El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería que facilitará la concesión de permisos de residencia y trabajo a los menores extranjeros no acompañados y a los inmigrantes extutelados al cumplir 18 años para evitar que caigan en la ilegalidad.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha eludido responder cuando se le ha preguntado por posibles discrepancias del Ministerio del Interior con esta reforma y ha destacado que se ha diseñado en colaboración con las comunidades autónomas y con el tercer sector y que cuenta, para mayor "rigor jurídico", con el dictamen del Consejo de Estado.
De hecho, y tras insistir en que el Gobierno siempre trabaja con "absoluto rigor", ha destacado que las comunidades autónomas, responsables de los menores extranjeros, llevaban tiempo reivindicado cambios normativos.
Rodríguez, que ha destacado que la reforma homologa la normativa española a la del resto de países europeos, ha explicado que el objetivo es simplificar los procedimientos administrativos y reducir la documentación que tienen que aportar los menores no acompañados para evitar que lleguen sin papeles a la mayoría de edad.
Se busca también "preservar la inversión publica" que se ha hace en ellos mientras son menores, en formación e integración, y facilitar su incorporación al mercado de trabajo para que puedan tener vida independiente
Se beneficiarán del cambio 15.000 inmigrantes: 8.000 menores extranjeros no acompañados y 7.000 de entre 18 y 23 años.
En un comunicado, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encargado de diseñar la reforma, ha subrayado la necesidad de modificar el régimen jurídico de los menores extranjeros y los extutelados para favorecer su integración y evitar que caigan en irregularidad sobrevenida.
La reforma del artículo 196 del Reglamento simplificará el procedimiento para documentar a los menores: se reduce el plazo para acreditar la imposibilidad de retorno de 9 a 3 meses y, cuando se supere ese plazo, las oficinas de extranjería documentarán de oficio a estas personas. Si se procede a su repatriación, se extinguiría la autorización concedida.
Se incrementa también la duración de los permisos, un informe de la entidad de protección de menores sustituirá a la exigencia actual de un acta notarial y se consolida que las autorizaciones de residencia habiliten para trabajar cuando el menor alcance los 16 años, al igual que los jóvenes autóctonos.
Con la modificación de los artículos 197 y 198 del Reglamento de Extranjería se crea un régimen propio para los menores no acompañados que alcanzan la mayoría de edad.
Cuando cumplan 18 años documentados, se favorece la continuidad de los permisos que tenían como menores y se reduce la exigencia de acreditar medios suficientes para subsistir: será suficiente demostrar ingresos similares al ingreso mínimo vital que se tendría derecho a percibir como hogar unipersonal (470 euros al mes actualmente) y podrán computar los ingresos procedentes de un empleo o del sistema social.
Si llegan a la mayoría de edad sin documentar, podrán acceder a permiso de residencia y trabajo con los mismos requisitos, siempre teniendo en cuenta sus "informes sobre esfuerzo de integración, continuidad de estudios o formación", destaca Migraciones.
La reforma beneficia también a los jóvenes extutelados que tienen ahora entre 18 y 23 años y que están indocumentados, ya que podrán acceder a las autorizaciones previstas para los menores que lleguen sin papeles a la mayoría de edad para evitar que caigan en la irregularidad sobrevenida y en situaciones de exclusión social.
Según detalla el Ministerio, once comunidades autónomas han participado activamente en la tramitación del decreto y el Consejo de Estado ha subrayado "la relevancia y el ambicioso alcance de la reforma".
DEFENSOR Y ENTIDADES LO APLAUDEN
Esta reforma del Reglamento de Extranjería que agiliza los permisos de residencia y trabajo a menores extranjeros no acompañados ha sido aplaudida por entidades de la infancia, UGT e instituciones como el Defensor del Pueblo, mientras que PP y Vox la han criticado por generar, dicen, un "efecto llamada".
Una treintena de organizaciones, como Unicef, Fundación Raíces, Plataforma de Infancia o Red Acoge, han suscrito un comunicado en el que han valorado la reforma que han tildado de "paso histórico" en la "mejora de vida" de los menores que llegan a España, eliminando las "barreras insalvables para su integración", que sufrían hasta ahora.
Y han recordado que estas entidades llevaban años denunciando las "abusivas condiciones" de un reglamento que abocaba a la exclusión social a miles de adolescentes y jóvenes por lo que confían en que la reforma facilite su integración y transición a la vida adulta.
El nuevo reglamento permite que puedan tramitarse las autorizaciones de residencia a instancia de los propios niños y, en todo caso, obliga a hacerlo a las oficinas de extranjería transcurridos 90 días desde la entrada del menor en el Sistema de Protección.
Además, la residencia de jóvenes a partir de 16 años llevará aparejada el permiso para trabajar, igual que tienen reconocido los españoles de esa edad.
De esta manera para las organizaciones de la infancia firmantes del comunicado, se pone fin al sinsentido de tener a miles de jóvenes indocumentados o con un permiso para vivir en España pero que no les permite trabajar.
Además de estas entidades, la Alianza para la mejora del sistema de protección de la infancia, la adolescencia y la juventud, formada por entidades catalanas de acción social y la federación de pisos asistidos, ha celebrado la reforma que esperan acabe con una situación "absurda e injusta".
También el defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, se ha mostrado satisfecho con una reforma que esta institución reclamaba desde hace una década.
"A partir de ahora podremos encontrarnos con una situación más feliz en la que los niños tutelados, cuando cumplan los 18 años, puedan formarse e integrarse en la vida nacional con los mismos derechos y obligaciones que el resto de menores", ha dicho Fernández Marugán en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo.
Precisamente, en esa Comisión Mixta el diputado de Vox Carlos Zambrano y el senador del PP José Ignacio Landaluce han expresado el temor compartido de que la reforma acarre un "efecto llamada".
"Cruzarán en pateras, saltarán la valla o se meterán de polizones. Este reglamento pone en riesgo sus vidas", ha previsto el diputado de Vox, mientras que el senador Landaluce ha advertido de que el "efecto llamada" ya se vio con el Open Arms y el Aquiarius.
Desde el PP de Ceuta, su presidente, Juan José Vivas, no ha hecho valoración a la espera de analizar "en profundidad y de manera sosegada" el texto de la reforma.
Lo que sí ha hecho es trasladar el texto a los servicios jurídicos de la institución para que analicen el contenido y la repercusión para la ciudad.
Y desde Canarias, uno de los territorios junto a Ceuta y Melilla más afectados por la llegada de menores inmigrantes, sí se han sumado a valorar el texto y han recordado que, hasta ahora, los jóvenes al cumplir 18 años tenían que abandonar los centros convirtiéndose en personas sin papeles y sin hogar.
También sobre el nuevo reglamento se ha pronunciado el presidente de la Plataforma por la Dignidad y los Derechos de los Jóvenes Inmigrantes, Juan Molina, que ha opinado que la reforma beneficia a España porque con su acceso al mercado laboral "van a apoyar el desarrollo económico y social del país".
Molina, que también preside una asociación en Chiclana de la Frontera (Cádiz) que gestiona pisos de acogida para menores que entraron en España y que quedaron en un limbo al cumplir 18 años, ha subrayado que la reforma es resultado de un "esfuerzo muy grande y muy largo. Lo hemos sudado".
Finalmente, UGT ha celebrado los cambios en la ley por lo que supone de respeto al interés superior de los menores pero ha lamentado el "retraso injustificado" que ha sufrido su tramitación y ha advertido que espera que el texto aprobado "se atenga a la versión" a la que los interlocutores sociales dieron su conformidad.
