Este primer día de junio entra en vigor la nueva Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La Mancha, que fue aprobada el pasado 5 de mayo en las Cortes de Castilla-La Mancha por unanimidad de los tres grupos políticos con representación en la Cámara.
Transcurridos 20 días de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) entra en vigor esta norma que viene a garantizar los derechos humanos y constitucionales del colectivo LGTBI, la igualdad efectiva y el derecho a la no discriminación.
La ley tiene como objeto la consolidación y ampliación de los derechos de personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales o trans e intersexuales, y la adopción de medidas concretas mediante la puesta en marcha de políticas públicas que garanticen el libre desarrollo de la personalidad, evitando situaciones de discriminación y violencia, para asegurar que en Castilla-La Mancha se pueda vivir la diversidad sexual en plena libertad.
La norma prohíbe toda práctica de terapias y pseudoterapias de aversión, conversión o contracondicionamiento destinadas a modificar la orientación sexual, la identidad sexual, el desarrollo sexual o la expresión de género de las personas LGTBI cuyas consecuencias para la salud mental son perniciosas.
Asimismo, uno de los objetivos fundamentales de esta ley es promover estudios que aporten datos sobre esta realidad y regular la garantía estadística de los mismos, al tiempo que se compromete con la protección de la infancia y la adolescencia.
También se crea la comisión de Diversidad, el Consejo LGTBI, como un órgano consultivo y de participación ciudadana en materia de derechos y libertades de las personas LGTBI e incluye la puesta en marcha de un sistema de acogida residencial para personas LGTBI en situación de especial vulnerabilidad o exclusión a causa de su orientación sexual.
Ha sido la última ley en aprobarse en el Parlamento autonómico y ha motivado que los obispos de la provincia eclesiástica de Toledo (Archidiócesis de Toledo y diócesis de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Sigüenza-Guadalajara) hayan expresado su preocupación porque, en su opinión, el planteamiento antropológico que subyace "es contrario a la enseñanza del magisterio de la Iglesia sobre la naturaleza del ser humano y no responde a lo que afirma la ciencia, la cual sostiene que la identidad sexual tiene su fundamento principal en la biología".
