España es el cuarto país de OCDE con mayor tasa de litigios por persona y se sitúa por debajo de la media europea en número de jueces por habitante. Los retrasos judiciales y los atascos en los juzgados no se resuelven y, en ese contexto, las autoridades se esfuerzan en potenciar una solución parcial: la mediación.
Se trata de una alternativa a la vía judicial como canal para resolver un conflicto y, aunque aún tiene un peso marginal dentro del sistema judicial, su uso ha experimentado un incremento durante los últimos años.
Puede aplicarse tanto para disputas de tipo penal como civil, aunque en España destaca su práctica en cuestiones relativas a la familia, especialmente en casos de divorcio, donde se ponen en relación cuestiones sensibles de carácter personal y económico.
En general, la mediación busca que las partes logren evitar la tramitación de un litigio alcanzando un acuerdo prejudicial voluntariamente, que luego será revisado por un juez para darle validez legal.
Julio Gómez, mediador y miembro del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid, considera que el valor de la mediación se puede apreciar especialmente en los casos de divorcio donde hay menores envueltos, ya que en los juicios pueden llegar a sentirse entre "la espada y la pared".
A través de la mediación, explica, las parejas pueden definir los motivos del conflicto, poner en relación sus intereses y llegar a un punto en común, lo que reduce el "impacto emocional" que tiene un litigio y evita situaciones en las que "un menor tiene que responder ante un juez si prefiere convivir con su madre o su padre".
Sin embargo en España su uso no está extendido, por lo que se ha fomentado su práctica a través de los magistrados en las fases de instrucción, donde recomiendan a las partes acudir a centros de mediación antes de continuar con la tramitación del juicio. Es el otro tipo de mediación, la intrajudicial.
Según los datos del CGPJ, que únicamente computan los casos en los que la mediación se ha realizado por vía intrajudicial, en 2015 se produjeron 1.383 procesos de mediación familiar, 1.881 de mediación penal y 104 de mediación civil.
En la misma línea, el Instituto para la Difusión de la Mediación (IDM) calcula que en 2016 se hizo uso de este mecanismo en un millar de casos de diferente ámbito en la Comunidad de Madrid, de los que el 90 por ciento se produjeron por vía intrajudicial.
Ese instituto aboga por incrementar el apoyo a esta herramienta legal para aumentar su uso prejudicial.
Durante unas jornadas organizadas por IDM recientemente, la vocal del CGPJ María José Sáez defendió la inclusión de la mediación "en la cartera de servicios de la Justicia", al tiempo que destacó su capacidad para favorecer "la cultura del diálogo entre la ciudadanía" y un trato más "humano".
Y explicó que la normativa existente es "poca, pero suficiente" para que pueda aplicarse, aunque reconoció que para su éxito es necesario que intervengan "todos los actores que participan en la Administración de Justicia".
No obstante, en la abogacía hay disparidad de opiniones sobre la mediación. Un sector recela de la figura del mediador y de la relación que éstos van a tener con los abogados.
Desde IDM, defienden que la introducción de la mediación no va a suponer un ataque al trabajo de los letrados, y recuerdan que en los últimos años se han firmado convenios de colaboración entre asociaciones de profesionales de la justicia y otras agrupaciones, que ahondan en la creación de nuevas vías de trabajo.
Tal es el caso del acuerdo sellado entre los Colegios de Abogados y Médicos de Madrid, que permitirá a cualquier persona empadronada en municipios de la comunidad recurrir a un servicio de mediación para resolver conflictos relacionados con accidentes de tráfico.
Los interesados tendrán a su disposición un equipo integrado por un médico, un abogado y dos mediadores, que ofrecerá, como defienden desde ambos colectivos, un procedimiento más "ágil, económico y personalizado", que tendrá una duración media menor a los dos meses.
Carlos Hernández, director de la asesoría jurídica del Colegio de Médicos de Madrid, mantiene una postura similar y considera que el trabajo de los abogados seguirá siendo "fundamental" ya que ocuparán el mismo lugar que tendrían en un juicio, al actuar como consejeros legales.
"No es diferente al papel que puede tener un contable al acompañar a un cliente", continúa, "ambos proporcionan información necesaria acerca de aspectos concretos."
Mientras se resuelven estás cuestiones, otras nuevas siguen surgiendo y necesitarán una respuesta clara, especialmente las vinculadas al tipo de formación que deberán tener los mediadores, el salario que estos perciben -ya que en muchos casos realizan una labor voluntaria-, o los incentivos a utilizar para promover su utilización, que las autoridades siguen planteando de cara a su total implantación.
