Justicia creará tres nuevas unidades judiciales en CLM para evitar la saturación de juzgados

En concreto, las nuevas unidades judiciales en la región son el Juzgado de lo Social número 4 de Toledo, el Juzgado de lo Social número 2 de Cuenca y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 9 de Toledo
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, el pasado viernes en Barcelona
photo_camera El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en una imagen de archivo

El Ministerio de Justicia ha remitido este jueves al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la propuesta de creación de 3 nuevas unidades judiciales en Castilla-La Mancha para evitar que se saturen los juzgados por la ralentización estructural durante la pandemia por COVID-19.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, a través de un comunicado del Ministerio de Justicia, con esta medida se da cumplimiento, en menos de un mes, a la Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, para que algunas de estas unidades esté en marcha a finales de este año.

En concreto, las nuevas unidades judiciales en la región son el Juzgado de lo Social número 4 de Toledo, el Juzgado de lo Social número 2 de Cuenca y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 9 de Toledo.

El Ministerio dirigido por Juan Carlos Campo ha considerado que la ralentización sufrida en la Justicia exigía un impulso efectivo para dar una salida ágil al volumen de procedimientos suspendidos y acumulados desde que se decretó el estado de alarma.

Por ello, anunció el 7 de julio la aprobación de un Plan de actuación con medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID-19 y aliviar la acumulación de litigios derivada de la crisis sanitaria.

Este Plan se despliega en dos fases y afectará a un total de 315 juzgados, sobre todo a los órdenes de lo social, mercantil y contencioso-administrativo.

Asimismo, permitirá adecuar la planta judicial a las necesidades derivadas de la crisis en un plazo de tres años -un tercio de las plazas se crearán en el primer año- para atender así a las necesidades en cuanto a volumen de carga de trabajo, aumento por la ralentización y mejor optimización de los recursos.

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