El debate sobre la prostitución es el último frente abierto para el Ministerio de Igualdad, que ve como sus principales proyectos legislativos, desde la ley trans hasta la reforma del aborto, generan división en la izquierda, además del previsible rechazo de la derecha.
Todo comenzó con la ley de garantía de la libertad sexual, conocida como ley del solo sí es sí, un texto que tardó más de quince meses en ser remitido a las Cortes por las discrepancias entre Igualdad, dirigido por Podemos, Justicia y la Vicepresidencia primera del Gobierno, encabezada entonces por Carmen Calvo; y por los retrasos del Consejo General el Poder Judicial para dictaminar la norma.
Superada esa fase, vuelve ahora a suscitar la polémica al inicio de su tramitación parlamentaria.
El PP y Vox presentaron sendas enmiendas a la totalidad, pero varias formaciones, entre las que se encuentra En Comú Podem, miembro de Unidas Podemos, y también los principales aliados externos del Gobierno, como el PNV, ERC o Bildu, han advertido a Irene Montero de que, aunque estén de acuerdo con el grueso de la ley, no comparten que en ella se aborde la prostitución.
Rechazan en concreto dos artículos que plantean penalizar el proxenetismo no coactivo (no violento) y a quien se lucre con el alquiler de locales para ejercer la prostitución (la tercería locativa). Defienden, en su mayoría, el derecho de las mujeres a ejercer libremente la prostitución.
Fuentes de Igualdad ven "lógico" que haya debate en torno a la prostitución, ya que "siempre lo ha habido en el movimiento feminista".
La ministra, apuntan a Efe, ha trasladado en público y en privado a todos los grupos que es el momento de negociar y llegar a un consenso para proteger a las mujeres que son víctimas de trata y explotación sexual y ofrecerles alternativas vitales, a ellas y a quienes están "en contextos de prostitución".
Pero mientras parte de los grupos de la izquierda se opone a restringir el ejercicio de la prostitución, el PSOE ha decidido en su 40 Congreso abanderar la lucha por la abolición de una práctica que considera violencia sobre la mujer, una posición que complica a Igualdad la búsqueda de consensos.
No es la primera vez que el PSOE pone piedras en el camino de un proyecto de Montero, quien libró una dura batalla frente a Carmen Calvo para que el anteproyecto de ley trans recogiera finalmente el derecho de una persona a cambiar de sexo en el Registro con la mera expresión de su voluntad, sin necesidad de informes médicos o psicológicos.
Una parte del feminismo teme el "borrado" de las mujeres con las normas que sitúan el género por encima del sexo biológico y rechaza los planteamientos de Igualdad, pero la Moncloa se ha inclinado del lado de Montero.
Carmen Calvo ya no está en el Gobierno -ni al frente de la secretaria de Igualdad del PSOE, cargo que ha asumido Adriana Fernández, una de las diputadas más jóvenes- e Igualdad confía en poder remitir el proyecto al Congreso en el primer trimestre de 2022, con todos los informes preceptivos.
En Unidas Podemos ven con normalidad los debates abiertos; Igualdad es uno de los departamentos ministeriales legislativamente más activos, apuntan, y está dando pasos en cuestiones que han resultado tradicionalmente controvertidas incluso en la izquierda, por lo que hasta ahora se había optado por no tocarlas.
Para diciembre, Igualdad quiere tener listo también el borrador de la reforma de la ley del aborto, en el que trabaja con el Ministerio de Sanidad (dirigido por la socialista Carolina Darias), destacan las fuentes.
La reforma eliminará la exigencia de consentimiento paterno para las menores e 16 y 17 años que introdujo el PP en 2015 e Igualdad quiere también regular la objeción de conciencia de los médicos para que las mujeres no tengan que ser derivadas a centros privados desde la sanidad pública, blindar la educación sexual obligatoria en todas las etapas educativas, incluir la "violencia obstétrica" y definir los vientres de alquiler como una forma de violencia contra la mujer.
El PSOE ha avanzado ya que no le gusta la amplia propuesta en la que trabaja Igualdad y esta misma semana se lo dijo a Montero cuando compareció en el Congreso.
Eliminar de la ley el consentimiento paterno que introdujo el PP resulta "imprescindible", señaló la portavoz socialista en la Comisión de Igualdad, Laura Berja, pero las demás cuestiones "no requieren una reforma legal" y, aunque hay que avanzar en ellas, puede hacerse en otro marco, como la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.
"Haríamos mal si no somos ambiciosos", respondió Montero, que abre este lunes la consulta pública sobre una nueva reforma, la de la ley integral contra la violencia de género, para blindar el Pacto de Estado y su financiación.
