El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a petición del Ministerio de Justicia, el anteproyecto de Ley por el que se Regula el Procedimiento de Evaluación de la Edad y que supondrá un nuevo protocolo para "garantizar los derechos y dignidad" de las personas, y especialmente de los menores, que llegan al país prohibiendo "pruebas invasivas" como los "desnudos integrales", "pruebas ginecológicas" o "aquellas que pueda ser atentatorias contra la dignidad de los menores".
Así lo ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo la responsable de Justicia, Pilar Llop, quien apuntado que este nuevo procedimiento será, además, "más ágil", "simplificado" y con mayor "seguridad jurídica" para quienes tienen que pasar por él.
Otras de las novedades que supone esta norma, y que ha destacado Llop, es que elimina el "carácter administrativo" que hasta ahora tenía este proceso, para pasar a ser "exclusivamente judicial", o que limita a 25 días el plazo máximo para que se resuelva el procedimiento que, a partir de la aprobación de esta ley, culminará con una sentencia.
El procedimiento de determinación de edad, según ha apuntado Llop, podrá ser solicitado por el Ministerio Fiscal, por las entidades públicas encargadas de la protección de los menores o por la propia persona interesada "siempre asistida con su defensa jurídica". Esta última, según ha apuntado, se garantizará siempre de forma gratuita aunque la solicitante "tuviera recursos suficientes para litigar".
Además, la ministra ha señalado que esta ley dará a la determinación de la edad de las personas migrantes "efectos plenos en el ámbito público y privado", así como para el acceso a "recursos sociales y de la administración". En la actualidad, según ha apuntado Llop, estos efectos solo se desplegan en el ámbito de Extranjería o, en el caso de los menores, en materia jurisdicional. "Ahora será para todo", ha declarado.
La ministra ha explicado que en 2020 se registraron unas 5.000 diligencias preprocesales sobre determinación de edad. Sin embargo, Llop ha asegurado que este nuevo texto no incluye un "refuerzo" o "creación" de los juzgados, sino que se van a "atribuir competencias" a juzgados de menores o de familia, dependiendo del caso y, tal y como ha apuntando, teniendo en cuenta que existe la presunción de la minoría de edad.
Justicia ha informado de que este nuevo anteproyecto se ajusta a las recomendaciones efectuadas por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General del Estado o el Comité Económico y Social Europeo (CESE), entre otros organismos. Además, y tal y como ha apuntado Llop, se obligaba a regular desde la Ley de Violencia en la Infancia.
El Ministerio también señala que es una ley más garantista que la anterior, y responde a reclamaciones de diferentes organismos nacionales e internacionales.
LEYES DE EFICIENCIA
Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa y el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal que, según ha destacado la ministra de Justicia, suponen un impulso a los pilares del plan Justicia 2030 y constituyen un paso firme hacia un modelo "más eficiente, ágil y sostenible".
"Hoy tengo el gran honor de presentar ante ustedes este paquete de medidas", ha dicho Llop para luego destacar que ambos proyectos tendrán un "impacto directo" en la conexión de la ciudadanía con la Justicia. "Todos vamos a poder percibir estos cambios", ha dicho.
Llop ha explicado que la nueva Ley de Eficiencia Procesal introduce "el paradigma de la adecuación, de la eficiencia y la sostenibilidad del sistema" para que la Justicia funcione "como un motor de cohesión social". A su juicio, "contribuye a la calidad democrática y a aportar las soluciones más ajustadas y flexibles".
Sobre la Ley de Eficiencia Organizativa, ha defendido que se trata de una medida para que los ciudadanos ya no se sientan "solos" ante la Justicia. Según ha dicho, se acercará la Administración Pública al ciudadano y se eliminarán las "brechas" territoriales, sociales y tecnológicas a través de tres figuras fundamentales. En concreto, ha hecho referencia a los tribunales de instancia, la oficina judicial y las oficinas de Justicia en los municipios.
La ministra ha explicado que con esta nueva ley habrá un tribunal de instancia en cada partido judicial con sede en la capital. Así, se pretende simplificar el acceso de la ciudadanía a la Justicia, al haber solo un tribunal y no juzgados diferentes. Se espera, también, favorecer la especialización y dota de mayor flexibilidad a la planta judicial.
