El malestar de los ciudadanos dispara las quejas al Defensor del Pueblo casi un 50%

- El Defensor del Pueblo urge a una redistribución de las rentas ante el gran malestar social

- Castilla-La Mancha no presentó ningún recurso al Constitucional a través del Defensor del Pueblo.

- El Defensor del Pueblo denuncia a tres municipios de Castilla-La Mancha por entorpecer su labor.

El defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha entregado a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, la Memoria 2017 de la institución
photo_camera El defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha entregado a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, la Memoria 2017 de la institución

El malestar de los ciudadanos por los efectos de la crisis y el deficiente funcionamiento de los servicios públicos ha disparado el número de quejas al Defensor del Pueblo, que en 2017 tramitó 25.776 expedientes, un 48,17 % más que el año anterior.

Tras entregar la Memoria 2017 de la Institución en las Cortes, el defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha lamentado que las "actitudes imperativas y excesivamente categóricas" de las autoridades están generando ese malestar, y ha reclamado políticas de redistribución de las rentas para superar la fractura social generada por la crisis.

"La crisis cavó un pozo de desigualdades sin precedentes en España", ha sentenciado Fernández Marugán, quien ha explicado que los españoles han transmitido al Defensor su "insatisfacción en los años duros de la crisis, pero también en la recuperación".

En 2017, la Institución tramitó 25.776 expedientes, la mayor parte quejas (24.976), investigaciones de oficio (760) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad (40).

A la cabeza de las quejas se sitúan las relacionadas con la tardanza y dificultades para tramitar el DNI y el carné de conducir (6.008), seguidas de las referidas a la función pública (4.417) y a los retrasos en la administración de Justicia (3.395).

Tras estos asuntos, los relacionados con Educación, Sanidad y Políticas Sociales "han consolidado" el número de quejas.

Además, dirigió a las administraciones 918 recomendaciones, 1.048 sugerencias, 370 recordatorios de deberes legales y 2 advertencias. En total, se formularon 2.338 resoluciones, lo que supone un incremento del 32 % con respecto al año anterior.

No obstante, Fernández Marugán ha trasladado la preocupación de los españoles por la mala prestación de determinados servicios públicos y por los efectos de la crisis en los derechos sociales y en las prestaciones.

"En España hay una situación que es preciso corregir: la recuperación no ha llegado al bolsillo de todos y hay una serie de colectivos que se encuentran en una situación de relativa desprotección".

Y son los desempleados de larga duración que han agotado la cobertura, familias con todos sus miembros en paro, jóvenes sin trabajo y sin derecho al desempleo, jubilados y personas con discapacidad, ha enumerado el defensor.

Ante ello, las "políticas sociales al uso se revelaron poco poderosas y no neutralizaron el deterioro de la vida de las personas con mayores dificultades", ha censurado.

Con todo, Fernández Marugán ha apostado por "recuperar prácticas felices como la cultura del diálogo, la negociación y el pacto" porque ayudarán a resolver los problemas de desigualdad y de redistribución de las rentas.

En su opinión, en el momento actual se dan unas condiciones muy distintas a las de 2008 y han abierto una "oportunidad para revisar el funcionamiento de las políticas sociales" para mejorarlas, haciendo hincapié en la renta y en el consumo de los colectivos que todavía "no han cubierto sus condiciones de necesidad".

La Institución ha advertido que las políticas de austeridad aplicadas durante la crisis no solo han generado esa desigualdad, sino que ha dañado al entramado institucional y a la cohesión social. Al Defensor le "preocupa especialmente que el mantenimiento de dichas políticas aumente la pobreza más severa y enquiste la desigualdad".

"Es un error creer que cuando se sale de la crisis se reduce por sí sola la desigualdad", ha criticado Fernández Marugán.

"LENTA E INEFICAZ" LA RESPUESTA AL RUIDO Y MALOS OLORES

Por otra parte, el Defensor del Pueblo ha calificado de "lenta e ineficaz" la respuesta de las administraciones públicas frente a las denuncias de los ciudadanos que sufren elevados niveles de ruido o malos olores.

Así lo pone de manifiesto el informe correspondiente a 2017 de la institución, en el que se pone de relieve además que la respuesta de las administraciones frente a las quejas por un ruido excesivo parte de una visión que suele favorecer a los causantes de ese ruido y no a quienes lo sufren.

Por ello, el Defensor ha pedido a los ayuntamientos que ejerzan de una forma efectiva sus competencias, mediante el control del cumplimiento de las licencias otorgadas para el ejercicio de la actividad y la inspección de los locales cuando están en periodos de máxima actividad.

Ha recomendado además el comisionado que realicen mediciones del nivel del ruido, tanto en los locales como en las viviendas afectadas, y que impongan las medidas correctoras o cautelares "sin dilaciones".

El informe recuerda además que esta institución actuó de oficio ante los episodios de contaminación atmosférica que sufrieron algunas ciudades el pasado año, y también para conocer los planes de prevención y los medios personales y materiales para luchar contra los incendios forestales.

