Hace 40 años las Cortes Generales aprobaban una Ley del Divorcio que generó largos e intensos debates alrededor de la familia, de la libertad individual o de si el matrimonio debía ser o no indisoluble.
España venía de una dictadura y, con una democracia aún inmadura, los parlamentarios más conservadores veían el divorcio que traía el Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo como un "ataque" a los valores cristianos más profundos, un sentimiento que todavía pervive hoy en algunos escaños del Congreso.
"Se trata de una ley moderada y realista, una ley que se sitúa en los límites mínimos de lo que puede ofrecerse con respeto y con seriedad a una sociedad joven y evolucionada. Una ley pragmática, alejada de todo dogmatismo doctrinario", defendía en la tribuna del Congreso el ministro de Justicia de la UCD, Francisco Fernández Ordoñez, un 17 de marzo de 1981.
Un proyecto de Ley que culminaría con su aprobación definitiva el 22 de junio y que derogaba la ley del divorcio de 1932 de la II República, considerada por los políticos más progresistas de entonces como una de las mayores contribuciones a la "liberación de la mujer" tras haber estado sometida durante la monarquía.
Lo cierto es que el proyecto de ley de 1981 que "modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil, y determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio" tuvo un largo proceso de enmiendas y debates.
Recibió hasta siete enmiendas a la totalidad: por la derecha, del grupo de Coalición Democrática y por la izquierda comunistas, republicanos, socialistas de Cataluña o del PSOE.
Del Senado vinieron 22 enmiendas que fueron rechazadas y la más polémica fue la relativa al artículo 87, la llamada "cláusula de dureza" que obligaba a que pasaran cinco años de cese efectivo de la separación para poder legalizar finalmente el divorcio.
"Esto no se consigue de ninguna forma, ni siquiera con una pareja de la Guardia Civil. Si ellos siguen insistiendo en que no quieren seguir viviendo juntos, ni aunque les apliquen la cláusula de dureza van a hacerlo", argumentaba desde el PSOE el diputado Virgilio Zapatero Gómez.
En la tribuna, socialistas y comunistas hablaban de libertad sexual, de relaciones con hijos extramatrimoniales -que en los 80 estaban aumentando- o de acabar con el llamado "divorcio con culpa".
"A veces parece que el divorcio es para los españoles el problema de los problemas.. Y, sin embargo, está claro que el divorcio aparece hoy en España, a finales del siglo XX, como un debate tardío", argumentaba Fernández Ordoñez mientras afirmaba que "no tiene sentido la negativa al divorcio basada en la defensa de la familia".
"La familia ya se ha deshecho mucho antes por el desamor, el abandono, o por el adulterio", puntualizaba.
"Señor ministro, la familia como institución, y no como simple negocio privado, está en sus manos. Por favor, retire esta ley", le respondía el diputado Manuel Díaz-Pines de Coalición Democrática.
La nueva Ley que debatían trataba de convencer a los antidivorcistas que España se encontraba en una situación de 'alegalidad' al impedir llevar a efecto un segundo matrimonio civil.
Díaz-Pines calificaba el divorcio como un "mal social irreversible, que destruye la institución familiar" y preguntaba entonces si la nueva ley daba garantía jurídica frente al que defendía el "matrimonio para siempre" o si respetaba la naturaleza "propia del matrimonio católico indisoluble".
"¿Respeta el Acuerdo Jurídico con la Santa Sede?, ¿impide una cierta forma de repudio?, ¿respeta el programa de UCD?. Mi personal respuesta a estas preguntas es claramente negativa", afirmaba toda vez que José Antonio Escartín, del grupo parlamentario centrista, también se quejaba de que no había un arbitrio judicial que estableciera "la posibilidad del juez de denegar" el divorcio.
En frente, Josep-Pi Sunyer, de ERC, que clamaba por una "auténtica" ley de divorcio más flexible y no tan "encorsetada".
"Es inaceptable que se diga que ataca a la familia. El divorcio en sí no es bueno ni es malo: es un simple remedio", incidía el republicano con un argumento que a día de hoy podría ser rebatido por algunos miembros de la ultraderecha que se sientan en el Congreso.
Desde el Partido de los Socialistas de Cataluña, Jordi Solé Tura urgía una "solución civilizada de los conflictos, tanto personales como colectivos" mientras que otros socialista, Antonio Sotillo Martí rechazaba "un divorcio regulado con cicatería y tímido en articulado".
Durante el debate hubo partidos que retiraron sus enmiendas de totalidad, como la del nacionalista vasco de izquierdas Juan María Bandrés Molet que ironizó con que "no fuera que sonase la flauta por casualidad, se retirara esta Ley de Divorcio y dentro de unos meses nos viniera otra ley notablemente empeorada".
"Es un proyecto que sigue siendo restrictivo e insuficiente para el momento histórico que vivimos", incidía en un debate en el que también se escuchaban frases como "un grupo de inspiración cristiana sabe perfectamente que el Génesis dice 'lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre'".
