El titular de Justicia, Juan Carlos Campo, ha pedido este lunes diálogo y consenso para modernizar y agilizar la administración en su primera comparecencia en el Congreso, donde ha presentado los ejes de su plan Justicia 2030 y ha pasado de puntillas por proyectos polémicos, como la reforma del Código Penal.
Sólo tras la críticas de la oposición en la Comisión de Justicia Campo ha defendido la necesidad de reformar esa ley, ha asegurado que no hay compromiso con ningún partido para modificar la sedición y ha prometido un "amplio debate" en torno a los posibles cambios.
También ha sido en el turno de réplica cuando ha subrayado la obligación de renovar el Consejo General del Poder Judicial antes de abordar una eventual reforma del sistema de elección de los vocales y ha llamado a negociar a los partidos "de Estado", aunque el PP le ha advertido de que no entrará en un "mercadeo" de nombres.
El objetivo de Campo era presentar el plan que ha bautizado Justicia 2030, para convertirla en un verdadero servicio público tras décadas de "empantanamiento".
Tras confiar en que ni la "cortedad de miras" ni "un mal entendido partidismo" impidan llegar a un acuerdo, ha admitido que se necesitan más recursos y ha avanzado que propondrá la mayor oferta pública de plazas de jueces y fiscales de los últimos siete años, pero ha apostado por reformas estructurales frente a tradicionales políticas "incrementalistas".
Para agilizar la Justicia y acercarla al ciudadano ha propuesto, por ejemplo, sistemas de acceso digital que eviten desplazamientos innecesarios a los juzgados y modernizar el lenguaje jurídico.
Campo, que ha prometido una ley orgánica del derecho de defensa, ha avanzado también que antes de fin de año presentará un anteproyecto para reformar la ley de enjuiciamiento criminal para que los fiscales asuman la instrucción de los procesos penales, desligando la investigación de los juzgados.
Una reforma que han cuestionado con dureza el PP y Vox. "Será el Gobierno, la señora Delgado, quien instruirá los procedimientos; el mayor atentado a la independencia judicial que podríamos imaginar", ha denunciado el portavoz popular, Luis Santamaría, en referencia a la próxima fiscal general del Estado.
El nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado será sometido al examen de los grupos el próximo jueves.
Campo, que fue secretario de Estado con el ministro de Justicia Francisco Caamaño, ha apostado por recuperar proyectos impulsados entonces y culminar la legislatura con la puesta en marcha de los tribunales de instancia.
Ante el colapso en los juzgados por demandas como las de las cláusulas suelo o las reclamaciones por retrasos aéreos, se ha comprometido a trabajar para incorporar el mecanismo conocido como "sentencia testigo" en el ámbito civil y mercantil, para extender los efectos de una sentencia al resto de casos.
Campo, que en el plazo de un mes convocará la conferencia sectorial de Justicia para debatir con todas las comunidades autónomas, ha abogado también por reformar la planta judicial, con partidos judiciales más grandes.
En su intervención, y con la mirada puesta en las mujeres víctimas, ha anunciado un plan de guardias de 24 horas para los médicos forenses dependientes de su departamento y que se revisarán con carácter urgente los protocolos de intervención en casos de violencia sexual.
El portavoz de PP, Luis Santamaría, ha garantizado al ministro la disposición al diálogo de su grupo para las reformas que necesita la Justicia, asegurar su independencia y defender "a ultranza" el Estado de derecho, pero no para crear "espacios de impunidad" para los líderes del "procés".
En la misma línea, Javier Ortega-Smith (Vox) ha acusado al Gobierno de intentar satisfacer a los "golpistas" de Cataluña y Edmundo Bal (Ciudadanos) ha advertido al ministro que sería "una vergüenza" plantearse indultos o amnistías.
En nombre de los socios del Gobierno, Jaume Asens ha destacado la oportunidad de dejar de delegar en los tribunales la solución de los problemas políticos, mientras que desde ERC, JxCat y EH-Bildu y la CUP se ha pedido valentía para acabar con la "politización" de la justicia. El PNV ha vuelto a tender la mano para que la Justicia recupere su legitimidad social.
Campo, cuya comparecencia también había pedido la oposición por polémicas declaraciones de representantes de Podemos en el Gobierno sobre la judicatura y la Fiscalía, ha pedido seriedad para no malgastar el tiempo, ante la seguridad de que en un Ejecutivo de coalición hay y habrá "discrepancias", "malos entendidos" y hasta "equivocaciones".
