La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a 33 personas de una red dedicada a la sustracción, falsificación y posterior cobro de pagarés y cheques falsos en 33 provincias, entre ellas las cinco de Castilla-La Mancha, en las que cometieron 1.640 infracciones penales con un beneficio que superaría los 760.000 euros.
Para cometer estos delitos, la red contaba en el último escalón con "buzoneadores", encargados de sustraer la correspondencia de los buzones de sociedades mercantiles, casi siempre en polígonos industriales o directamente de vehículos del servicio de Correos.
Allí buscaban pagarés o cheques originales, que eran entregados a los "falsificadores", encargados de modificar el importe, la fecha de vencimiento y los datos del beneficiario, según informan este martes ambos cuerpos.
Se trata de la Operación Brain-Ceci, desarrollada en Castilla-La Mancha, Madrid y Comunidad Valenciana, donde se ha detenido a 33 personas e investigado a otras tres con edades comprendidas entre los 23 y los 55 años.
A todos ellos se les atribuye 1.640 delitos cometidos en 2017 y 2018 en Albacete, Madrid, Valencia, Alicante, Castellón, Murcia, Toledo, Ciudad Real, Guadalajara, Cuenca, Almería, Málaga, Sevilla, Jaén, Granada, Córdoba, Cádiz, Burgos, Soria, Palencia, Segovia, Salamanca, Valladolid, Zaragoza, Huesca, Teruel, Santander, Asturias, A Coruña, Lugo, Badajoz, Barcelona y Vizcaya.
La operación se inició tras la comisión de un delito de estafa en una sucursal bancaria de la localidad albaceteña de Pozohondo.
Tras las primeras pesquisas, los agentes detectaron a varias personas que podrían conformar un importante y complejo entramado criminal dedicado a robar y falsificar pagarés y cheques para cobrarlos posteriormente.
Un entramado dirigido por tres personas que encabezaban la organización. En el segundo escalón estaban los falsificadores, con una amplia formación y especialización en la manipulación, adulteración y falsificación de documentos identificativos y medios de pago bancarios.
Además de los "buzoneadores", la red contaba con otros miembros, los "conductores", encargados de reclutar a los "pasadores" y llevarles hasta las sucursales bancarias elegidas para que perpetraran las estafas.
A estos "pasadores" se les suministraba documentos de identidad falsos con su fotografía y una firma que fuese capaz de reproducir.
Para dar veracidad a los documentos falsos se respetaba la información básica, como sería la sociedad mercantil que emite el documento, su número IBAN de cuenta bancaria, la firma del representante que constaba en el documento original y el número de serie de éste, lo que le daba una mayor sensación de validez.
Las falsificaciones se realizaban en al menos tres "laboratorios" ubicados en sendos inmuebles y cuya localización solo era conocida por los jefes de la red.
Durante los registros practicados se localizaron ordenadores, impresoras y escáneres de máximas prestaciones tecnológicas, así como la correspondencia postal sustraída y documentos ya falsificados y listos para su uso.
También se hallaron productos químicos, tintas luminiscentes y tampones preparados para simular las medidas de seguridad de los documentos mercantiles o de identidad, así como papel de calidad idéntica al utilizado para la emisión legalmente de los efectos financieros.
Durante los registros de laboratorios y domicilios se incautaron 3.220 euros en billetes de distinto valor, numerosos teléfonos móviles y equipos informáticos completos.
Las diligencias junto con los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Albacete.
