En España se realizan anualmente cerca de 100.000 abortos voluntarios y el Ministerio de Igualdad sitúa entre sus prioridades reformar la ley que los ampara, un proyecto que previsiblemente volverá a suscitar la polémica y que busca garantizar un acceso equitativo a la prestación, eliminar el consentimiento paterno y reconocer la violencia obstétrica.
La Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo reconoce desde 2010 el derecho de la mujer a interrumpir voluntariamente la gestación en las primeras 14 semanas del embarazo y está recurrida desde entonces por el PP ante el Tribunal Constitucional, aunque todavía no hay respuesta.
Cuando gobernaron, los populares no derogaron la ley, pero impulsaron una reforma que exige el consentimiento paterno a las menores de 16 y 17 años que quieran abortar.
ELIMINAR EL CONSENTIMIENTO PATERNO
El departamento que dirige Irene Montero anunció el pasado octubre su intención de eliminar ese requisito y lo ha vuelto a reiterar recientemente en boca de la recién nombrada directora del Instituto de las Mujeres, Antonia Morillas.
"La modificación de la ley del aborto pretende reforzar el control de las mujeres sobre su propio cuerpo y el ejercicio del derecho a decidir sobre la maternidad", explica a Efe Morillas, que subraya como "prioritario" el devolverle a las jóvenes de 16 y 17 años la autonomía en esa decisión.
Además, la directora del Instituto de las Mujeres considera fundamental garantizar que el ejercicio de ese derecho se realice de una forma equitativa en todo el territorio a través del Sistema Nacional de Salud. "Que ninguna embarazada tenga que desplazarse a kilómetros de su residencia, pasar por procedimientos burocráticos más gravosos o recibir una asistencia o un trato deficientes".
ACABAR CON EL ACOSO DE GRUPOS ANTIABORTISTAS
Paralelamente, el Gobierno quiere acabar con el hostigamiento que sufren muchas de las mujeres que acuden a las clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo y que con frecuencia se encuentran con grupos antiabortistas.
Para ello, Igualdad apuesta por establecer zonas de seguridad en el entorno de estas clínicas que eviten las presiones de los autodenominados movimientos provida.
En esta medida se encontrarán probablemente con el PSOE, que a través de una proposición de ley ha pedido, además, que se modifique el código penal para penalizar el acoso a estas mujeres.
LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA Y LOS VIENTRES DE ALQUILER
Más allá del aborto, Igualdad apuesta por incluir en la ley dos formas de violencia contra las mujeres que hasta ahora no se han tratado como tal: la violencia obstétrica y la gestación subrogada.
A través de un título específico, la ley contemplará la violencia obstétrica como forma de violencia contra los derechos reproductivos de las mujeres y el derecho de la mujer a decidir tanto en el embarazo como en el parto, en línea con documentos de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud.
En el informe de la Relatora Especial de la ONU sobre Violencia Contra la Mujer se incluye una serie de prácticas que pueden considerarse una forma de violencia, como las episiotomías generalizadas (en España se practican al 89 % de las mujeres que dan a luz vía vaginal), el uso excesivo de cesáreas, de la oxitocina sintética o la práctica de la presión manual del fondo uterino.
Además, recomienda el consentimiento informado de la mujer en todas las cesáreas, episiotomías y "otros tratamientos invasivos" durante la atención al parto y que se garantice el derecho de la madre a estar acompañada por una persona de su elección durante el parto, además de permitir el parto en casa.
En cuanto a la gestación subrogada, Morillas recuerda que la legislación española ya considera nulo cualquier contrato en este sentido, pero incide en que hay que hacer efectiva esta norma, por lo que la ley reconocerá como un tipo de violencia "la explotación reproductiva del cuerpo femenino".
COLABORACIÓN CON OTROS MINISTERIOS Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Igualdad tendrá que colaborar con otros ministerios, como el de Justicia, para introducir cambios normativos, en los registros y en las notarias en las que se inscriben a los niños.
Y para abordar la reforma de la ley, trabajará conjuntamente con el ministerio de Sanidad, pero no sólo, ya que al ser una competencia transferida se abordará también con las comunidades autónomas.
El departamento que dirige Irene Montero -que confía en que la reforma salga adelante en esta legislatura- quiere organizar encuentros con los organismos de igualdad autonómicos y abrir el proceso al movimiento asociativo de mujeres y a colectivos profesionales.
