Castilla-La Mancha figura entre las comunidades en las que se han registrado menos rupturas matrimoniales desde que hace 40 años se aprobó la primera ley del divorcio en España, con una tasa de disolución de 64 por cada 1.000 habitantes.
Así se desprende de los datos recopilados por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre separaciones, divorcios y procedimientos de nulidad matrimonial, que sitúan a Extremadura como la comunidad con una menor tasa de disolución de 56,6 por cada mil habitantes, mientras que la tasa media nacional es de 86,6 disoluciones por cada 1.000 habitantes.
Por comunidades, las que tienen una tasa mayor son Canarias (120,5), Baleares (109,2), Cataluña (100,7) y Madrid (93,2), mientras que en el otro extremo de la balanza están Extremadura (56,6), Castilla-León (59,6), Castilla-La Mancha (64) y Aragón (66,7).
En total, en España se registraron 3.658.530 procedimientos de separación y divorcio hasta finales del pasado año, tanto consensuados como no consensuados, y 4.754 de nulidad matrimonial, lo que eleva la cifra a un total de 3.663.284 expedientes.
Los datos ponen de manifiesto además como, a partir de 1983 y hasta 2005, el número de separaciones superó al de divorcios en cada ejercicio en el país.
La aprobación de la Ley 5/2005 invirtió la situación y, al simplificarse los trámites del proceso de divorcio, desde 2006 las separaciones se convirtieron en un procedimiento residual.
Así, de las 82.340 separaciones de 2004 se pasó a 55.640 de 2005 y a las 14.158 de 2006.
En esos mismos años, los divorcios pasaron de 52.591 en 2004 a 93.615 en 2005 y a 141.317 en el año 2006, cuando las separaciones se fueron convirtiendo progresivamente en un procedimiento residual.
El número total de procesos de disolución matrimonial por año, desde 1981, experimentó su máximo en 2006, pues desde 2007 “se aprecia una importante caída, posiblemente como consecuencia de la crisis económica”.
En 2010 los datos se estabilizan y, entre 2015 y 2019, se aprecia un nuevo descenso, aunque más suave.
La disminución en 2020 “puede atribuirse a la pandemia”, apuntan el CGPJ.
