La elección de un libro de texto u otro y de una editorial u otra depende, desde hace años, de los colegios y de sus docentes y no de las comunidades ni del Ministerio de Educación, pues es un tema que pertenece a su autonomía pedagógica y no requiere previa autorización de la Administración educativa.
Lo recuerdan a Efe diversos expertos tras la polémica surgida con el contenido del libro Biología y Geología de tercero de la ESO de la editorial católica Casals, en el que se aconseja abstinencia y fidelidad para evitar enfermedades de transmisión sexual y califica al aborto de problema social.
El libro es utilizado en algunos colegios públicos de varias comunidades y desde ellas se ha señalado que investigarán el contenido y después tomarán las decisiones adecuadas como puede ser su retirada.
Casals, sin embargo, sostiene que se trataría de "un lamentable acto de censura e intervención ideológica, totalmente contrario a la libertad de edición y de cátedra".
Toda esta situación lleva a preguntarse: ¿no hay un control previo del contenido de los libros de texto que llegan a los alumnos?
La respuesta ya venía dada en la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006: "La edición y adopción de los libros de texto y demás materiales no requerirán la previa autorización de la Administración educativa. En todo caso, éstos deberán adaptarse al rigor científico adecuado a las edades de los alumnos y al currículo aprobado por cada Administración educativa".
Y su supervisión "constituirá parte del proceso ordinario de inspección que ejerce la Administración educativa sobre la totalidad de elementos que integran el proceso de enseñanza y aprendizaje".
La LOE fue modificada con la Ley Orgánica para la Mejora de la Educación (Lomce) de 2013, pero no respecto al contenido citado anteriormente.
Tampoco se ha cambiado el tema respecto a los libros de Religión y tanto la LOE (del PSOE) como la Lomce (del PP) especifican que las decisiones sobre su utilización y la supervisión y aprobación de los mismos corresponden a las autoridades religiosas respectivas.
Desde la Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto y Material de Enseñanza (Anele) se asegura, por tanto, que son los centros y docentes los que escogen los libros de texto que consideran oportuno.
Y hacen su selección entre el catálogo del mercado, que para este curso asciende a 34.082 libros, 15.348 de ellos digitales.
Para la enseñanza obligatoria la cifra de libros es 11.296 y 5.482 digitales, aunque las fuentes de Anele (representa a 30 editoriales del sector) especifican que se trata de datos que van actualizándose.
Un cambio de ley, nuevos currículos o cada cuatro años obligan a las editoriales a cambiar los libros.
Comerciales de estas empresas visitan los centros y presentan sus proyectos editoriales.
"No hay una supervisión previa" de las autonomías, recalca Anele, aunque añade que si un libro ya editado no cumpliera con el currículo nacional y autonómico, la inspección educativa podría investigarlo.
Se han dado casos en los que una propia editorial modifica un contenido.
La editorial Santillana cambió en 2016 la definición de violencia de género en un libro de Biología de tercero de la ESO, y que correspondía a la recogida por la ONU Mujeres, por la de la Ley Integral contra la Violencia de Género, tras las críticas de padres.
Desde los profesores, el secretario general de la Enseñanza de CCOO, Francisco García, opina que en los libros "deberían primar los criterios pedagógicos por encima de los ideológicos".
Pide que los docentes participen junto al centro en la selección de los libros, que deben destacarse por los "valores éticos, civiles y democráticos de una sociedad del siglo 21".
La presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa), Leticia Cardenal, recalca: "al final tenemos unos libros que entran en las aulas para enseñar ciertas materias a nuestros hijos y no son supervisados por nadie".
La Ceapa "históricamente" es contraria a los libros de texto y urge a trabajar "de otra manera", aunque con materiales supervisados para "huir de ideologías políticas o religiosas", afirma.
Pedro Caballero, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), solicita alguna "fórmula de filtro" y que el contenido de los libros sea entre un 50 % y un 75 % "general y estatal" para evitar que "los alumnos de cada comunidad estudien una cosa distinta".
"Las familias son las que pagan esas diferencias", según la Concapa, que también sugiere "más conocimiento" de los padres respecto a la selección de libros que hacen los centros.
