lunes 22.07.2019

Junta y TSJCM sientan las bases de coordinación para la nueva Ley de discapacidad

“Esta ley permite otra solución para las familias, no solamente la tutela judicial, que también, sino que además ahora tendrán la oportunidad de que la Administración se comprometa a hacer un plan de futuro con las familias”, ha resaltado la consejera de Bienestar Social

La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez, durante el encuentro que ha mantenido con el presidente del TSJCM, Vicente Rouco
La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez, durante el encuentro que ha mantenido con el presidente del TSJCM, Vicente Rouco

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha trasladado al presidente del TSJCM, Vicente Rouco, el proyecto de ley de Protección y Apoyo Garantizado a Personas con Discapacidad para sentar las bases para la coordinación con el poder judicial de cara al desarrollo de la norma.

En declaraciones a los periodistas antes de reunirse con Rouco en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en Albacete, Sánchez ha resaltado la importancia del encuentro porque "la coordinación con el poder judicial es fundamental en el objeto de esta ley", tal y como ha indicado el Gobierno regional en un comunicado.

Una ley que ha recordado que "viene a dar respuesta a la pregunta de los padres y familiares" sobre qué va a ser de sus hijos cuando ellos no estén.

Sánchez ha expuesto que "ahora, esta ley permite otra solución para las familias, no solamente la tutela judicial, que también, sino que además ahora tendrán la oportunidad de que la Administración se comprometa a hacer un plan de futuro con las familias".

"Para dejar sobre el papel el compromiso de la Administración para el futuro de esas personas con discapacidad", ha aseverado Sánchez, quien ha apuntado que, "hasta ahora, tenían que recurrir a la tutela judicial exclusivamente".

Ha recordado que, en la actualidad, en Castilla-La Mancha, hay 1.200 personas con discapacidad tutelados por las seis fundaciones tutelares.

La consejera de Bienestar Social ha recalcado que Castilla-La Mancha es una comunidad pionera en la regulación de esta materia, "no solamente en el conjunto de España sino también en el conjunto internacional".

"Apenas hay algunos países que han dado este paso, que es sencillo, pero no se han atrevido", ha aseverado Sánchez, quien ha recordado que, a través de esta normativa, "las personas con discapacidad van a hacer un documento que va a quedar registrado en un registro regional de planes de futuro".

"Va a ser un compromiso del Gobierno regional, van a estar todas las consideraciones que las personas con discapacidad y las familias puedan hacer", ha añadido la consejera.

El presupuesto de la ley para 2018 es de 5 millones de euros, que permitirá la creación de 480 plazas de atención especializada y 85 para personas con enfermedad mental en toda Castilla-La Mancha.

La normativa está dirigida a más de 35.700 personas con discapacidad de Castilla-La Mancha, de las que el 20 por ciento son de la provincia de Albacete.

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