Ministros de Justicia de muy distinto signo, de Francisco Caamaño a Alberto Ruiz Gallardón, prometieron trasladar la instrucción de las causas penales de los jueces a los fiscales, un proyecto que ahora recupera Juan Carlos Campo y para el que los afectados ponen condiciones: más medios e independencia.
La idea lleva muchos años en el cajón y los fiscales siempre la han apoyado, pero no son pocos los que dudan de que sea el momento de volverla a sacar a la luz, justo después de proponer que la exministra Dolores Delgado sea la nueva fiscal general del Estado.
"Hay que blindar a la Fiscalía de las posibles injerencias del Gobierno", resume la presidenta de la mayoritaria Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus.
En declaraciones a Efe, reconoce la necesidad de adecuar el sistema procesal español y trasladar la investigación a los fiscales, como ocurre en la mayoría de los países de nuestro entorno, pero advierte de que una reforma de ese calado exige un importante incremento de recursos humanos y materiales y fortalecer la independencia del fiscal.
Enumera para ello una larga lista de reformas, a su juicio, imprescindibles: que el mandato del fiscal general no coincida con el del Gobierno, dotar de más poder de decisión al Consejo Fiscal, reforzar el derecho de los fiscales a discrepar, regular que las órdenes dentro de la carrera se den por escrito...
Sin realizar cambios en profundidad del Estatuto del Ministerio Fiscal, la reforma de la instrucción estaría abocada al fracaso, apunta Dexeus, cuya asociación ha sido muy crítica con la decisión del Ejecutivo de proponer a la exministra como fiscal general.
"Nos tenemos que despojar de este tipo de miedos", subraya por su parte Teresa Peramato, presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecía Delgado.
Peramato recuerda que la reforma ha estado sobre la mesa desde hace muchos años, también con Gobierno del PP y, en cualquier caso, mucho antes de que Delgado fuera designada fiscal general.
La duda que podría existir ahora sobre la independencia de la Fiscalía se podría sostener también en el pasado, insiste esta fiscal del Constitucional, quien recalca que es la carta magna la que marca que el fiscal general lo nombra el rey a propuesta del Gobierno y que, "a partir de ahí, la autonomía es absoluta".
La instrucción en manos de la Fiscalía, defiende, permitiría acelerar las investigaciones, ya que el encargado de la acusación es quien mejor sabe qué diligencias y pruebas son necesarias para sustentarla.
Reconoce Peramato que la reforma anunciada por Campo exige cambios estructurales importantes" y dotar al Ministerio Público de medios, al tiempo que destaca la importancia del juez de garantías, encargado de autorizar cualquier medida que pueda suponer una intromisión en derechos fundamentales, como una entrada o registro, la intervención de comunicaciones o una prisión provisional.
"Todo modelo es mejorable, pero no podemos estar siempre con la canción de la falta de independencia de la Fiscalía", coincide el presidente de la minoritaria Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Juan Antonio Frago, quien recuerda que el sistema español es "una anomalía".
Si los fiscales han apoyado siempre el cambio en el modelo procesal español, la mayor parte de los jueces lo han rechazado de plano.
"Nos hemos opuesto siempre. Solo los jueces garantizamos la necesaria independencia", subraya a Efe la portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco.
Ante quienes cuestionan el trabajo de los jueces de instrucción, recuerda Del Barco que en los últimos años han sentado en el banquillo al cuñado del rey, a Rodrigo Rato o a Manuel Chaves.
No duda de la profesionalidad de los fiscales, pero, recuerda la jueza decana de Madrid, al fiscal general lo propone el Gobierno y en la carrera, aunque los fiscales son autónomos, hay una dependencia jerárquica, "con lo que puede verse dañada la imagen de independencia".
"Hoy no es el momento oportuno", zanja.
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) no se opone por principios al cambio, pero, señala su portavoz, Jorge Fernández Vaquero, "las especiales circunstancias que tenemos en el país lo desaconsejan".
A su juicio, "quizá no es el momento más adecuado para la credibilidad del sistema, con el nombramiento de Dolores Delgado", y no se puede olvidar tampoco que una reforma de ese calado exige inversiones importantes, "y no parece que la Justicia sea ahora mismo la prioridad presupuestaria".
