Veinte presos en las cárceles españolas por incendios forestales intencionados

Ocho están condenados por provocar incendios forestales, uno aún se encuentra en prisión provisional y el otro con medida de seguridad, es decir, en un centro penitenciario psiquiátrico
Fuegos estabilizados en Castilla y León y Tenerife, aunque preocupa El Teide, incendio, incendios, fuego, 
photo_camera Veinte presos en las cárceles españolas por incendios forestales intencionados

Los incendios forestales arrasan cada año miles de hectáreas en España, muchos de ellos intencionados. Las llamas se llevan por delante árboles o pasto, pero también pruebas que pueden ayudar a esclarecer su origen. Aun así, hay 20 presos, todos hombres, repartidos por varias cárceles del país, acusados de provocarlos.

Según fuentes penitenciarias, del total de reclusos, diez de ellos se encuentran internos en cárceles de la administración central. Ocho están condenados por provocar incendios forestales, uno aún se encuentra en prisión provisional y el otro con medida de seguridad, es decir, en un centro penitenciario psiquiátrico.

Mientras, en las cárceles de Cataluña, comunidad que tiene transferida la competencia en Prisiones, están recluidos por este delito cinco hombres, uno de ellos en prisión provisional.

En el caso de los cuatro incendiarios que ya han sido condenados y que cumplen penas de prisión en esa comunidad, el delito de incendio forestal está vinculado a un delito de asesinato u homicidio, ya que el fuego causó víctimas mortales.

Por su parte, las tres cárceles del País Vasco -comunidad que ha asumido recientemente las competencias en esta materia- no alberga a ningún condenado por incendio forestal.

No es fácil para las fuerzas de seguridad investigar un incendio de esas características. Se sabe, de todos modos, que el 60 por ciento de los más de 15.000 que cada año sufre España son intencionados.

¿El móvil? Pues hay de todo. Desde el que quema para aprovechamiento agrícola, hasta el que se la va la mano por una imprudencia pasando por el que disfruta contemplando el fuego, tiene un deseo irrefrenable de quemar e, incluso, las llamas llegan a excitarle sexualmente. Una patología muy excepcional del pirómano, que así es como hay que denominar a este tipo de incendiario.

ENTRE SEIS Y NUEVE MESES LA IMPRUDENCIA, CINCO AÑOS EL FUEGO INTENCIONADO

EFE ha analizado una veintena de sentencias sobre incendios forestales dictadas por tribunales de todo el país durante el último año y entre ellas predominan las condenas por incendios imprudentes: fuegos provocados al tirar cohetes, quemar un campo en barbecho o incluso tras prender una pequeña fogata para calentar un recipiente con agua.

La pena suele ser de entre seis y nueve meses de prisión, si bien el castigo se endurece en el caso de que el incendio se haya ocasionado en una zona de especial protección. La condena de cárcel siempre va acompañada de una multa, cuyo importe oscila entre los 3.600 y los 420 euros, según el caso.

Cuando se trata de fuegos intencionados, la pena se sitúa entre los tres y los cinco años, según haya o no dilaciones indebidas durante el procedimiento judicial.

La Audiencia de Cáceres aplicó esta atenuante a un hombre condenado a tres años que por usar un mechero, en agosto de 2016, para quemar un total de 179 hectáreas en un paraje de la localidad de Navalmoral de la Mata. Lo mismo le ocurrió al autor de hasta 28 fuegos en 2017 en A Coruña, condenado a tres años y tres meses.

Mayor castigo recibieron dos hombres condenados el pasado mes de marzo a cinco años de prisión por prender en 2020 varios fuegos en matorrales cerca de un camino, donde fueron vistos por un testigo.

Pero no siempre hay suficientes pruebas para una condena. Y así lo interpretó en mayo la Audiencia de Pontevedra, que absolvió a un hombre que había sido condenado a seis años de prisión por un delito de incendio por imprudencia grave.

No cuestiona el tribunal que él fuera el autor, e incluso que fuera negligente al quemar restos forestales en una finca, pero rechaza que se le pueda imputar una imprudencia de carácter penal porque había solicitado licencia para la quema, el riesgo de incendio ese día era moderado y, además de contar con una manguera, estaba acompañado de un vecino que podía ayudarle.

En abril, la Audiencia de Toledo también mantuvo la absolución de tres acusados al considerar que las pruebas reunidas no permitían confirmar que el incendio que arrasó casi 600 hectáreas de bosque y pastos en el término municipal de Valdeverdeja fuera causado por las chispas de una radial utilizada para colocar unas placas solares en una finca.

ESTE VERANO, MÁS DETENIDOS E INVESTIGADOS

Quizá, en unos meses, se dicte alguna sentencia para alguno de los detenidos e investigados por las fuerzas de seguridad este verano de 2022, un año que ya acumula 37 grandes incendios forestales (aquellos que afectan a al menos 500 hectáreas), cifra que multiplica por cuatro la media de los últimos 10 años, con más de 162.000 hectáreas calcinadas en total. Son datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) hasta el 31 de julio.

Un mes, el de julio, en el que se han producido varias detenciones por incendios, como las tres llevadas a cabo por los Mossos d' Esquadra, que, además, investigan a una menor.

Entre los arrestados por los agentes autonómicos figura un hombre al que un juez envió a prisión acusado de provocar en un mismo día tres incendios forestales en Corbera d'Ebre, Móra d'Ebre y Benissanet, en las Terres de l'Ebre.

A casi una veintena de personas investiga el Seprona de la Guardia Civil, que también ha detenido a alguna más, por ese mismo delito.

Entre ellas, las cinco investigadas como presuntas autoras de un incendio forestal por imprudencia grave por su participación en la realización de trabajos de reforestación que provocaron el fuego que afectó a nueve municipios de la provincia de Zaragoza, calcinando casi 14.000 hectáreas de monte y obligando al desalojo de 1.700 vecinos de cuatro localidades.

Y entre los detenidos se encuentra un hombre de 47 años por un incendio causado con su cosechadora en la comarca burgalesa de Sabinares de Ardanza, cuando trabajaba en horario no permitido por la Junta de Castilla y León. Más de 900 personas de varias localidades tuvieron que ser desalojadas por unas llamas que arrasaron 3.000 hectáreas.

Comentarios