Durante el pasado año se formularon resoluciones relativas a los cuatro proyectos de explotación y almacenamiento de gas subterráneo en el entorno de Doñana.

En este asunto, el Defensor del Pueblo en funciones considera que la evaluación ambiental efectuada no es concluyente, por lo que se ha sugerido al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que revise las declaraciones de impacto (DIA) de esos cuatro proyectos de explotación y almacenamiento de gas.

Sugiere además que se tengan en cuenta las distintas alternativas al almacenamiento de gas, el riesgo sísmico y los impactos de la inyección y del almacenamiento subterráneo sobre el acuífero, y que se suspendan los trabajos de uno de los proyectos ("Marismas Occidental") mientras se realiza esa evaluación.

Recuerda la memoria que un informe del CSIC apuntó que las declaraciones de impacto ambiental que se han realizado no evalúan en profundidad los riesgos sísmicos de la inyección y almacenamiento de gas y su impacto sobre el acuífero y que el Instituto Geográfico y Minero de España (IGME) señaló que el emplazamiento de los proyectos podría no ser el idóneo.

REDISTRIBUCIÓN DE LAS RENTAS

En otro orden, el defensor del pueblo en funciones ha urgido una política de redistribución de rentas para evitar que el malestar social se acentúe, ya que la recuperación no está llegando por igual a los bolsillos de los españoles y son muchos los que necesitan apoyo del Estado.

El Informe Anual 2017 de la institución incluye un análisis de las consecuencias de la crisis económica en la aplicación de los derechos sociales.

"Las cuestiones relacionadas con la redistribución deben pasar a primer plano en la agenda de los poderes públicos", insiste el informe en el que añade que "el camino del ajuste ya ha llegado a su fin" y para mantener los derechos sociales "es hora de orientar la política económica hacia terrenos más equilibrados, conducirla a territorios más amplios y comprometidos".

En este sentido, incide en que las políticas tributarias decididas durante la crisis han llevado a un sistema fiscal regresivo y recomienda hacer una revisión de todos los impuestos para que sean más redistributivos y coordinados con las prestaciones sociales.

Las quejas que llegan al Defensor del Pueblo muestran que, a pesar de que la recesión puede darse por finalizada, la recuperación no está llegando por igual a todos los españoles y advierte de que es un error pensar que la desigualdad se reducirá por sí sola.

Destaca la preocupación por la "magnitud" del déficit del sistema de la Seguridad Social, que se ha ido agrandando hasta situarse en los 18.800 millones de euros en 2017, y duda de que pueda corregirse a corto plazo sólo con la recuperación de los empleos perdidos o ante una progresiva mejora de las condiciones salariales.

Para el Defensor del Pueblo el sistema de pensiones exige adoptar medidas dentro de la Comisión del Pacto de Toledo.

Por otra parte, el informe también asegura que para paliar la pérdida de calidad de servicios tan esenciales como los sanitarios, educativos y asistenciales es necesario reformar de manera urgente el actual sistema de financiación de las comunidades autónomas.

"Ahora que la economía se encuentra en un claro proceso de recuperación, se abre una oportunidad para revisar el funcionamiento de las políticas sociales", ha asegurado Fernández Marugán, que recuerda que las políticas de austeridad aplicadas durante la crisis han originado "un pozo de desigualdad sin precedentes".

En cuanto a uno de los efectos sociales más nocivos de la crisis, los desahucios, esta institución asevera que hay que seguir trabajando para reforzar la protección al hipotecado y recuerda que el procedimiento de ejecución hipotecaria sigue siendo una realidad en España.

"Aún se está lejos de sistemas vigentes en otros países europeos, donde es posible una segunda oportunidad para el prestatario moroso, en especial para el insolvente sobrevenido de buena fe", señala, al tiempo que ve necesario reforzar la oferta de viviendas sociales de alquiler.

RECURSOS AL TC A TRAVÉS DE LA INTITUCIÓN

De otro lado, Castilla-La Mancha fue una de las siete comunidades autónomas que presentó ninguna petición de recurso al Tribunal Constitucional (TC) en 2017 a través del Defensor del Pueblo, y una de las tres que tampoco lo hizo en el año 2016, junto a Extremadura y Cantabria.

La Comunidad Valenciana presentó el año pasado 14 solicitudes de recursos al Tribunal Constitucional (TC) a través del Defensor del Pueblo, lo que supone casi quintuplicar el número en comparación con el ejercicio anterior.

Según los datos del informe anual del Defensor del Pueblo, en 2017 se contabilizaron un total de 40 expedientes de solicitud de interposición de recurso ante el TC, uno más que en 2016.

De ellos, el 35 % correspondieron a la Comunidad Valenciana, lo que equivale a 14 solicitudes, cuando desde esta autonomía en 2016 sólo se realizaron tres peticiones, es decir, el 7,69 % del total.

