La figura del fiscal investigador que propone la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tiene mucha hemeroteca detrás. Es una vieja aspiración de los gobiernos de los últimos 16 años, frustrada en todas las ocasiones, que ahora afronta el enésimo intento por revolucionar el sistema procesal español.
Pese a que el anuncio de esta semana del titular de Justicia, Juan Carlos Campo, ha acaparado la atención mediática, el titular no es nuevo. Es una reforma recurrente en la hoja de ruta de los últimos ministros. Pero el tiempo es implacable con ella porque su dimensión implica un largo recorrido parlamentario y, así, unas veces disuade de su puesta en marcha y otras las acaba engullendo hasta hacerla desaparecer, por falta también de voluntad política.
Una reforma de tal calado exige tiempo para su debate y tramitación que, en ocasiones, puede no agotarse en una legislatura. Pero también más medios, como así reclaman los operadores jurídicos que sobre el terreno son conscientes de la envergadura del cambio, pero cuya demanda no se antoja fácil para los distintos ejecutivos, pese a que todas las partes a favor o en contra saben que es un sistema que está imperando en todos los países de nuestro entorno.
EL ÚLTIMO INTENTO SERIO FUE CON EL GOBIERNO DE RAJOY
Impulsada por el ministro Alberto Ruiz Gallardón, una comisión de expertos, liderada por el actual presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, elaboró un borrador de 707 artículos que llamaba a la nueva ley Código Procesal Penal.
"Que nadie tenga miedo y que nadie piense" que la propuesta de encargar a los fiscales la instrucción de los delitos significará "intervención política", advirtió ya en 2013 Gallardón, que sabía de el modelo no estaba exento de polémica por asociar la instrucción a la Fiscalía, cuyo máximo responsable lo nombra el Ejecutivo. Entonces era Eduardo Torres-Dulce, que la defendía porque permitiría a los fiscales "romper las amarras que le ataban al Gobierno".
Y, como ya venían advirtiendo todas las asociaciones años atrás, Gallardón reconoció que la plantilla fiscal no tenia capacidad para dar respuesta a la propuesta, ya que era "insuficiente". Hoy, se habla de que un cambio así exigiría duplicar y triplicar plantillas.
Pese a todo, su idea era presentar el anteproyecto en otoño, pero la idea cayó en el olvido y un año después Gallardón dimitió. Su sucesor, Rafael Catalá, desistió por falta de tiempo, pero en 2016, ya con una nueva legislatura por delante, fue más ambicioso.
"El tema ni es nuevo, ni sencillo, pero es verdad que la figura española del 'juez instructor' es un anacronismo en Europa, y existe consenso en que ese modelo debe sustituirse por el del 'fiscal investigador'", dijo Catalá. No hubo más. Desde entonces, la inestabilidad del Ejecutivo ha impedido recuperar esta cuestión.
UNA IDEA QUE SURGE CON RODRÍGUEZ ZAPATERO
Fue en 2004. El ministro Juan Fernando López Aguilar anunció que una de sus líneas estratégicas pasaba por convertir al fiscal en el "conductor de la investigación criminal" porque era una cuestión "demandada por los profesionales del Derecho y por los ciudadanos".
Su apuesta pasaba por crear una comisión formada por juristas a propuesta de los grupos parlamentarios, que redactara la norma para que fuera aprobada en 2008 y entrara en vigor en 2010, después de una moratoria de dos años. Vaticinaba así las complejidades en su tramitación y posterior ejecución en el sistema judicial.
Tres años después López Aguilar se marchó para aspirar a la presidencia de Canarias sin siquiera haber puesta en marcha la comisión redactora. Le sustituyó Mariano Bermejo, quien ya desde el primer día dejó claro que no iba a ser posible abordar la reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal en aquella legislatura.
EL ÚNICO ANTEPROYECTO APROBADO FUE EN 2011
Con la reelección de Zapatero en 2008, el Gobierno, ya con cuatro años por delante, retomó el proyecto, pero la salida de Bermejo un año después, por un escándalo de una cacería a la que acudió sin licencia, enterró la idea. Le sucedió Francisco Caamaño.
Éste veía imprescindible "conferir al Ministerio Fiscal aquellas funciones que por su naturaleza han de corresponderle, como ocurre ya en otros países del entorno".
Tanto es así, que él ha sido el único ministro hasta la fecha que llevó al Consejo de Ministros en julio de 2011 un anteproyecto, redactado con el apoyo de la Fiscalía, aunque su iniciativa fue casi testimonial. Una semana después, el Gobierno adelantó las elecciones, lo que enervó a las asociaciones porque denunciaron que la norma fue aprobada sabiendo que nacía con fecha de caducidad.
EL ENÉSIMO INTENTO
Por cierto, en aquel Ministerio que aprobó el anteproyecto estaba como secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo. Nueve años después, le ha correspondido a él culminar ese reforma con una propuesta que no es sino una actualización de aquel proyecto con el que se pretende reformar una norma que data del siglo XIX, objeto ya de 67 modificaciones, 49 desde que se aprobó la Constitución.
Una persona que trabajó en aquella reforma recuerda que "somos el último país que queda en el que el juez no se dedica a proteger los derechos fundamentales, sino a promover la investigación".
Pero Campo ya dispone de un borrador y su compromiso es llevar el anteproyecto al Consejo de Ministros en las próximas semanas, donde se quedó en 2011. Nunca se ha pasado de ahí.
