados a la Sala Cometa.
El sistema también generará una alerta adicional por bluetooth basada en la detección directa entre el dispositivo del agresor y el de la víctima, que se sumará a las actuales alertas de proximidad.
Hasta 17.660 dispositivos y cambios en menos de 24 horas
El contrato prevé aumentar el número total de dispositivos hasta 17.660, con un stock mínimo permanente de 2.000 unidades, lo que permitirá su instalación en cualquier punto de España en menos de 24 horas. También se garantiza la sustitución de dispositivos averiados o manipulados en ese mismo plazo y su reparación en un máximo de tres meses.
Estas mejoras llegan después de los problemas detectados en el actual Sistema Cometa, sobre el que la Fiscalía General del Estado alertó en su Memoria de 2024 por “múltiples fallos” y un elevado número de sobreseimientos y absoluciones. Redondo ha recordado que su departamento abrió investigaciones internas y externas y solicitó información al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado, aunque aseguró que aún no han recibido todas las sentencias reclamadas.
Refuerzo de la Sala Cometa y atención a las víctimas
El nuevo contrato refuerza de forma notable la estructura de la Sala Cometa, que contará con al menos 151 personas, nuevos responsables técnicos y jurídicos y un sistema de control de calidad exhaustivo. Además, se habilitará por primera vez un número 900 exclusivo para que las víctimas puedan contactar directamente con el servicio, junto a dos especialistas en psicología para la atención de llamadas que requieran apoyo profesional.
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género dispondrá de una aplicación de consulta en tiempo real y se mejorará la conexión con otros sistemas como VioGén y Lexnet, reforzando la coordinación judicial y policial.
El contrato obliga también a la empresa adjudicataria a presentar, tres meses antes de su finalización, un plan de transición y migración para garantizar la continuidad del servicio sin incidencias.