Junta regula la política de gestión documentos del sector público regional

El decreto, que entrará en vigor en 20 días, establece que la política de gestión de documentos se deberá aplicar a los documentos y expedientes durante todas las etapas de su ciclo vital, desde su inicio hasta su custodia definitiva, para garantizar su autenticidad, integridad, seguridad, confidencialidad, calidad, protección a largo plazo, recuperación, accesibilidad, consulta y trazabilidad

Junta regula la política de gestión documentos del sector público regional
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El Gobierno regional ha aprobado el decreto que regula la política de gestión de documentos del sector público de la Junta, que garantiza la gestión y la información administrativa, el derecho de acceso de las personas a documentos y la conservación del patrimonio documental.

El decreto, que entrará en vigor en 20 días, se ha publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y establece que la política de gestión de documentos se deberá aplicar a los documentos y expedientes durante todas las etapas de su ciclo vital, desde su inicio hasta su custodia definitiva.

De esta forma se garantiza su autenticidad, integridad, seguridad, confidencialidad, calidad, protección a largo plazo, recuperación, accesibilidad, consulta y trazabilidad, ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

La política de gestión de documentos se aplicará a la documentación generada, reunida y conservada por los órganos de gobierno y administración de la Junta, las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de la Junta, las empresas y fundaciones del sector público regional y las corporaciones de derecho público en la documentación producida en el ejercicio de competencias delegadas de carácter público.

La Escuela de Administración Regional planificará las acciones formativas necesarias para la formación y capacitación de los empleados públicos encargados de la gestión y ejecución de esta política.

El decreto fue uno de los asuntos que se trató en la Comisión de Administración Electrónica y Simplificación de Trámites Administrativos, que se ha celebrado esta semana bajo la presidencia de la viceconsejera de Administración Local y Coordinación Administrativa, Pilar Cuevas.

En el citado encuentro también se evaluó el Plan de Simplificación y Reducción de Cargas Administrativas para 2017, que consta de 43 procedimientos administrativos de los que se benefician anualmente más de 460.000 ciudadanos y cerca de 15.000 entidades, entre empresas, cooperativas, asociaciones y ayuntamientos, entre otros.

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