También repuntaron de forma notable las demandas de recurso procedentes de Cataluña, con siete expedientes el año pasado (el 17,50 % de todos los registrados), cuando el ejercicio anterior habían sido dos (5,13 %).

En el laso opuesto, se reducen las peticiones de interponer recurso ante el Constitucional de la Comunidad de Madrid y de Andalucía.

Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Aragón, Extremadura, Cantabria y País Vasco, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, no formularon ningún requerimiento.

De acuerdo con la información facilitada por el Defensor del Pueblo, de las 40 peticiones realizadas 28 son de interposición de recurso de inconstitucionalidad contra distintas normas y 12 de recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional.

El siguiente cuadro recoge el número de expedientes de solicitud de interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional y su distribución porcentual por comunidades autónomas, tanto en el año 2017 como en el 2016:

CCAA                  2017                  2016
.               NÚMERO       %        NÚMERO        %
=========================================================
Madrid            7        17,50       12          30,77
Andalucía         2         5,00        8          20,51
C.Valenciana     14        35,00        3           7,69
Cataluña          7        17,50        2           5,13
Galicia           3         7,50        2           5,13
C. y León         0         0,00        1           2,56
C-La Mancha       0         0,00        0           0,00
Canarias          1         2,50        1           2,56
Baleares          3         7,50        2           5,13
Murcia            0         0,00        3           7,69
Asturias          1         2,50        1           2,56
Aragón            0         0,00        2           5,13
Extremadura       0         0,00        0           0,00
Cantabria         0         0,00        0           0,00
País Vasco        0         0,00        1           2,56
Navarra           1         2,50        0           0,00
La Rioja          1         2,50        1           2,56
---------------------------------------------------------
Melilla           0         0,00        0           0,00
Ceuta             0         0,00        0           0,00
=========================================================
TOTAL            40       100,00       39         100,00

TRES MUNICIPIOS DE CLM ENTORPECEN SU LABOR

Por último y de otro lado, el Defensor del Pueblo ha trasladado a la Fiscalía el caso de 19 ayuntamientos a los que acusa de entorpecer su trabajo por no responder a sus continuos requerimientos de información, entre ellos Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, y Carboneras de Guadazaón (Cuenca).

También ha llevado al Ministerio Público al Colegio de Abogados de Guipúzcoa, por una queja contra un abogado de oficio.

Los citados expedientes se han trasladado a la Fiscalía General del Estado por la presunta actuación obstaculizadora de la labor del Defensor del Pueblo por parte de los alcaldes de 19 ayuntamientos, a fin de que, en su caso, ejerza las acciones oportunas y valore si es de aplicación el artículo 502.2 del Código Penal.

Según el informe del Defensor del Pueblo correspondiente al año 2017, son los municipios de Arganda del Rey (Madrid), Barbastro (Huesca), Carboneras de Guadazaón (Cuenca), Colmenar de Oreja (Madrid), Cudillero (Asturias), Gilet (Valencia), Gondomar (Pontevedra) y Gozón (Asturias).

Asimismo, La Hermigua (Santa Cruz de Tenerife), Matallana de Torío (León), Mojácar (Almería), Noblejas (Toledo), Porto do Son (A Coruña), Reus (Tarragona), Salas (Asturias), Talavera de la Reina (Toledo), Tarifa (Cádiz), Vejer de la Frontera (Cádiz) y Zalamea de la Serena (Badajoz).

Respecto al Colegio de Abogados de Guipúzcoa, el inicio está en una queja de un ciudadano por la actuación del abogado de oficio asignado por el colegio.

El artículo 19 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, obliga a que las administraciones contesten al Defensor del Pueblo sobre la información que precisa para sus actuaciones.

Pero la contestación ofrecida no es siempre inmediata y en algunos casos, incluso, aunque no sea lo más frecuente, no llega a producirse, tras haber sido reclamada en varias ocasiones.

Y en estos supuestos cuando el artículo 18.2 de la mencionada ley faculta a esta institución para declarar al órgano o unidad administrativa concernida de "hostil o entorpecedora de sus funciones" y, además, ponerlo en conocimiento de las Cortes Generales, por medio de su inclusión en el presente informe anual o, en su caso, en un informe especial.

Por eso, el informe recoge también la relación de administraciones que en el año 2017 no han dado adecuada respuesta a los requerimientos efectuados por el Defensor del Pueblo, sin llegar al incumplimiento sistemático de las anteriores.

En este caso está, por ejemplo, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a la que se solicitó ampliación de información acerca de la conveniencia de comunicar a las alcaldías que la grabación de los plenos municipales, por los concejales o por el público asistente, está amparada por la Constitución y por la ley, con un tercer requerimiento el 23 de noviembre pasado.

También se encuentra en esta situación la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Asuntos Exteriores; la Secretaría General de Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; la Secretaría de Estado de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y la Dirección General de Tráfico.

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