El Gobierno regional y la Asociación de Centros de Idiomas de Castilla-La Mancha (ACICAM) han considerado la posibilidad de suscribir un convenio de colaboración, encaminado a la protección de los derechos de los consumidores en este ámbito educativo.
Las dos partes han considerado oportuno suscribir un convenio de colaboración, en el que se recojan todas las iniciativas en materia de consumo que puedan desarrollar la asociación y la Junta de Comunidades, según ha informado en una nota de prensa la Consejería de Sanidad.
En el convenio se contemplaría también el diseño y desarrollo de actividades informativas y divulgativas para un mejor conocimiento de los derechos que asisten a los consumidores con respecto de los requisitos que deben cumplir los centros de idiomas en la región, ha añadido.
La posibilidad de que se suscriba este convenio se ha tratado en una reunión que ha mantenido el director general de Salud Pública y Consumo de la Consejería de Sanidad, Manuel Tordera, con responsables de ACICM, que fue creada en 2015 en Albacete y cuenta con una treintena de academias de idiomas asociadas que, a su vez, forman parte de la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas.
Durante la reunión, han abordado unas jornadas que organizaron recientemente, así como el código de conducta que han elaborado para cumplimiento de sus centros asociados, cuyos compromisos van más allá de lo que la normativa vigente establece.
En este sentido, han planteado que una vez que se apruebe la futura Ley sobre los Derechos de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha, "convendría contemplar en su desarrollo una revisión y actualización del decreto regional que regula esta actividad en el ámbito de consumo".
Los participantes en la reunión han coincidido también en destacar la incidencia positiva que la aprobación de dicha ley podrá tener tanto para el sector como para las ciudadanía.
En ese sentido, han considerado particularmente interesante el enfoque que la nueva legislación plantea para la protección de los derechos de los consumidores en el marco de una regulación económica eficiente, que permita su garantía y ejercicio frente a prácticas irregulares de competencia desleal y de intrusismo profesional en la actividad relacionada con la enseñanza de idiomas.
Asimismo, se prevé en la aplicación del código de buenas prácticas al que se acoge esta asociación incorporar la adhesión de los centros asociados al sistema arbitral de consumo para una resolución extrajudicial amistosa de aquellos conflictos que se puedan presentar en esta materia.
