La Mesa de la Caza de Castilla-La Mancha considera que la nueva Ley de Caza obedece a una "reforma ideológica" del Gobierno y acusa al Ejecutivo regional de no buscar el consenso y romper el principio de seguridad jurídica.
En un comunicado que las diferentes organizaciones que conforman el sector cinegético, han vuelto a pedir a los grupos políticos que no aprueben el texto actual de la Ley de Caza y trabajen en un texto legislativo que ponga encima de la mesa los "verdaderos" problemas del sector cinegético en Castilla-La Mancha.
La Mesa ha señalado que no es una reforma de utilidades sino "ideológica" ya que la ley en vigor (de 2015) no lleva el tiempo suficiente activa como para que se hayan detectado fallos o distorsiones en su aplicación que justifiquen reformarla desde el punto de vista técnico, científico o de concordancia legislativa.
También ha apuntado que "no es una ley de consenso, todo lo contrario, es una ley inspirada y forzada por los grupos anti-caza" y ha lamentado que "todo el trabajo de dos años se haya tirado por la borda en 48 horas".
Así, después de dos años de reuniones y "de continuas cesiones, cediendo el sector cinegético en cuestiones importantes pero conscientes de la necesidad de llegar a acuerdos, ahora se preguntan cuál es el motivo por el que, sin el aval de informes jurídicos y sin tan siquiera escuchar las opiniones del sector, PSOE y Podemos desarrollan cambios en la Ley".
A juicio de la Mesa, la ley rompe con el principio de seguridad jurídica, ya que plantea un sistema en el que la excepción prima sobre lo general.
Los presidentes de las principales asociaciones de caza en la región han denunciado la falta de planificación y visión para la actividad cinegética ya que el procedimiento para modificar la ley se ha hecho viendo en cada artículo "qué podía contentar o enfadar a su socio de gobierno" y al representante de Ecologistas en Acción, una organización -ha recordado la Mesa- que no supera el centenar de socios en la región pero es verdadero protagonista de las modificaciones de la ley.
Frente a ello, la Mesa de la Caza de Castilla-La Mancha ha esgrimido un conjunto de motivos por los que la ley no debe aprobarse, entre ellas las introducidas a última hora en enmiendas, como poner en riesgo la modalidad de las esperas a jabalí con argumentos, que según el comunicado, no comparte ningún jurídico en España.
También ha rechazado al Mesa la inseguridad jurídica del concepto de uso público, las atribuciones "excesivas" a los agentes medioambientales, la prohibición de cazar en los parques eólicos o la obligatoriedad de descargar las armas cuando un cazador se encuentre a alguien a menos de 50 metros, hecho que preocupa en el sector porque garantiza la impunidad de quiénes paralizan actividades cinegéticas en episodios que se repiten todos los días.
A ello se suman la ampliación de las zonas de reserva, la prohibición del calibre 22, la sobreprotección a los animales asilvestrados, la persecución a los cotos comerciales o la prohibición de la caza en los cerramientos interiores.
La Mesa regional ha vuelto a hacer un llamamiento a todos los cazadores y a los vecinos del medio rural para movilizarse el próximo 15 de abril en las diferentes concentraciones que se van a realizar en las cinco capitales de provincia de Castilla La Mancha.
