El Pleno del CGPJ ha aprobado este miércoles por unanimidad el informe al anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI en el que se muestra crítico con algunos puntos de esta norma que, a su juicio, "contradice" el derecho de Igualdad de la Constitución.
Tal y como ha informado el propio órgano de gobierno de los jueces, en el Pleno se han aceptado "varias enmiendas" a la propuesta de informe que han realizado los vocales Ángeles Carmona, Clara Martínez de Careaga y Wenceslao Olea.
De este modo, se ha acordado proponer que se eleve a los 18 años el límite de edad para que una persona pueda solicitar por sí misma la rectificación de la mención registral relativa al sexo.
"De este modo, se extendería hasta la mayoría de edad el procedimiento previsto en el anteproyecto para los menores de entre 12 y 14 años, que requiere de aprobación judicial, previa tramitación de un expediente de jurisdicción voluntaria y la demostración de la madurez necesaria y de la voluntad estable de proceder a la rectificación registral del sexo", ha explicado el órgano judicial.
PIDE DARLE RANGO DE LEY ORGÁNICA
Del mismo modo, se ha aprobado por mayoría proponer que se valore la necesidad de que algunos de los preceptos del texto remitido por el prelegislador tengan rango de ley orgánica al ser su finalidad esencial desarrollar el principio de igualdad -recogido en el artículo 14 de la Constitución- en relación con las personas LGTBI y transexuales.
Además, en el texto se recoge la disconformidad del CGPJ con la prohibición de terapias de conversión que recoge el anteproyecto ya que considera que "no cabe la prohibición en aquellas situaciones en las que se cuenta con el consentimiento del afectado".
También se recomienda modificar la expresión "mujeres no transexuales" que figuraba en el apartado de la propuesta que se refería al riesgo de discriminación de aquellas personas no contempladas en el ámbito subjetivo de aplicación de la norma proyectada, y sustituirla por la palabra "mujeres".
VOTOS CONCURRENTES
El CGPJ también ha informado de que los vocales Juan Manuel Fernández, José Antonio Ballestero y José María Macías han anunciado además la formulación de un voto concurrente en relación con el ejercicio del derecho a la rectificación registral de la mención relativa al sexo, en el que señalan que la mera declaración de voluntad no puede ser por sí sola elemento suficiente para la efectividad del derecho a la rectificación registral, debiendo exigirse la acreditación -por los medios que el legislador estime proporcionados y oportunos- de la disconformidad con el sexo mencionado en la inscripción de nacimiento.
Por otra parte, los vocales Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, José María Macías y Nuria Díaz Abad han formulado otro voto concurrente en el que consideran que el anteproyecto afecta a derechos fundamentales como la libertad ideológica y religiosa (artículo 16 CE), la libertad de expresión (artículo 20 CE) y el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral con sus propias convicciones (artículo 27.3 CE).
El voto concurrente también cuestiona la definición de discriminación directa contenida en el anteproyecto, al estimar que no cumple los principios de legalidad penal y de seguridad jurídica en la medida en que incluye situaciones que no han llegado a producirse.
TRAMITACIÓN CON URGENCIA
Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado este miércoles que no ve "ninguna sorpresa" en el informe sobre el anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI redactado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y aprobado por unanimidad este miércoles en el Pleno del órgano judicial.
"El CGPJ emite su informe sobre la Ley Trans y LGTBI con tres meses de retraso. Ninguna sorpresa", ha señalado Montero a través de su cuenta oficial de Twitter.
En el mismo mensaje en sus redes sociales ha explicado que la "hoja de ruta" de su departamento en esta materia es "clara" y que esta es "tramitar con urgencia esta ley para que llegue al Congreso en este periodo de sesiones".
"Los derechos de las personas trans y LGTBI serán ley", ha concluido su mensaje la ministra de Igualdad.
Montero ya se había referido a este tema en declaraciones a los periodistas en Bruselas, donde se ha mantenido una reunión con el comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, antes de que se conociera la decisión final del CGPJ.
"Si me preguntas si me sorprendería que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se oponga y manifieste su oposición a una ley feminista, pues no, no me sorprendería. Lo que me sorprendería es lo contrario", ha explicado.
Montero ha indicado que "todas las aportaciones constructivas serán tenidas en cuenta" si bien ha recordado que "siempre se ha opuesto a todas las leyes feministas", entre las que ha mencionado la Ley del matrimonio igualitario o la Ley de violencia de género.
La titular de Igualdad ha apuntado a la responsabilidad del Gobierno para "blindar" y para "garantizar todos y cada uno de los derechos de las personas trans y las personas LGTBI" y en un paso más ha recordado que las función de las instituciones "es garantizar derechos y no cuestionarlos".
