Junta reclama a Gómez-Ocaña un cobro indebido de prestación económica de Dependencia

La Administración regional reclama al Presidente de la Plataforma en Defensa de la Ley de la Depenencia de Castilla-La Mancha, José Luis Gómez-Ocaña, un cobro indebido de prestación económica de Dependencia que es incompatible con un complemento económico que le paga la Seguridad Social

Según la información a la que ha tenido acceso CLM24, la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha reclama al presidente de la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia en la región, José Luis Gomez Ocaña Perez, el cobro indebido de una prestación económica para el cuidado en el entorno familiar (PECEF), que le paga el Gobierno regional dentro del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que es incompatible con un complemento de asignación económica por hijo a cargo mayor de 18 años con grado de minusvalía igual o superior al 75 por cierto, que le paga la Seguridad Social.

La cantidad que se reclama por parte del Gobierno regional al presidente de la citada Plataforma se corresponde con el periodo de tiempo transcurrido entre 2015 y 2016. La cantidad cobrada indebidamente es superior a los 2.700 euros.

Durante ese tiempo José Luis Gómez Ocaña incumplió el deber de informar a la Administración de cualquier cambio de sus circunstancias que puedan afectar al derecho o a la intensidad de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar reconocida, en el plazo de 30 días desde que se produzca dicha variación. Tal como firmó en el compromiso de prestación de cuidados en el Sistema de Dependencia.

Se da la circunstancia de que José Luis Gómez-Ocaña es el presidente de la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha, por lo que conoce perfectamente esa obligación. Así lo reconoció públicamente en el programa de radio “Hoy por hoy, Toledo”, de la Cadena SER el 16 de noviembre de 2016, en donde llegó a manifestar que pidió en julio de 2016 la suspensión cautelar del expediente.

En el mismo programa, Gómez-Ocaña reconocía públicamente su perfecto conocimiento de que tanto la legislación nacional como la autonómica de Castilla-La Mancha declaran expresamente incompatibles ambas prestaciones económicas, cuyo cobro indebido le reclama la Administración regional de forma individualizada, como ciudadano que ha faltado a su deber de cumplir con  la legalidad vigente.

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