La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta ha acordado paralizar cautelarmente durante las próximas 72 horas las repatriaciones de menores extranjeros no acompañados mientras solicita información del procedimiento al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno.
Así lo ha explicado la vicepresidenta primera del gobierno de Ceuta, María Isabel Deu del Olmo, en la puerta del juzgado, donde ha acompañado a los cinco menores que solicitaron el "habeas corpus" para evitar esta mañana su repatriación a Marruecos, que finalmente no se llevará a cabo ante la suspensión cautelar del proceso.
No obstante, la jueza ha rechazado el "habeas corpus" al considerar que no cumplen con el requisito que establece el artículo 17.4 de la Constitución Española en la Ley Orgánica 6/1984 en la que se especifica que con esta figura jurídica “se intenta remediar rápidamente la detención ilegal de un ciudadano”.
Fuentes judiciales consultadas por EFE han reconocido que estos jóvenes no estaban siendo trasladados para su repatriación en calidad de detenidos, por lo que la figura del 'habeas corpus' en esta ocasión no tiene cabida.
Los cinco menores han regresado al pabellón polideportivo de Santa Amelia, de donde habían sido trasladados este lunes por la mañana hasta la frontera del Tarajal para su devolución.
Esta decisión se produce después del auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ceuta, que ha paralizado este lunes la repatriación de otros nueve menores al considerar que se ha cumplido con las normas y principios del derecho internacional y con lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Además, esta respuesta del juzgado ha llevado a la Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes, junto con la Fundación Raíces, a solicitar al Gobierno que paralice todas las repatriaciones que comenzaron el pasado viernes y afectan a parte de los centenares de menores que entraron en la ciudad autónoma el pasado mes de mayo durante la crisis migratoria.
Las asociaciones han recalcado que las devoluciones de entre 45 y 60 niños realizadas desde el pasado 13 de agosto son "ilegales", a la vez que han denunciado que estas actuaciones vulneran "sistemáticamente" los derechos de la infancia en situación de mayor vulnerabilidad.
CON TODAS LAS GARANTÍAS LEGALES
Sesenta menores que llegaron a Ceuta en mayo ya han sido devueltos a Marruecos con sus familias en un proceso de "retorno asistido" que el Ministerio del Interior defiende que respeta la ley y cumple con el principio del "interés superior del menor".
Tras el inicio el pasado viernes de las entregas de los primeros 15 menores, que han continuado el fin de semana y este lunes en grupos de otros 15, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska se ha referido por primera vez a este operativo que ha definido como de "retorno asistido y no de expulsión" ajustado a la ley, "coordinado" entre administraciones y de acuerdo con el interés superior del menor.
No obstante, las críticas no han cesado y las ONG continúan su batalla ante los tribunales. Este lunes, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha trasladado el caso a la Audiencia Nacional al que insta a paralizar los retornos porque se trata de una "deportación sumaria de menores migrantes" que ha vulnerado sus derechos fundamentales.
El titular de Interior insiste en que se trata de jóvenes "que quieren volver", que no tienen arraigo en España y que no son vulnerables y, que por tanto, el interés superior del menor se garantiza con el retorno a su entorno familiar, social y cultural.
De nuevo del polideportivo Santa Amelia de Ceuta, habilitado como alojamiento temporal de algunos de estos migrantes, han salido otros 15 menores escoltados por las policías Local y Nacional hacia la frontera de Marruecos.
Así, ya son 60 los menores que han abandonado la ciudad autónoma en los últimos 4 días en grupos de 15.
Marlaska ha reiterado que este proceso se realiza bajo el amparo de un acuerdo entre España y Marruecos de 2007 y a la Convención del niño que prioriza la reagrupación familiar, y después de que la Dirección de la Infancia de Ceuta, que desde mayo asumió la tutela de los jóvenes, haya estudiado pormenorizadamente cada caso y haya priorizado el interés superior del menor.
Una premisa que ha repetido en sus declaraciones en distintos medios de comunicación para responder a las críticas de varias ONG, el Defensor del Pueblo, la Fiscalía y de su socio de Gobierno, Unidas Podemos, a quien ha replicado que "todos" en el Ejecutivo trabajan "de forma conjunta" y con "la misma voluntad indefectible" de garantizar el interés superior de estos menores extranjeros no acompañados.
Su compañera de gabinete, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha insistido este lunes en que Marlaska no ha contactado con ella "por ningún medio y en ningún momento" a pesar de que el titular de Interior ha dicho que sí había tenido comunicación con ella y con su departamento.
Con estas explicaciones el ministro ha querido zanjar también las quejas sobre la falta de garantías de un proceso sin haber escuchado a los menores y sin haber analizado su situación personal.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado han explicado a Efe que el ministerio público está participando en los mecanismos de retorno de los menores a Marruecos iniciados el pasado viernes para que se cumpla la ley.
Mientras la Audiencia Nacional decide si tramita la denuncia de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, un juzgado de Ceuta rechazó este domingo la suspensión cautelar de las repatriaciones de los menores extranjeros solicitada por la Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes.
En el auto, al que ha tenido acceso la Agencia EFE, la jueza titular del Juzgado de Primera Instancia manifiesta que los menores, bajo la tutela de la ciudad autónoma de Ceuta, "han sido repatriados en la fecha comunicada al Ministerio Fiscal, tanto la del día de hoy como las llevadas a cabo al parecer en fechas anteriores".
