La Audiencia Nacional rechaza suspender las devoluciones de menores en Ceuta

- El ministerio del Interior se desmarca de la orden para el retorno de los menores a Marruecos.

- El presidente de Ceuta sostiene que la situación de los menores es "un problema de Estado".

- El defensor del Pueblo al Ministerio del Interior: las devoluciones de los menores no cumplen la ley.

- Unidas Podemos pide al Gobierno informes y criterios de la repatriación de los menores.

Un juzgado suspende las repatriaciones de 9 menores desde Ceuta a Marruecos
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La Audiencia Nacional ha rechazado suspender las devoluciones a Marruecos de los menores no acompañados que llevan en Ceuta desde mayo porque no se deducen violaciones de derechos, si bien se ha declarado competente para resolver el recurso de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado.

Esta asociación recurrió ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia por la "instrucción" de Interior que avala el regreso de menores no acompañados desde Ceuta a Marruecos que "estaban bajo la tutela del Estado español, incumpliendo la normativa tanto nacional como internacional", por lo que pidió la suspensión de los retornos.

La Audiencia pidió al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska que remitiera la comunicación que dirigió a la Delegación del Gobierno de Ceuta sobre su solicitud para aplicar el acuerdo de retorno de menores, lo que Interior ha hecho este miércoles.

En el escrito dirigido a la Sala, Interior responde que el texto que envío a Ceuta "se limita a poner de manifiesto que el Ministerio ruega se proceda a efectuar el retorno de los menores respetando sus intereses o derechos", si bien deja claro que la orden "no ha sido dictada" por Interior, por lo que pedía rechazar el recurso pues esta instancia judicial no sería la competente.

Pero en su auto, la Audiencia explica que el objeto del presente recurso es precisamente esta comunicación de 10 de agosto con el membrete de la Secretaría de Estado de Seguridad por el que se acuerda que se proceda a ejecutar las previsiones recogidas en el artículo 5 del Acuerdo entre España y Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y retorno concertado.

La Sala considera que el escrito, aunque "presenta defectos de forma", como la falta de firma así como "su escueta fundamentación", no impide al tribunal reconocer su competencia para conocer y resolver sobre la medida cautelarísima solicitada por la asociación.

Sin embargo, rechaza esta petición porque la solicitud debe plantearse en los procedimientos previstos y regulados detalladamente en la legislación española a los que remite el Acuerdo Hispano-Marroquí.

En base a esos procedimientos, "cabrá, en su caso, apreciar si existen las vulneraciones de derechos fundamentales denunciadas, e impugnar, planteando las solicitudes cautelares que se consideren oportunas, bien su resolución, bien la ausencia de tales procedimientos, ante los órganos de esta jurisdicción que sean competentes que ya tienen conocimiento de alguno de estos recursos".

En consecuencia, y sin prejuzgar el fondo del recurso, la Sala rechaza acordar la suspensión cautelar al considerar que no se deducen las violaciones de derechos denunciadas en relación con el acto objeto del presente recurso.

INTERIOR SE DESMARCA DE LA ORDEN

El Ministerio del Interior se ha desmarcado este miércoles de la decisión de retornar a Marruecos a los menores que llegaron a Ceuta en mayo al argumentar que desde el departamento no se dio ninguna orden ni instrucción para emprender las devoluciones que asumió el gobierno ceutí el pasado viernes.

Si hace veinticuatro horas tanto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, defendían a una la legalidad del proceso del retorno una vez que un juzgado de la ciudad autónoma ya había paralizado las repatriaciones, este miércoles Interior ha insistido en que el departamento no ha dictado ninguna orden.

Así lo ha dejado por escrito en su respuesta a la Audiencia Nacional, que le requirió el supuesto documento por el que se ejecutaban las repatriaciones de menores.

En su contestación al tribunal, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, sostiene que "no existe acto o instrucción del Ministerio del Interior que pueda ser recurrido ante la Audiencia Nacional".

Y explica que solo envió el 10 de agosto a la Delegación del Gobierno de Ceuta una comunicación que "se limita a poner de manifiesto que el ministro del Interior ruega se proceda a efectuar el retorno de los menores respetando sus intereses o derechos".

Por esta razón, y al no existir una orden, Interior defiende que el recurso que tramita la sala de lo Contencioso-Administrativo presentado por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado debe ser rechazado por la Audiencia, ya que esta instancia judicial no sería la competente.

Subraya que los acuerdos de retorno de menores están siendo enjuiciados por un juzgado de Ceuta, que ha sido el que ha acordado como medida cautelar la suspensión de las devoluciones durante tres días.

A la espera de que esta instancia judicial decida si paraliza de forma definitiva las repatriaciones de menores no acompañados desde la ciudad autónoma a Marruecos, el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha vuelto a defender el retorno por ser "lo adecuado para atender a la situación excepcional y de emergencia" que vive Ceuta.

Vivas ha reiterado que se ha actuado "conjuntamente y de manera coordinada con Interior para activar un instrumento legal", en referencia al acuerdo con Marruecos de 2007 para la repatriación de menores no acompañados.

Preguntado por la posibilidad de que desde el Gobierno o el ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska se delegue toda la responsabilidad de la actuación en el Ejecutivo de la ciudad, Vivas ha respondido, en declaraciones a la cadena COPE, que espera "que eso no ocurra" porque el proceso se está desarrollando "de manera conjunta". "Es un problema de Estado".

Por otra parte, cuestionado sobre si existen los correspondientes expedientes para cada menor o se han documentado los tratamientos individualizados, el presidente de Ceuta ha señalado que "ese detalle" no lo conoce, aunque ha asegurado que "los menores han estado debidamente atendidos" por "personal cualificado".

