Junta firma un seguro para defender a los docentes que sufran insultos y agresiones

La póliza garantizará el asesoramiento, la asistencia en juicio, así como el pago de los gastos, tasas u honorarios profesionales, entre otros, a los que tenga que hacer frente un docente como consecuencia de su implicación en procedimientos judiciales, siempre que se trate de actos u omisiones realizados por él o contra él que constituyan un atentado contra la autoridad del profesorado

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La consejería de Educación, Cultura y Deportes ha firmado un seguro, en vigor desde este martes 1 de enero de 2019, para la defensa jurídica en juicios civiles y/o penales del personal docente de centros públicos no universitarios de Castilla-La Mancha que sean víctimas de insultos, amenazas o agresiones.

El seguro, suscrito con la firma 'Europe Assistance', refuerza el apoyo del Gobierno regional a los docentes que se puedan enfrentar a procesos derivados de conflictos como consecuencia de su labor y se suma a la decisión de autorizar al gabinete jurídico de la Junta a personarse como acusación particular en los procesos penales, ha informado la Consejería en nota de prensa.

En este sentido, el consejero del Área, Ángel Felpeto, ha señalado que, pese a que no son muchos los casos de insultos, amenazas o agresiones, "sólo con que haya uno que se produzca es rechazable y es necesario prestar todo el apoyo al profesorado afectado, porque la escuela es lugar de encuentro y nunca de conflictos".

Asimismo, ha indicado que estos casos tienen mucha trascendencia social y por tanto "la sociedad necesita visualizar con claridad que la Administración valora, respeta y defiende la autoridad y la función del profesorado", ha apostillado.

El objetivo de la nueva póliza de seguros será garantizar el asesoramiento y la asistencia en juicio, así como el pago de los gastos, tasas y honorarios profesionales a los que tenga que hacer frente un docente, siempre que se trate de actos u omisiones realizados por él o contra él que constituyan un atentado contra la autoridad del profesorado en el ejercicio de su actividad profesional.

De igual modo, garantizará los gastos de reclamación de daños y perjuicios que pueda exigir el profesorado contra terceros responsables por sucesos ocurridos en el desarrollo de sus funciones docentes.

Por todo ello, el asegurador asumirá, entre otras cuestiones, gastos derivados de la defensa jurídica del docente, como las tasas y costas judiciales, los honorarios de los abogados defensores, los gastos notariales o la constitución de las fianzas exigidas en casos penales.

De su lado, los asegurados tendrán derecho a elegir al procurador y abogado que hayan de representarle y defenderle en cualquier procedimiento aunque no pertenezca a la compañía aseguradora.

Hasta ahora, la asistencia jurídica a los docentes de la enseñanza pública la realizaba el gabinete jurídico de la Junta y en el caso de la concertada había ya una póliza que cubría la asistencia. 

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