Asimismo, se completará el proceso de implantación de la oficina judicial en todo el territorio nacional. Según Llop, será una ventanilla de acceso único a la Justicia para la ciudadanía con la intención de mejorar el servicio a los usuarios y a los propios profesionales.
Además, se pretende favorecer el trabajo deslocalizado con la transformación digital, lo que --según ha destacado Llop-- permitirá reducir la huella ecológica.
En el marco de la rueda de prensa, Llop ha explicado también que con la nueva norma los juzgados de paz se transforman en oficinas de Justicia en los municipios con la intención de hacer frente a la despoblación en zonas rurales y acercar el servicio público a la ciudadanía.
La ministra ha precisado que en las oficinas de Justicia se podrán celebrar juicios telemáticos, diligencias judiciales o conexiones por videoconferencia con los colegios profesionales, entre otras diligencias administrativas.
En su integración con el nuevo modelo organizativo de tribunales de instancia y oficina judicial, las nuevas oficinas de Justicia en los municipios aprovecharán los recursos humanos que actualmente trabajan en los juzgados de paz, incrementando el personal en los casos que sea necesario y poniendo todos los instrumentos que brindan las nuevas tecnologías para ofrecer nuevos servicios.
Por su parte, según ha indicado la ministra, con la Ley de Eficiencia Procesal se pretende agilizar la actividad de la Justicia en términos estructurales, facilitar la cohesión social y contribuir a un sistema de Justicia más sostenible. Para ello, se apuesta por los medios adecuados de solución de controversias (MASC) y reforma las leyes procesales. Desde el Ministerio confían en que estos medios de solución reducirán la litigiosidad y la sobrecarga de los tribunales.
La norma establece un requisito de procedibilidad en los procedimientos civiles y mercantiles. En este sentido, se exige haber intentado una solución consensuada antes de interponer una demanda. Las partes podrán cumplir dicho requisito mediante la negociación directa, la opinión de un experto independiente, la conciliación, la mediación o una oferta vinculante confidencial.
También contempla la figura de los servicios de medios adecuados de resolución de conflictos para informar a la ciudadanía y operadores jurídicos sobre su naturaleza, contenido, efectos de su utilización y recursos existentes, así como auxiliar a los diferentes órganos judiciales respecto a la conveniencia de la derivación de un determinado caso a una actividad negociadora.
Así las cosas, Llop ha destacado que estos medios de solución de controversia van a permitir "garantizar mejor los derechos de la ciudadanía por vías menos costosas y que llevan menos tiempo". "Se trata de un cambio de la cultura del litigio hacia la cultura del acuerdo", ha dicho.
Este proyecto de ley regula también las medidas imprescindibles para la digitalización, adaptando la legislación española a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En este sentido, modifica la Ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, teniendo en cuenta que la regulación completa se desarrolla en el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia.
En relación a la modificación de las leyes procesales, la nueva norma introduce reformas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El objetivo es dotar de mayor agilidad en la tramitación de los procedimientos judiciales.
Así, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal introduce de forma generalizada el uso de las nuevas tecnologías, reforzando al mismo tiempo las garantías de su aplicación.
También se establecen medidas para adaptar el proceso a las necesidades actuales de conciliación de la vida familiar y personal, como la declaración de inhábiles a efectos procesales del 24 de diciembre al 6 de enero, ambos inclusive.
Contempla a su vez la interrupción de los plazos o la suspensión de los procedimientos, debiendo ser tenido en cuenta para nuevos señalamientos, por causas objetivas de fuerza mayor que afecten a los profesionales de la procura o abogacía, tales como nacimiento y cuidado de menor, enfermedad grave y accidente, fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad o baja laboral.
Con la reforma de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa se introducen mejoras técnicas en la regulación de falta de jurisdicción y de competencias, con el fin de evitar dilaciones innecesarias; se establece el deber de los funcionarios de relacionarse con la Administración de Justicia por medios telemáticos o electrónicos; se agiliza el procedimiento abreviado y se acortan los plazos de trámites intermedios.
