El Gobierno ha dado luz verde este martes a la futura ley trans, que permitirá a los mayores de 14 años cambiar de sexo con un trámite administrativo, sin pruebas ni testigos, y acaba con los informes sanitarios y la necesidad de tutelas médicas y legales.
El anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI comienza así su tramitación, después de meses de duras negociaciones en el seno del gobierno de coalición y entre críticas de un sector del movimiento feminista que cree que esta ley supone el "borrado de las mujeres".
La ley dispone que los menores de 12 y 13 años necesitarán autorización judicial para cambiar su sexo en el Registro Civil, mientras que entre 14 y 16 años bastará que con que estén asistidos por sus padres o representantes legales; en caso de disputa, se nombrará a un defensor judicial. A partir de los 16 no hay más exigencias.
La voluntad de la persona será el único requisito para el cambio, lo que se conoce como autodeterminacion del género, con lo que se acaban los informes médicos y los dos años de hormonación que se pedían hasta ahora.
Este ha sido uno de los principales puntos de fricción entre los socios de gobierno, sin embargo la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha recalcado en rueda de prensa en la Moncloa que es "un anteproyecto de ley del conjunto del Gobierno y el presiente del Gobierno hace suyo el texto".
Para la titular de Igualdad, su aprobación es una muestra de la "fortaleza" del Ejecutivo de coalición y se ha felicitado porque, a pesar de las diferencias y de las "negociaciones largas y difíciles", se ha cumplido con el acuerdo de gobierno.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, por su parte, ha restado importancia a las discrepancias y ha asegurado que la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, al cuestionar en su día el cambio de sexo por "mera voluntad o deseo", se hacía eco de la doctrina constitucional, que exige "madurez y estabilidad" para dar ese paso.
Al texto se ha opuesto también el PP, que este martes ha apelado a los diputados socialistas que cuestionan la autodeterminación de género a apoyar las enmiendas que presentará su grupo parlamentario para contar con seguridad jurídica y proteger a los menores.
Tanto el PP como Vox han dejado claro su rechazo a la posibilidad de cambiar de sexo en el registro sin necesidad de informe médico ni testigos a partir de los 14 años.
El PP ve necesaria una ley trans, pero cree que la diseñada por Igualdad "va a suponer el borrado de las mujeres" en las políticas aprobadas para protegerlas.
Enraiza así con las advertencias de un sector del movimiento feminista, al que Irene Montero ha replicado que siempre que se aprueban leyes de este calado, como la del aborto o la del matrimonio igualitario, ha habido debate social y oposición, "pero con el paso de los años nadie se reconoce en esas posiciones".
El texto aprobado -que ahora deberá pasar por los órganos consultivos y posteriormente el Parlamento- establece un mecanismo para evitar el cambio continuo de sexo y, con ello, el fraude de ley, ya que las personas que hayan cambiado la mención registral del sexo necesitarán una autorización judicial para volver a hacerlo, tras un plazo de al menos seis meses.
La ley prohíbe las terapias de conversión, aversión o contracondicionamiento destinadas a modificar la orientación, identidad o expresión sexual.
Garantiza a lesbianas, bisexuales y personas trans el acceso a técnicas de reproducción asistida y modifica el Código Civil para que las mujeres lesbianas y bisexuales puedan proceder a la filiación de sus hijos sin necesidad de estar casadas.
En el caso de los bebés intersexuales, se prohíben las cirugías de modificación genital al nacer y da a los padres un plazo de 12 meses antes de inscribir su sexo en el Registro.
Contempla sanciones e invierte las reglas relativas a la carga de la prueba cuando se trate de discriminación al colectivo LGTBI. Las sanciones podrán ser leves (con multas de 200 a 2.000 euros), graves (de 2.001 a 10.000 euros) o muy graves (de 10.001 a 150.000 euros).
Incluye en el currículo educativo y en la formación de profesorado el respeto a la diversidad sexual, familiar y de género, la promoción de programas de educación sexual y reproductiva y de prevención de enfermedades de transmisión sexual y la prohibición de discriminación laboral por razones de diversidad sexual y de género.
El movimiento LGTBI ha celebrado la ley, aunque lamenta que deje fuera a las personas trans migrantes y a las no binarias -que no se perciben totalmente como hombre o mujer y prefieren identificarse con un tercer género o con ninguno-.
Las asociaciones confían que en el trámite parlamentario se avance en esos puntos y se permita el cambio de sexo a partir de los 12 años sin autorización judicial.
La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha considerado que con este anteproyecto se supera la "histórica invisibilidad, la estigmatización y la falta de reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI".
España, han destacado desde la mesa del Consejo de Ministros, se sitúa a la vanguardia europea junto a países como Irlanda, Noruega o Malta y marca una línea frente a las políticas discriminatorias de Hungría.