Sí explicó en rueda de prensa este martes que el criterio que ha definido qué niños serían repatriados ha sido el perfil de vulnerabilidad establecido por los técnicos de la Fundación Samu, responsable del dispositivo de acogida, y admitió que su interpretación del convenio "no establece la obligatoriedad de las entrevistas individuales".

Esta cuestión, la participación del menor en el proceso de retorno a Marruecos, es la clave sobre la que ponen el acento las ONG para denunciar la ilegalidad del proceso al incumplirse preceptos de la Ley de Extranjería.

La norma reconoce a los mayores de 16 y menores de 18 años su capacidad para actuar en el procedimiento de repatriación y también a los menores de 16 años si "tienen juicio suficiente". En este caso, "si manifiestan voluntad contraria a la de quien ostenta su tutela o representación, se suspenderá el curso del procedimiento, hasta el nombramiento del defensor judicial que les represente".

Según la ley, y siempre de acuerdo con el interés superior del niño, se escucha al menor si tiene suficiente juicio y, previo informe de los servicios de protección de menores y de Fiscalía, "la Administración del Estado resolverá lo que proceda sobre el retorno a su país de origen, a aquel donde se encontrasen sus familiares o, en su defecto, sobre su permanencia en España".

"LAS DEVOLUCIONES NO CUMPLEN LA LEY"

Por su parte, el defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández-Marugán, considera que las devoluciones de menores desde Ceuta a Marruecos iniciadas el pasado vienes "no cumplen los requisitos legalmente establecidos" y explica a Interior que no hay dudas sobre el procedimiento que se ha de seguir.

Así lo expone el Defensor en el "recordatorio de deber legal" dirigido al Ministerio Interior cuando tuvo conocimiento del inicio el pasado viernes de las repatriaciones de los menores a Marruecos, en el que pidió el cese inmediato de ese procedimiento y que no ha recibido por el momento ninguna respuesta del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

"Preocupa muy especialmente el incumplimiento de la obligación de escuchar al menor, y la ausencia de informe previo de los servicios de protección de menores y del ministerio fiscal", indica Fernández-Marugán en su escrito, al que tuvo acceso Efe, para el que no existe ninguna duda de que la norma que hay que aplicar es la ley de Extranjería y su Reglamento.

Recuerda que el Acuerdo de España y Marruecos de 2007 sobre retorno concertado de menores migrantes exige "que la situación de los menores no acompañados se gestione con el estricto respeto de la legislación nacional respectiva, de las normas y principios del Derecho internacional".

"La legislación aplicable, en el caso del Reino de España, además de la Convención de los Derechos del niño y toda la normativa de protección de menores, se encuentra recogida en el artículo 35.5 -de la Ley de Extranjería-, así como en su reglamento de 2011", añade.

El Defensor del Pueblo expone a Interior que desde hace años viene mostrado su preocupación "por las devoluciones sin garantías de menores extranjeros no acompañados", aunque tras la entrada en vigor del citado reglamento "y la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional (STC 183/2008 y 184/2008, de 22 de diciembre) no existe duda alguna respecto al procedimiento que se ha de seguir".

"A la vista de las actuaciones realizadas, esta institución está en condiciones de afirmar que el procedimiento seguido para devolver a Marruecos a un grupo de menores, cuyo número se desconoce, no cumple con los requisitos legalmente establecidos", señaló el defensor en su comunicación el día en que comenzaron las devoluciones.

Por ello, la institución recuerda a Interior el deber legal de dar cumplimiento a la ley de Extranjería, "solicitando informe sobre las circunstancias familiares del menor a la representación diplomática del país de origen, con carácter previo a la decisión relativa a la iniciación de un procedimiento sobre su repatriación".

"Asimismo, acordada la iniciación del procedimiento, tras haber oído al menor si tuviese suficiente juicio, y previo informe de los servicios de protección de menores y del ministerio fiscal, la Administración del Estado resolverá lo que proceda sobre el retorno a su país de origen, a aquel donde se encontrasen sus familiares o, en su defecto, sobre su permanencia en España", concluye el Defensor.

INFORMES Y CRITERIOS

De su lado, el grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso ha solicitado este miércoles al Gobierno que informe del número de menores de edad repatriados a Marruecos y de los criterios seguidos para su devolución, en lo que supone un paso más en la presión de Unidas Podemos al PSOE para frenar el proceso.

Unidas Podemos ha registrado esta solicitud de información en el Congreso, que no dirige al Ministerio del Interior en particular sino a la Administración General del Estado, con la que pretende que prevalezca "el interés superior del menor ante cualquier lógica entre estados", según ha expuesto en Twitter el diputado Ismael Cortés, que firma la petición junto a la portavoz adjunta, Sofía Castañón.

En concreto, Unidas Podemos reclama información sobre los menores repatriados a Marruecos durante el año 2021 desglosada por meses, rangos de edad y sexo así como el número de casos de deportación en los que ha habido informes de la Fiscalía y de la Administración titular de la guardia y custodia de los menores.

Además, el grupo parlamentario quiere un informe de cumplimiento de las resoluciones del artículo 191 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y conocer los criterios y listados de las personas que iban a ser repatriadas y los informes posteriores a la deportación de los menores de instituciones marroquíes.

La devolución a Marruecos de los menores que llegaron en mayo a Ceuta ha acrecentado las tensiones en el Gobierno de coalición, en el que Unidas Podemos no ha ocultado los reproches al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la propia vicepresidenta Yolanda Díaz ha intervenido para pedir al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que frene las repatriaciones.

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